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La procuradora general de la Nación creó un Equipo de Diagnóstico e Implementación para la Transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) a la órbita del Ministerio Público Fiscal y puso en funciones a una Comisión Asesora que supervisará ese proceso, de acuerdo con la reforma a la ley de Inteligencia Nacional sancionada por el Congreso el pasado 5 de marzo.
Esta reforma creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), removió de la órbita de ese organismo a la antigua Dirección de Observaciones Judiciales y definió su traspaso al ámbito del MPF, como un órgano destinado a brindar apoyo a las investigaciones judiciales en toda medida vinculada a la interceptación de telecomunicaciones.
En la resolución PGN N°838/15, firmada en el día de hoy, Alejandra Gils Carbó subrayó que la «premisa fundamental» debe ser garantizar «gestión eficiente, transparente y que resguarde derechos y garantías» y ordenó la elaboración de protocolos que sistematicen el funcionamiento de la repartición.
El Equipo de Diagnóstico, dirigido por la funcionaria de la Procuración General Romina Ronda, será el encargado de realizar las tareas de análisis y relevamiento y deberá enviar informes periódicos a la Procuradora. En tanto, la Comisión Asesora estará integrada por el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín; el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Léon Carlos Arslanián; el especialista en derecho procesal y reforma judicial Alberto Binder y el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la PGN, Félix Crous y coordinada por Ronda.
La Comisión Asesora se reunió por primera vez en la tarde de ayer, en un encuentro del que participó también la procuradora general. Los expertos acordaron los primeros puntos de la agenda de trabajo vinculada al traspaso del organismo. Entre otras cuestiones, se acordó la realización de un diagnóstico exhaustivo del estado actual de la DOJ, el análisis de las posibilidades de implementar mejoras tecnológicas para satisfacer la demanda judicial proveniente de todo el país y la elaboración de un primer conjunto de protocolos que brinden transparencia y eficacia al trabajo del organismo.
En este sentido, la resolución encomendó al Equipo de Diagnóstico realizar un «análisis patrimonial, de estructura y de equipamiento de la DOJ» , en conjunto con las actuales autoridades a cargo del organismo y en el plazo previsto por la ley para el traspaso. Además, el equipo deberá asegurar «el relevamiento de circuitos y protocolos vigentes»; confeccionar y poner en marcha de «un plan de seguridad de la sede y de la información de la DOJ» y establecer las «articulaciones necesarias con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los Ministerios de Seguridad, Justicia, poderes judiciales tanto nacional como federal y los de las provincias, así como también los Ministerios Públicos provinciales, las empresas prestatarias de servicios de comunicaciones y toda otra institución pública o privada que pueda concurrir al adecuado desarrollo de sus funciones».
De acuerdo con las reformas introducidas por el Congreso a la ley 25.520 en marzo pasado, la Dirección de Observaciones Judiciales constituye el «único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente
