Quienes impulsamos desde hace tiempo la necesidad de reformar a la Justicia para lograr un sistema justo, oportuno y que responda a las necesidades de los ciudadanos recibimos con optimismo esta noticia.

Más aún cuando el planteo recoge algunos puntos claves para la transparencia (publicidad plena de las declaraciones juradas patrimoniales) e igualdad ante la ley (el pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y funcionarios, y el ingreso de empleados y funcionarios por concurso público).

Estas son iniciativas que hace tiempo son impulsadas, con escasa repercusión y menos éxito, por las organizaciones de la sociedad civil.

Abordar, entonces, el tema exige primero preguntarnos a qué intereses responde la agenda de reformas. ¿Fue pensada para favorecer el acceso de las personas a la Justicia o responde a una mera coyuntura política?

Para la sociedad en general, la Justicia tiene cuatro graves problemas: es muy cara en términos de tiempo y dinero; es muy poco eficaz para resolver y aplicar sus resoluciones; es de difícil acceso y comprensión; y tiene una imagen elitista, oscura y poco transparente.

Las siete propuestas elaboradas por el Poder Ejecutivo, encabezadas por la elección popular de los consejeros de la Magistratura (tema hasta ahora de bajo interés público, aunque de alto voltaje partidario), parecería que no responden a los problemas antes planteados.

Para el poder político de turno, en cambio, el problema central de la Justicia es limitar su independencia, y forzarla a seguir sus políticas en las decisiones judiciales.

Un Consejo de la Magistratura partidizado y con mayoría oficialista (como podría suceder al provenir los consejeros de una elección popular), sería menos técnico, con menos capacidad para resolver profesionalmente los problemas enunciados.

Lo mismo ocurriría con la propuesta de introducir las Cámaras de Casación como una tercera instancia, que agravaría la demora en llegar a una decisión final y los costos de litigar.

Por otro lado, la reforma propuesta aborda algunas cuestiones vinculadas con la imagen del Poder Judicial. Así, la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los jueces, la obligatoriedad del pago de ganancias y el ingreso a la función judicial por concurso seguramente mejorarán la legitimidad de la Justicia.

Desafortunadamente, nada se dice sobre la eficacia de una Justicia que debe ampliar el acceso a los derechos civiles, sociales y económicos, es decir, proteger alimentariamente a niños y mujeres, evitar abusos patronales, sancionar a los delincuentes, perseguir a los corruptos, permitir el cobro de deudas y aumentar la protección de los derechos en general, entre otras cuestiones.

En esta materia, en cambio, la propuesta del Gobierno va en el camino de limitar las medidas cautelares contra el Estado, restricción que es claramente perjudicial para la protección de derechos, y es llamativa en una administración que ha dedicado tantas energías a la causa de los derechos humanos.

Bienvenida la «democratización» de la Justicia pero, para ello, es necesario que la agenda no se limite a los intereses del poder político o corporativo del turno.

Al contrario, una justicia para todos y todas debe abordar las necesidades de la gente, y reducir las barreras de acceso al servicio de justicia con propuestas tales como oralizar los procesos y limitarlos en el tiempo, sancionar las mentiras y ocultamientos en los juicios, crear un nuevo perfil de juez dedicado principalmente a trabajar en su tribunal, reformar los procesos para que sean más flexibles y con un lenguaje accesible a la gente, para proveer en definitiva soluciones justas, oportunas y rápidas para todas las personas.

Nota: CIPPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

fuente http://noticias.terra.com.ar/politica/,2f8c5e7272e4d310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html