Mediante un hábeas corpus correctivo, un preso federal pidió que cese esa práctica, lo que generó posturas contrapuestas en la Justicia. En Córdoba hubo críticas cuando se conoció que a los represores de la megacausa de La Perla no se les impone su uso.
Los acusados de la megacausa de La Perla, que se sustancia en los tribunales federales de Córdoba, son trasladados por el Servicio Penitenciario hasta la sala de audiencias donde se desarrolla el debate sin esposas.
La noticia generó polémica días atrás cuando dos reporteros gráficos fueron agredidos verbalmente por los acusados cuando los fotografiaban bajándose del vehículo sin ningún tipo de medida de seguridad.
Lo ocurrido semanas atrás dejó en claro que el Servicio Penitenciario no cumplía con la normativa vigente y generó debate en el ámbito judicial, que ya ha tenido que pronunciarse respecto a la conveniencia de esposar a los detenidos cuando son trasladados a los tribunales.
Tiempo atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones se pronunció a favor de un habeas corpus correctivo presentado por un preso federal que planteó los riesgos que implica para los detenidos el uso de esta metodología.
Al hacer lugar a la acción de que aquellas prácticas en efecto constituyen un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, la jueza de Instrucción, primero, y la Cámara de Apelaciones, más tarde, dispusieron que las autoridades carcelarias trabajaran en el relevamiento de la situación juntamente con organismos especializados y que, en función de las conclusiones obtenidas, capacitaran al personal penitenciario e instrumentaran los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad tanto del denunciante como de los demás internos del complejo.
El fallo fue revocado luego por la Cámara Nacional de Casación Penal, que entendió que la Justicia no tenía facultad para intervenir en las políticas de seguridad penitenciaria.
Tal decisión motivó una nueva apelación y la cuestión debe ser ahora evaluada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Sobre el caso ya se pronunció la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien recientemente emitió un dictamen favorable, al que accedió Comercio y Justicia.
A criterio de la jefa de fiscales, la Justicia debe intervenir en las políticas de seguridad intracarcelaria en la medida en que ello sea necesario para rectificar el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de una o más personas privadas de su libertad.
“A esa doctrina, entiendo, subyace el principio de que e! Poder Judicial, como poder de Estado, no puede permanecer indiferente frente a una situación carcelaria en la que los derechos humanos de las personas privadas de su libertad son reiteradamente violados”, expresó en los fundamentos de su dictamen.
http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/04/23/genera-polemica-el-traslado-de-detenidos-esposados/
