A través de la resolución PGN N°898/15, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó una comisión de fiscales para estudiar y analizar el fenómeno del robo de teléfonos celulares y su posterior comercialización. La medida busca dotar al Ministerio Público Fiscal de estructuras que permitan efectuar una política criminal planificada y estratégica. Esta modalidad delictiva involucra aspectos tanto de competencia federal como local, por lo que el equipo estará integrado por magistrados y magistradas de ambos fueros.
La decisión se tomó a partir de una propuesta de la Dirección de Gestión Operativa de Casos (DiGOC), a cargo de Cristina Caamaño, y se basó en un informe de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, cuyo titular es el fiscal Diego García Yomha. El documento se realizó mediante la recopilación y sistematización de información de las propias investigaciones criminales, como también del estudio pormenorizado del mercado de telefonía celular y la normativa aplicable.
La comisión estará integrada por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, Jorge Di Lello; su colega de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°1 de Morón, Sebastián Basso; la fiscal a cargo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, Adriana Saccone; el responsable del Ministerio Público ante la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo Villalba, y el titular de la Fiscalía Nacional de Instrucción N°25, Martín Mainardi. El grupo se completa con los fiscales Cristina Caamaño y Diego García Yomha, titulares de la DiGOC y la DAC respectivamente, ambos pertenecientes a la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.
