En el año 2011 el Congreso aprobó un proyecto de ley para traspasar de la justicia nacional a la porteña una serie de delitos entre los que se encuentran aquellos cometidos contra la administración pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por funcionarios públicos. Si bien esta ley aún no se encuentra vigente debido a que la Legislatura no dio tratamiento al expediente para su aprobación (lo que demora la transferencia de los nuevos delitos a la Justicia de la Ciudad está vinculada al traspaso de los recursos por un lado, y a la postura de algunos legisladores que sostienen que una ley del Congreso no debe ser tratada como un convenio de transferencia que requiere la aprobación del Parlamento local sino una promulgación o regulación del Ejecutivo porteño), un legislador del PRO presentó días atrás un proyecto para que, en cuanto sean aceptadas estos nuevos delitos, sean juzgados de forma novedosa. De acuerdo a la iniciativa presentada por Helio Rebot, los funcionarios públicos acusados por delitos contra la administración deberían ser juzgados por un jurado de ciudadanos porteños.
El proyecto impulsado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad plantea que los funcionarios enfrenten en la justicia Penal, Contravencional y de Faltas un juicio por jurado que se conformará por un tribunal integrado por 7 vecinos de la Ciudad mayores de 25 años y menores de 70 y con educación secundaria, quedando excluídos funcionarios de cualquier jurisdicción, eclesiásticos de cualquier culto, abogados, escribanos y procuradores, quienes ocupen cargos partidarios y quienes cuenten con antecedentes penales.
En el proyecto, si bien se señala que los miembros de los jurados deberán brindar ese servicio ad honorem, aclara que en los casos en los que el juicio dure más de dos días y la persona no se encuentre en relación de dependencia recibirá 200 pesos por cada día que se extienda el juicio (en casos de personas bajo relación de dependencia empleador deberá tomar como falta justificada y pagar los días no trabajados).
De prosperar la iniciativa, será el Tribunal Superior de Justicia o un órgano que se cree para tal fin, el que deberá formar un padrón con los posibles candidatos a jurados, entre los que se sortearán los miembros los cuales podrán ser recusados con y sin causa. En el caso que “la persona convocada para integrar un jurado que no cumpliere con la obligación de concurrir a la citación para aceptar el cargo, -de integrar el jurado hasta la finalización del juicio-, será sancionada por el tribunal con multa de hasta diez (10) veces el sueldo básico de un juez del Tribunal Superior proporcional a dos (2) días de trabajo”.
Bajo este sistema podrían llegar a ser juzgados los funcionarios porteños imputados por “atentado y resistencia contra la autoridad; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; o por enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
“El debate será dirigido por el Juez, quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía y disciplina de la audiencia previstas en este código. Toda la prueba deberá ser producida durante la audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer valer la realizada en la etapa preparatoria del juicio, salvo que existiere una imposibilidad de hecho para su reproducción, con la decisión unánime del jurado”, expresa el proyecto.
“Terminado el debate, el jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua. En el mismo momento, el juez instruirá a los jurados sobre las normas que rigen la deliberación. Los jurados elegirán a su presidente y, bajo su dirección, analizarán los hechos expuestos. El veredicto de culpabilidad necesitará de cinco votos y el de no culpabilidad requerirá de cuatro votos. La sesión terminará cuando se consiga un veredicto”, explica, aclarando que en el caso de no llegar a un acuerdo mayoritario, se reintentará 3 veces lograr el veredicto, y de no conseguirse “se absolverá al acusado”.
En caso de culpabilidad, sentencia quedará en manos del juez.
“Se trata de desacralizar el procedimiento penal actuado solo por técnicos y convertir al sistema judicial de la Ciudad en un sistema que permita al ciudadano común tener cada vez más conciencia cívica, entendiendo que es lo que está mal y que es lo que está bien. Conocer sus derechos es la mejor forma de comenzar a escribir un nuevo capitulo en relación con la transparencia del sistema de administración de justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, resalta Rebot en los fundamentos de su proyecto, subrayando que lograr el juicio por jurados en la justicia porteña “no es solo una cuestión de cambio en la forma de administrar justicia, sino que es una estructura necesaria de un sistema que se encuentre lejos de las presiones políticas y que nuevamente genere en los ciudadanos la confianza en su sistema judicial”.
fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=e2f156d1731a1eeb48b3eb6356c64d6a
