Por Gustavo Eduardo Palmieri. Abogado, profesor de Derecho Procesal Penal, capacitador para la Reforma Procesal Penal.

A partir de los proyectos legislativos del Poder Ejecutivo Nacional que se relacionarían con la “democratización” del Poder Judicial se ha iniciado un “debate social” en el que creo es oportuno destacar algunos puntos de análisis a modo de partida, para luego analizar las herramientas que se proponen en función de sus objetivos. En mi opinión lo que no puede de ningún modo desvalorarse es la iniciativa de este gobierno de avanzar en uno de los importantes “temas pendientes” que nos debemos como “sociedad democrática en construcción”.

El Poder Judicial desde su misma creación siglos atrás fue diseñado desde una lógica claramente corporativa, de acumulación del poder y de subordinación política.

También fue pensado y a través del tiempo sucesivamente confirmado, desde una concepción verticalizada en su organización y estructura, para asegurarse el poder político el control de sus decisiones, lo cual a su vez reproduce cotidianamente aquel sentido “de adecuación” al régimen político.

El Poder Judicial ha sido concebido y aún en la actualidad sigue siendo pensado y construido (o reconstruido) desde un sentido profundamente antidemocrático y antirrepublicano.

Uno de los aspectos descuidados en este análisis es el “mandato vitalicio” (de por vida) que le asignamos al nombramiento de sus jueces y funcionarios, a lo que se agrega los “altísimos deficientes estándares de credibilidad” que los modelos de enjuiciamiento o de control ciudadano del accionar de estos “administradores de poder” tienen.

Existen una infinidad de decisiones jurisdiccionales y de las demás agencias judiciales que NO responden a un “criterio legal específico” de respeto a los derechos conculcados, de nivelación de la desigualdad que provoca inevitablemente el régimen político, de restauración en la medida de lo posible del daño que ocasionan acciones de algunos sobre otros, sino que se sostienen en favoritismos, lealtades personales y son claramente definiciones ideológico-partidarias.

La profunda transformación indispensable de este “poder del estado democrático” no es sólo, entonces, un recambio de organismos, de como se seleccionan sus integrantes, del alcance de sus decisiones, sino, prioritariamente, un “cambio de lógica política”.

Seguir aludiendo a que DEBE asegurar el Poder Judicial el acceso a la justicia a los sectores sociales postergados, a transparentar sus procedimientos, a facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, etc., en mi opinión son “conceptos claves”, son el EJE de la discusión que nuestra “sociedad democrática en construcción” se merece.

Y creo que el gran mérito de los proyectos en discusión es ese, poner en el debate público al Poder Judicial.

Obviamente que la “corporación judicial” RESISTE.

Tal como RESISTE aceptar que como cualquier otro ciudadano les corresponde pagar impuestos a sus remuneraciones (como lo hacen gran cantidad de trabajadores que perciben salarios bastante menores), o dar a conocer su patrimonio como cualquier otro funcionario público.

RESISTEN abandonar privilegios, RESISTEN ser controlados.

RESISTIERON también la posibilidad de capacitarse, de ser evaluados, siempre bajo la remanida muletilla de su “independencia”. Y siguen RESISTIENDO hacerlo aun frente a la anunciada puesta en vigencia del nuevo modelo procesal penal en Neuquén. RESISTEN los cambios.

RESISTEN formar parte de la “discusión política”, nuevamente porque reivindican su carácter de “independientes” frente al poder, cuando su PROPIA HISTORIA nos muestra lo contrario. Por eso, cualquier intento (y este gobierno ha sido el primero desde la reconstrucción democrática en proponerlo) de que se encuentren en la “vidriera social”, lo RESISTEN.

Y para hacerlo cuentan con el acompañamiento de los sectores políticos que LOS NECESITAN. Una muestra clara de la indispensable relación amistosa-amorosa de la Corporación Judicial y la Corporación Política, es cuando esta última se AUTO EXCLUYO de la posibilidad de que sus acciones como funcionarios públicos pueda ser juzgada por jueces ciudadanos al sancionarse la implementación del juicio por jurados. O cuando junto con la Corporación Política RESISTIERON durante muchos años modificar el procedimiento penal en la provincia de Neuquén. O cuando un sector significativo de la Corporación Judicial acompaño el “proceso de vaciamiento” de organismos judiciales incómodos  el “proceso de colonización” posterior y la IMPUNIDAD de la casi totalidad de las investigaciones que involucraban a los funcionarios de entonces que resultaba ser el objetivo implícito de ese proceso.

De ahí la BUENA NOTICIA de cuanta discusión estos proyectos generen.

Desde dichos puntos de partida nos debemos detener en los proyectos.

No tengo duda alguna que la intervención de los ciudadanos en los mecanismos de selección de los “jueces vitalicios” que por el momento nombramos , ES INDISPENSABLE. Debería analizarse más detenidamente cuál es el mecanismo adecuado para que esos ciudadano sean designados. Probablemente para asegurar su “independencia de criterio”, el mecanismo democrático deba desarrollarse por fuera de las intervenciones partidarias (aunque admitamos que cierto grado de influencia política puede seguir dándose).

Alguna vez di mi opinión favorable acerca de la posibilidad de que algunos funcionarios judiciales sean electos de manera directa por el pueblo (por ejemplo tal como sucedió en Bolivia por decisión del presidente Morales, o incluso desde hace mucho tiempo atrás en algunos modelos anglosajones en algunos casos).

Con honestidad creo que un “técnico” o un político NO necesariamente tienen mejor o mas objetivo criterio que un ciudadano común para decidir acerca de las calidades personales, éticas y morales que necesita tener un abogado para decidir como Juez de una República (naturalmente que la solvencia técnica siempre será una cuestión dependiente de los especialistas).

Tampoco tengo dudas de que la organización judicial DEBE reformularse. La creación de tribunales intermedios responde a esa lógica verticalizada (inquisitiva) de organización judicial Pero tampoco puede negarse que nuestra actual Corte Suprema de Justicia de la Nación por las competencias que tiene asignadas y su estructura, NO es hoy un Tribunal que nos asegura aquellos valores de Acceso Igualitario a la Justicia, de pronunciamientos en tiempos razonables, de que los ciudadanos cuenten con un Recurso Eficaz Definitivo frente a decisiones que los perjudican, etc.

Pero aún cuando esto último es conocido de hace tiempo por la gran mayoría de los operadores judiciales, la Corporación Judicial y sus aliados de siempre, RESISTEN.

La limitación de las medidas cautelares se nos dice puede afectar principios constitucionales relacionados con los sectores vulnerables de la sociedad. Es posible. Pero lo que se omite decir que esos sectores vulnerables en general CASI NUNCA cuentan con la posibilidad de acceder en niveles republicanamente aceptables a las decisiones de las agencias judiciales.

Tampoco se dice (en los sectores más críticos que auspician la RESISTENCIA a ser analizados, debatidos o controlados) que lo QUE SE DEBE LIMITAR es la MEDIDA CAUTELAR más gravosa que el Sistema Judicial utiliza casi indiscriminadamente a diario y que resulta ser la que posee MAYOR PODER PUNITIVO (y por ende produce MAYOR DAÑO, justamente en los sectores sociales desprotegidos) y que resulta ser la PRISIÓN PREVENTIVA. Probablemente una certera crítica a los proyectos gubernamentales sea la de no incluirla entre aquellas que cree necesario limitar.

Pero claro la CORPORACIÓN JUDICIAL no sólo nada dice, sino que mantiene en situación de “privación de la libertad ilegitima” a casi 6 de cada 10 ciudadanos en general de escasos recursos presos en nuestro país.

De igual forma, lamentablemente NO figura en la agenda de la discusión propuesta por el Poder Ejecutivo, la reforma de los sistemas procesales (penal, civil, contencioso administrativo, etc.). Aun así es necesario mencionar que allí donde esos procesos comenzaron la Corporación Judicial y sus aliados políticos RESISTIERON y RESISTEN.

Creo que ha comenzado la discusión.

La Corporación Judicial ha iniciado la RESISTENCIA.

Todo lo demás, a mi modo de ver, es por el momento pura anécdota.

http://fueradelexpediente.com.ar/2013/04/14/las-corporaciones-y-sus-resistencias/