El gobierno británico se encuentra en la última etapa de un proceso de negociación con la Corte Europea de Derechos Humanos para permitir que los prisioneros del país obtengan el derecho al voto.

La corte europea dictaminó que prohibirle votar a todo aquel que es enviado a prisión en Gran Bretaña es ilegal.

El gobierno británico tiene ahora hasta finales de noviembre para decidir qué medida tomar.

El Reino Unido estaba enfrentado con la Corte europea desde que un tribunal de Estrasburgo dictaminó en 2005 que negarle a todos los prisioneros el derecho al voto violaba sus derechos humanos.

Dicha corte concluyó que depende de cada país decidir qué prisionero puede votar y quién no, pero sostuvo que una prohibición total es ilegal.

En mayo pasado, el primer ministro británico, David Cameron, dijo sentirse «asqueado» de pensar que debería modificar esa normativa, y se mostró determinado a resistir el dictamen de la Corte europea, al indicar que la prohibición para votar en prisión «debe ser un asunto del Parlamento, y no de una corte extranjera».

Según el mandatario, «cuando un individuo va a prisión, pierde el derecho a votar».

Sin embargo y tras el pedido, el gobierno habría aceptado que aquellos prisioneros que cumplen con sentencias cortas tras las rejas puedan acceder al voto.