Las reformas en la Justicia anunciadas por la presidenta Cristina Kirchner provocaron controversia entre jueces y juristas que disintieron de la idea de elegir mediante el voto popular a los integrantes del Consejo de la Magistratura y crear nuevas Cámaras de Casación, como una instancia más.

Consultados por LA NACION, los opositores a estas reformas entendieron que se busca limitar el poder de la Corte y que el Poder Ejecutivo controle las causas en tribunales elegidos por consejeros atados a las mayorías políticas.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, criticado por el kirchnerismo como representante de las corporaciones, dijo que «el planteo sobre el Consejo de la Magistratura no se ajusta a la letra y voluntad de la Constitución».

El constitucionalista Gregorio Badeni coincidió, pues la Constitución dice que el Consejo debe estar «integrado por representantes de jueces y abogados que deben elegir los representados, no un tercero». En cuanto a las Cámaras de Casación, dijo que «se van a hacer juicios más largos y va a aumentar la burocracia».

Roberto Gargarella, constitucionalista de la Universidad Di Tella, entendió que con estas reformas «se tiene expectativa de tener más influencia sobre el Consejo, que cumple un papel relevante en la elección de estos nuevos jueces de las nuevas Cámaras de Casación, con lo que se sugiere la posibilidad de tener una mayor influencia en la Justicia y no evita, sino que agrava la burocracia judicial».

Raúl Gustavo Ferreira, profesor de derecho constitucional de la UBA, opinó: «Los anuncios son favorables, hay que ver cómo se materializan en los instrumentos legales. En lo que respecta al Consejo de la Magistratura no veo obstáculo constitucional a la elección popular». Pero tuvo reparos con las casaciones: «Aumentaría la burocracia. Los recursos para esos tribunales podrían tener otras finalidades urgentes».

Gustavo Calvinho, magíster en derecho procesal y profesor de la Universidad Austral, se opuso a la creación de las casaciones y recordó que nacieron en la Revolución Francesa para controlar a los jueces.

Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, advirtió que «la Presidenta comete un error con la elección popular de consejeros porque los representantes del estamento de la política son elegidos por el pueblo para legisladores, no consejeros, y se formalizaría otra prebenda para el estamento de la política». Recordó que desde 2006 esperan que la Corte falle en un caso donde pidieron declarar inconstitucional los cambios introducidos por el kirchnerismo en el Consejo con la reducción de integrantes. Con respecto a las Cámaras de Casación, dijo que sospecha que la Contenciosa Administrativa y la Previsional ocultan una trampa: «Se buscan frenar los reclamos de los jubilados y controlar la Justicia».

Jueces en funciones recibieron bien los anuncios: Roberto Hornos, presidente de la Cámara de Casación Penal, entendió que las casaciones «limitarán lo que llega a la Corte y eso permitirá que hagan pocos fallos señeros, que señalen cómo entender el derecho». Se mostró de acuerdo con la elección popular de los integrantes de la Magistratura: «La participación del pueblo en los órganos de control judicial es interesante».

Su colega Mariano Borinsky añadió: «La función originaria de la Casación es ser la última intérprete de la ley, con lo cual no estaría mal que haya una tercera instancia para revistar la interpretación de leyes de índole civil y comercial federal, laboral y contencioso». Ambos jueces, en cambio, estuvieron en desacuerdo con que los jueces sean elegidos por voto popular para la Magistratura, pues no podrían recibir fondos ni hacer campaña.

El penalista Carlos Arslanian, defensor de kirchneristas en tribunales, coincidió en todo con la Presidenta: «Me parece una decisión acertada la elección de consejeros por el voto popular porque es una manera de garantizar que las futuras designaciones de jueces en las que intervenga el Consejo tengan pluralidad y transparencia». Además, entendió que las Cámaras de Casación «aliviarán el trabajo de la Corte y permitirán unificar la jurisprudencia». Negó que esto implique vaciar de poder a la Corte o licuar su influencia: «La Corte sigue preservando el control de la constitucionalidad de las sentencias que se dictan sobre las leyes. No hay manera de que esto debilite a la Corte, al contrario, mejoraría. No lo interpreto como un demérito, lo que sí hubiera significado crear un tribunal constitucional. Ahí sí habría una colisión», dijo.

DE LA SOTA SE QUEJA POR CARTA
CÓRDOBA.- El gobernador José Manuel de la Sota reclamó a la presidenta Cristina Kirchner que «demuestre que su modelo de país es federal y no discrimine a Córdoba» en el reparto de fondos y proyectos nacionales. «Los cordobeses no deben ser rehenes de las diferencias políticas de los dirigentes», dijo.

Tras escuchar el mensaje presidencial en el Congreso, De la Sota le envió una carta en la que le demanda a la Presidenta que «destrabe los injustos obstáculos que se han puesto» para concretar un crédito internacional que Córdoba tiene otorgado para la construcción de gasoductos para dar servicio a 100 localidades del interior». Le recordó que la Nación no desembolsará ni un peso, ya que la provincia consiguió el financiamiento en Brasil..

fuente http://www.lanacion.com.ar/1559487-hay-polemica-entre-los-juristas-por-las-reformas