La flamante Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, advirtió que son muy bajas las penas aplicadas a aquellas personas que cometen delitos económicos complejos. En una entrevista desarrollada en el programa radial Gente de Derecho, la Procuradora señaló como grave el hecho de que hoy “los delitos que cometen personas con cierto estatus social, donde se involucran enormes cantidades de dinero –que son ni más ni menos que fraudes económicos que conducen a la concentración de la riqueza- no tengan penas altas y cuenten con prescripciones frecuentes, dada la dificultad probatoria de los mismos”.
-¿Qué implica el trabajo de un fiscal? ¿Cuál es la función esencial del octavo ministro de la Corte?
-Defender el interés general de la sociedad. Hay mucho desconocimiento. El Ministerio Público sigue teniendo un rol institucional débil. Los fiscales penales tienen una función más definida porque es el que permite hacer efectivo el derecho de defensa del imputado. En los sistemas inquisitivos que ya están prácticamente desautorizados en la doctrina, aunque nosotros aún tenemos un sistema intermedio, tiene que haber un fiscal que acuse, porque si el que acusa es el que juzga hay como una mezcla de funciones que afecta la imparcialidad. Después están los fiscales no penales, que son pocos y este es un aspecto que veo atrofiado en el Ministerio, dado que ellos son los que defienden el interés de la sociedad. El Procurador lidera la institución, no le da a los fiscales instrucciones para que hagan las acciones penales y esto tiene un sentido muy importante en el sistema republicano dado que cada fiscal al conservar su autonomía ejerce su función de manera independiente. En la institución hay mucho pro hacer.
-¿Cuál es la autonomía de los fiscales?
-Esto es algo básico del ministerio Público, que el Procurador de instrucciones a los fiscales de lo que hacer es una verdadera irregularidad.
-¿El ministerio Público es realmente independiente del poder político?
-De mi mano lo será realmente. Hubo muchos procuradores que venían de la política y en ese momento nadie cuestionó que hubiera un problema con su autonomía. Pasó con Becerra, con Righi y en ese momento nadie los cuestionó. Que ahora se haya cuestionado me parece una evolución de las instituciones, de la democracia. También hay algo que lamento y es que Righi haya renunciado porque eso dejó al ministerio Público debilitado, dando una imagen de debilidad y demostrando como que si el procurador discute con el gobierno debe dejar su cargo, y esto no es así, no ha sido así y no va a ser así en mi caso. Debo reforzar esta imagen dando muestras de independencia. Debe existir independencia para defender a la sociedad en todas las circunstancias. Y justamente independencia es lo que más se reclama en este momento debido a la renuncia del anterior procurador.
-¿Existen presiones sobre los fiscales?
-Personalmente nunca recibí presiones del poder político, si de estudios privados, compañías privadas y gente con poder económico. Una de las primeras cosas que voy a hacer cuando asuma es establecer la misma regla que tiene la Corte de que no se pueda recibir una parte, si no está presenta la otra. No voy a permitir que se haga lobby, si no está presente la otra parte.
-En estos días se estuvo diciendo que su postulación se debió a que es kirchnerista…
-Eso es un invento, jamás milité políticamente. A la presidenta la conocí el día siguiente de haber sido postulada. Mantuve una reunión de no más de 15 minutos con ella en la que le pregunté que esperaba de mí y ella me respondió que siga siendo como soy. Jamás el Gobierno me vino a pedir nunca nada.
-Desde algún sector de la prensa se hablo de una cercanía suya con Guillermo Moreno…
-Eso es otro invento. Son simplemente versiones que deben hacer circular las personas que no me quieren ver como procuradora.
-¿Cómo enfrenta el desafío de una justicia demasiado expuesta mediáticamente?
-Me parece positivo que se hagan públicas las cosas. La gente debe opinar sobre la Justicia para que los jueces y fiscales escuchen cuál es la necesidad de la gente. Desde mi nuevo cargo voy a intentar tener una especie de diálogo informado con la gente, publicitando lo que hace el ministerio Público, sus líneas de acción.
-Lorenzetti decía que hay que terminar con el precepto de que la ley una vez sancionada es aplicable…
-Por un tema de orden social, la ley se presume conocida. Sin embargo hay zonas de penumbra por ejemplo en materia administrativa cuando se dictan tantas resoluciones que la gente no puede llegar a verlas… hay en ese ámbito de los reglamentario una especie de aflojamiento. Pero no en el ámbito de la aplicación de la ley… Comparto que el derecho no puede ser algo solamente para iniciados. Lo he visto en temas concursales donde se cambian las reglas, hay resoluciones que no son apelables y hay que interponer revocatoria o hay plazos raros… a quien se le va a ocurrir que la ley de concursos cambia todos los plazos, no sabe como se aprovechan de esto y a cuantos abogados se le pasan los plazos por esto. No puede ser el derecho algo complicado para entender y ejercer la profesión.
-Están impulsando la reforma del Código Procesal Penal a sistema acusatorio, ¿qué opina sobre esto?
-El Ministerio Público no se ha abierto plenamente a todas sus posibilidades. El sistema acusatorio que es el que proponen todos los códigos modernos es muy importante para que la autonomía de la que tanto se habla sea plena. Imagínese un sistema donde si el juez no delega en el fiscal la investigación, quien colecta las pruebas es quien juzga. Esto desde el punto de vista de las garantías no es algo favorable a la transparencia del proceso… porque después el fiscal tiene que hacer una acusación en base a pruebas que él no recolectó. Esto no es un buen sistema. Todos los códigos modernos defienden el sistema acusatorio y esto implica un cambio importante en materia procesal sobre el que hay que trabajar mucho culturalmente. Ya costó mucho hacer ingresar en la justicia la idea de que los fiscales no reciben órdenes de los jueces, en la reforma del ’94 en la Constitución cuando establecen al ministerio Público como un organismo independiente… imagínese que cambiar al sistema acusatorio es algo en lo que se va a tener que trabajar mucho y ojalá pueda darse en mi gestión.
-¿Cómo ve el pedido de endurecimiento de penas?
-Veo penas muy bajas en materia de delito de cuello blanco y estoy a favor del endurecimiento de penas cuando los delitos los cometen personas con cierto estatus social: hombres de negocios, funcionarios, profesionales, que por ese mismo estatus que tienen no se ven como delincuentes… es como una sintomatología propia de esta clase de delitos que se vean como infractores a la ley. La sociedad tampoco los identifica mucho porque los delitos económicos complejos, es difícil que lleguen a la gente, pero son delitos muy graves que involucran enormes cantidades de dinero, y fraudes económicos que conducen a la concentración de la riqueza. Estos delitos no tienen penas altas, las prescripciones son rápidas, la dificultad probatoria hace que las prescripciones sean frecuentes. De la mano de esto, me parece peligroso que se identifique al delincuente con la pobreza.
-¿Cómo se van a abordar los temas en materia penal?
-Uno de los mayores déficit que llegan al ministerio Público es cuando se asignan lo mismos recursos humanos y materiales para investigar la falsificación de un cheque, que una banda de narcotraficantes. Esto desde ya no es eficiente. Los sistemas acusatorios en general tienen previstos grupos de fiscales que se especializan en distintos delitos y ellos van investigando y capacitándose para avanzar en ese camino, porque el crimen avanza siempre más rápido que la Justicia.
-¿Dictaminaría contra la presidenta?
-En una causa dictaminaría como corresponde, sin importar las partes del proceso. Si uno piensa que lo que tiene que defender es a la sociedad se dictamina sin importar quien está del otro lado.
-¿Qué opina de la posibilidad de instalar el juicio por jurados en el país?
-Es un tema para debatirlo largamente. A veces hay un poco de mito con esto del juicio por jurados porque con esto de que en Estados Unidos una baja cantidad de juicios va al juicio por jurados, y por delitos graves, lo que le veo de positivo es que la participación ciudadana le da transparencia al proceso y limita al tema corporativo judicial. Requeriría una inversión importante, pero opino que la Constitución debería cumplirse. Yo confío mucho en el sentido común de los ciudadanos. Veo muy positivo que la gente se sienta más cerca de los juicios.
-¿Cuál es su opinión sobre la salida de Vázquez?
-Creo que fue un error de oportunidad, estaba autorizado por jueces y realmente me parece que deberían haber evaluado al momento de otorgar la autorización a quien se estaba autorizando porque es muy dramático el delito por el que esta detenido. Y lo más dramático es este episodio imitativo que se está viviendo. Creo que fue la peor decisión. Estoy de acuerdo con la resocialización de la población carcelaria. Pienso si, que habría que reforzar las fiscalías de ejecución para garantizar los derechos humanos en las cárceles.
-¿Cuál es su postura sobre las fiscalías descentralizadas o especializadas?
-La eficiencia investigación conduce a la especialización. El tema es que la ley orgánica del ministerio público no ha dejado mucho margen, pero quisiera estudiar mejor el tema. Considero que por lógica es eficiente que un fiscal conozca la zona sobre la que está operando. Es necesario entender las redes y las lógicas criminales y si estamos sorteando fiscales para que operen 52 al año sobre la misma jurisdicción, no parece el mejor sistema.
fuente http://www.puntojus.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2697