En la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales donde se trataron los proyectos para regular la protesta social, diputados del FpV ratificaron que solo avanzarán con el tema si cuentan con acompañamiento del arco opositor. En la reunión pudieron escucharse reparos del Pro, Elisa Carrió y el FIT. Un punto de acuerdo sería la amnistía para manifestantes que incluye el proyecto. Diana Conti ratificó que su bloque solo avanzará con el tema si en la comisión logra firmarse un dictamen único, aunque sea con disidencias parciales. De lo contrario comunicó que su estudio quedará suspendido.
En el bloque oficialista, Leonardo Grosso planteó diferencias de fondo con el proyecto, y algunos reparos puntuales a la iniciativa. «Estamos viendo cómo se genera un consenso para promover este derecho, generar un mecanismo de mediación que permita resolver el conflicto de origen”, aseguró.
“Los piquetes no vienen de la nada, sino que se originan por un derecho vulnerado por parte de un poderoso contra los laburantes o desocupados. Estamos viendo cómo logramos que los miembros de la cámara entiendan e interpreten por qué el piquete o el corte de ruta hoy es y va a seguir siendo una herramienta. Por qué la huelga no es la única, porque los trabajadores de la economía popular no trabajan adentro de una fábrica, y la única herramienta que tienen es cortar una ruta», agregó.
«Estamos un poco mejor de como arrancamos, porque ya no se habla de regular o controlar la protesta social, sino de proteger y promover el derecho a la protesta social”, analizó Grosso.
«Si logramos que esto se comprenda, vamos a llegar a una ley que pueda en serio promover y proteger el derecho a la protesta social. Hay que avanzar un paso más y eliminar los resquicios jurídicos que permiten a jueces criminalizar la protesta social. Como el artículo 194 que habría que derogarlo o en su defecto modificar su redacción o el 213 bis del Código penal de prepotencia ideológica, que lo utilizaron para dejar presos a Esteche y Lescano. Se debe avanzar también en la amnistía general a los trabajadores, desocupados y militantes presos por ejercer el derecho a la protesta».
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