«No necesitamos una policía judicial. Sólo coordinar con la policía cómo vamos a investigar los delitos», dijo José Gerez, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
La inminente puesta en marcha de la reforma procesal en esa provincia –en enero próximo– sumó expectativa a su exposición. Gerez enfatizó que «hablamos de conflictos penales en lugar de delitos, y la pena es el último recurso, lo que no es fácil puesto que tenemos formación litigante». Destacó que la mediación penal, la conciliación y los criterios de oportunidad serán vías alternativas; las ventajas de que todo sea resuelto en audiencia por el juez, garantizando la publicidad, la celeridad y la inmediatez; el cambio de una estructura vertical a una horizontal –el Colegio de Jueces–; y la Oficina Judicial que despoja al juez de tarea administrativa.
Defendió el juicio por jurados, previsto en Neuquén para hechos graves, aunque dijo que requerirá capacitación de los defensores y del fiscal, ya que «ahora, es habitual que en el fallo el juez repare la falencia de los alegatos».
En cuanto al «plazo razonable» de duración de un proceso, admitió que es controversial, pero que se optó por fijarlo en tres años para causas comunes, y un año más para hechos complejos.
Enfatizó que «se requiere la convergencia intencional de los tres poderes del Estado», porque –dijo– «mucha resistencia al cambio aparece por la vía presupuestaria», al negarse recursos.
Durante dos años, el Poder Judicial armó cinco comisiones: tres se dedicaron a elaborar las leyes complementarias del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del fuero Penal; una se ocupó de la readecuación del espacio físico y la tercera, de armonizar la ley de la Policía con el nuevo código.
En especial, ponderó que «el nuevo modelo, al estar más cerca de la gente, hace que los actores judiciales estén más motivados para resolver el conflicto».
Explicó el «censo de interés» que buscó reubicar empleados según sus preferencias personales. «Se hizo coaching, se determinaron objetivos personales, grupales e institucionales y se trabajó la comunicación pública».
«Hay más fiscales en el diario y en la radio, estamos comunicando más», afirmó, para concluir que «los fiscales deben estar en la calle, es decir, atentos a la ciudadanía».
«Rápidos y justos»
La vocal del STJ rionegrino, Adriana Zaratiegui, afirmó que «es un imperativo constitucional la reforma Procesal Penal», para evitar los vicios de «un sistema penal selectivo» que llena las cárceles «de pobres, de escasos de instrucción, de adictos. Con la reforma, los fiscales tendrán soluciones en sus manos para cambiar la realidad», dijo.
Se manifestó personalmente convencida de la reforma y de su urgencia. «Es necesario garantizar tres principios incluidos en la Constitución: la imparcialidad del juzgador, la libertad del imputado durante el proceso y el derecho al recurso».
En cuanto a qué cambiar, priorizó la investigación. «La gran proveedora de casos es la Policía, y llegamos al juicio con la flagrancia, sin investigar casi nada, por eso tantos juicios abreviados».
Opinó que «será necesario un cambio presupuestario, pero sobre todo un cambio de gestión, cultural», para no trasladar prácticas inquisitivas al nuevo modelo y que no fracasen las audiencias.
Resumió los cambios en: la separación entre el juez y la acusación; la oralidad: todo se resuelve en audiencias lo que aporta celeridad, pone al juez frente a las partes y garantiza publicidad»; con la Oficina Judicial los jueces no harán tarea administrativa; el delito es tratado como conflicto social; y se garantiza el papel de la víctima y su protección.
Por último, dijo que «el bloque de constitucionalidad incorporado en 1994 restringe la zona de reserva de las provincias para legislar en materia procesal, ya que fija un piso mínimo». Instó a los jueces y fiscales a trabajar teniendo en su escritorio el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Políticos y Civiles. «La gente –concluyó– nos pide que seamos más rápidos y que seamos justos».
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