HAZ LO QUE YO DIGO MAS NO LO QUE YO HAGO

        “El asesinato que se nos representa como un crimen horrible lo vemos cometer fríamente, sin remordimientos.”

 Beccaria.

 Por María Nazarena Castelluccio

Dado el brutal asesinato de una persona producido hace unos pocos días en Rosario, sería interesante hacer unas pequeñas reflexiones al respecto. Pues, no creo que dicho acontecimiento tenga que pasar cuasi desapercibido y tan livianamente representado en segundos por los medios de comunicación como si fuera algo normalizado y hasta anecdótico.

David Moreira, de apenas dieciocho años, fue asesinado a golpes por una altísima cantidad de sujetos activos, cantidad que rondaría estimativamente entre los cincuenta y cien agresores. Presuntamente, motivados porque la víctima le habría quitado de sus manos la cartera a una mujer en la vía pública.

Personas, los autores, que se contentan reclamando, ¿seguridad?, como asesinos despiadados. Pero, ¿qué hay detrás de tan repudiable acto?, personas, desde ya, no se puede negar tal categoría; pero de qué tamaña, con qué valores, con qué capacidad para no sentir el dolor ajeno y la importancia de una vida humana; y a la vez, argüir recriminar por ello y querer exculpar su conducta por tal motivación.

Un punto de partida, creo que viene dado por la sensación de ausencia de respuesta del estado ante ciertas situaciones. Verbigracia, particularmente, me resulta problemática la inseguridad social en que se halla sumergido un sector de la sociedad, vulnerables que como tales es probable que, en un gran número de casos,  sean  víctimas de poder punitivo represivo estatal por acción de la criminalización secundaria. Pero hay un tema principal que es el hecho de no asumir o reconocer la calidad de víctimas de las personas que son  violentadas en tales derechos humanos; sino, por el contrario, discriminarlas desde una órbita negativa. Y así, consecuentemente, objetivarlas como cosas no sólo a las cuales queremos olvidar sino también erradicar deshumanizándolas.

Lo anterior es algo que salta a claras luces, las pocas veces que comunicaron la noticia de lo ocurrido –aquí uno tiene que preguntarse por qué, tiene que medir qué importancia y qué juicio de  reproche se aparenta hacer a cierto tipo de conductas, no simplemente por la acción sino más bien por los sujetos involucrados; es importante porque muchas veces el poder se alimenta del ocultamiento y uno tiene que quitar su velo- se referían a la persona como: “el chorro”, “el motochorro”, “el delincuente” –debemos ser conscientes del valor de las palabras-; quitándole de este modo entidad a lo ocurrido, a que casi un centenar de personas mate a golpes a un joven, a una persona humana, con saña, con frialdad, sin la mínima identificación de la importancia de esa vida, como si no valiera nada. Ese juicio de valor que exaltan de “una vida no vale nada” y por lo cual se hallan temerosos, lo representaron, lo hicieron surgir y lo concretaron quitándole la vida a una persona y demostrando que la vida efectivamente no vale nada en sus manos.

El hecho demuestra una sociedad zanjada por sí misma, por su propia representación. Por un lado, hallaríamos  un grupo para el cual está bien que la vida de otra persona no valga nada y de hecho no valió nada en tal momento; y, por el otro lado, sus  vidas que no pueden no valer nada. Demuestran que hay dos categorías  conceptualizadas, ellos, las personas que asesinan sin inconveniente alguno porque si el estado no elimina a ciertos agentes que los afectan los tienen que eliminar por su propia cuenta; y los otros, que serían justamente sus enemigos, a los cuales se debe eliminar, que cometen ciertos acontecimientos delictivos –no sabemos cuáles o en qué límite, el presente pareciera una tentativa de hurto-, que en la mayoría de los casos han sido víctimas de la inseguridad social y que responden a un estereotipo criminal aceptado, por cuanto a otros que cometen también ciertos delitos pero sin responder a lo que yo proyecto como rol delictivo no se lo va a agredir porque en la mayoría de los casos responderá a la integración identificadora de mí categoría.

Considero realmente que la  función del derecho penal debe ser reducir y contener la violencia del poder punitivo; que estos hechos también demuestran que la primera función debe ser reducir la violencia social en sentido de que no quieran los individuas hacer justicia por mano propia, pero esa función no compete ya al derecho penal sino más bien a la coerción administrativa directa-inmediata para hacer cesar un curso lesivo en trámite. Empero, antes de que actúe todo ello, y con lo cual de seguro en los más de los casos se haría innecesaria su procedencia serían políticas preventivas, aplicación real de seguridad social, valores que respeten la dignidad humana, formas participativas e inclusivas de solución de problemas. La violencia sea social o estatal desde ya no  va a solucionar problema alguno, es neta aplicación de afectación a derechos que sólo engendra una cadena, tal vez ininterrumpida, de afectaciones.

Considero que lo que ocurrió ni siquiera en lo más mínimo puede ser  catalogado como justicia por mano propia, en ello no hay signo alguno de justicia. Sí un acto aberrante y totalmente repudiable; tal vez justicia por mano propia sea que la misma sociedad detenga la situación y en su medida devuelva el objeto sustraído, pero la violencia no puede ser justa, ¿Qué es lo que  hace pensar a un sector de la sociedad que hacer justicia es aplicar violencia desmedida?, ¿qué es aquello que hace creer que la violencia puede solucionar un conflicto social?, ¿será que las mismas instituciones que arguyen aplicar justicia legítima también se basan en un sistema netamente violento, afectivo de derechos humanos y deteriorante de la persona humana y, de este modo, hace que se refleje en la sociedad tal mecanismo como normal?.

Con relación a lo ante dicho y a modo de pequeña reflexión final, hay que tener en cuenta que a las personas privadas de la libertad el estado las reconoce como algo que obstruye la tranquilidad y seguridad social, que obstruye su permanente seguridad, por tanto considera que lo mejor es excluirlas, ¿de qué manera?, encerrándolas en cárceles; y esa representación es la que se propaga en diversas personas que integran distintos grupos sociales, pues la relación general entre cárcel y sociedad es ante todo una relación entre quien excluye (sociedad) y quien es excluido (detenido)[i] . De este modo esa percepción se genera hacia el común de la gente y el no reconocimiento de la gravedad de la situación fáctica conlleva a la ausencia de empatía por el sufrimiento ajeno, podría decirse que en esa medida muchos tienen  caracteres psicopáticos, al no poder introyectar ciertos valores compatibles con la dignidad humana y, ¿se exculparían por una imposibilidad de comprensión de la criminalidad del acto?; en el Informe 2013 del Centro de Estudios Legales y Judiciales se puso de manifiesto que “Las causas de las muertes en prisión reflejan el modo en que se vive en los lugares de detención. Muchas de las formas de esas muertes muestran las violaciones de derechos que allí se cometen y la brutalidad, la incertidumbre o la enajenación a las que pueden ser sometidas las personas privadas de la libertad…Y, por supuesto, del desprecio y abandono al que en muchos casos están expuestas las personas detenidas…La información revela que la violencia en el SPB es extensa y estructural. Sin embargo, hasta el momento, ha existido una estrategia oficial negacionista y enfocada a mostrar la naturaleza violenta de los detenidos, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad directa o indirecta en los hechos…”[ii]