La Veeduría Internacional (VI) a la reforma judicial no halló justificación legal ni técnica que explique las notas que recibieron seis jueces de la Corte Nacional de Justicia, posesionados el 26 de enero. Estos datos aparecen en el último informe que levantó la VI. En el documento de 102 páginas, 14 hojas se dedican para detallar cómo fueron calificados los jueces Lucy Blacio, Wilson Merino, Wilson Andino, Paúl Íñiguez y Ximena Vintimilla. Sobre la fase de méritos “la puntuación y calificación, no se hizo correctamente”, señaló la Veeduría. Y se explica que esta conclusión surgió luego de las entrevistas que entre el 7 y 9 de mayo pasados, los integrantes de la VI sostuvieron con el Comité de Expertos encargados de calificar a los aspirantes al alto Tribunal. El informe también cuestiona los puntajes que la Judicatura de Transición otorgó en la audiencia oral, valorada en 10 puntos. En el caso de Wilson Andino, hermano del asambleísta de Alianza País Mauro Andino, se dice que luego de la audiencia final en la que recibió 8,5 puntos, subió del puesto 33 al 18. Un caso similar se produjo con Blacio, ex fiscal y secretaria técnica de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana. Antes de la audiencia oral logró 76,77 puntos sobre 90. Su puntaje la ubicó en el puesto 45. En la prueba final recibió 10 puntos y escaló 17 ubicaciones. En la mañana, en su despacho se aseguró que la funcionaria no se pronunciará del caso. Esta última prueba se trató de una entrevista con Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, quienes integran la Judicatura de Transición, ente encargado de integrar la actual CNJ. En el caso de la jueza Yolanda Yupangui antes de la prueba oral se ubicaba en el puesto 12, una de las mujeres mejor puntuadas, pero tras la última prueba en la que fue calificada con 1,33 sobre 10 bajó hasta el cupo 31. “Revisados los archivos de audio y video de las audiencias públicas, la Veeduría Internacional no ha podido establecer cuáles fueron los criterios en los que se basó cada vocal del Consejo de la Judicatura para asignar dichas calificaciones a las postulantes”, se dice en la página 48 del informe. Por eso, el equipo internacional recomendó que la Corte Nacional de Justicia se pronuncie sobre la legitimidad del proceso. Además que “establezca las consecuencias del mismo; fije los parámetros en los cuales debe realizarse, y garantice el derecho al recurso a quienes resultaren perjudicados”, sostuvo Garzón tras la entrega del documento. Ayer, Carlos Ramírez, presidente de la CNJ, no se pronunció y dijo que solo lo hará cuando las recomendación se conozca en el Pleno del organismo y “exista un pronunciamiento de todos quienes hacemos el máximo organismo de justicia del país”. ¿Hay alguna fecha para esa sesión? “No conozco”, agregó y abandonó el auditorio de la Corte en donde se realizó un encuentro de jueces de corte provincial. El juez Wilson Merino, uno de los que sentenció el caso El Universo, también fue nombrado por haber recibido 10 puntos por su experiencia laboral. Según el informe de la Veeduría, no acreditó el ejercicio profesional con copias de demandas, contestaciones, alegatos o sentencias en las que haya sido abogado patrocinador como establecía el Reglamento. Lo único que envió fue una certificación del Colegio de Abogados del Azuay y un certificado del RUC, se dice en el documento. Este Diario buscó la versión del juez, pero en su oficina se dijo que estaba en un seminario en Guayaquil y que lo buscara el lunes. Arias tampoco se pronunció. Pasado el mediodía de ayer aseguró que no hablará del tema y que hasta ese momento no había leído el documento de Garzón. En la sesión en la que se difundió el contenido de este informe estuvo presente el Presidente de la Judicatura. Su discurso de 15 minutos inició con un recuento del mandato popular que permitió hacer una reforma judicial en 18 meses. Dijo que “por primera vez en la historia se hizo un concurso público y transparente para designar a los 21 jueces…”. Además, que “por primera vez en la historia una mujer indígena es jueza en la Corte Nacional”. Mariana Yumbay se postuló en el concurso para jueza cuando tenía 10 años y seis meses en el ejercicio profesional. En el artículo 32 de esa normativa se determina que los candidatos recibirán dos puntos por cada año adicional completo, contado a partir del décimo año de ejercicio, hasta un máximo de 10 puntos. Sin embargo, su experiencia “no le hacía merecedora de los seis puntos que le fueron otorgados”, detalla el informe sobre su caso. Tras conocer el pronunciamiento de la VI, Andrés Páez, asambleísta que denunció estos hechos y que fuera entrevistado por el ex juez español, se mostró satisfecho por que sus pronunciamiento sí fueron recogidos y que denunciará a los vocales del Consejo de la Judicatura. Corte con  ‘falencias’ Sobre la audiencia oral,  la VI aseguró que esta “presenta riesgos innecesarios que podrían afectar a la transparencia y pureza de todo el proceso”.   Para la Veeduría los criterios cómo se calificaron “pueden contribuir  a que las decisiones se tornen en arbitrarias y sin ningún tipo de control”.   Durante  la entrega  del informe final, Paulo Rodríguez dijo que la designación de la Corte Nacional de Justicia “hace que el país vuelva a creer en la administración de Justicia”. De forma general, el equipo internacional aseguró que la selección de los jueces de la Corte “presenta algunas falencias”.

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