La catástrofe de la prisión hondureña de Comayagua, en donde murieron más de 350 reclusos atrapados en un incendio, es la cima de los horrores causados por las malas condiciones de las cárceles latinoamericanas.
Un problema que se extiende por el continente de norte a sur. “Las prisiones son deplorables, desde México hasta Argentina”, afirmó Rodrigo Escobar, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de Honduras, además, parece que no hay atrocidad que haga recapacitar al poder público. En el año 2004 hubo una catástrofe similar. Murieron quemados 107 reos en un incendio en el presidio de San Pedro Sula, segunda ciudad del país. El suceso fue atribuido a fallos estructurales de la prisión. La Comisión hizo una investigación y concluyó que los internos se habían abrasado sin que los funcionarios de la prisión tratasen de auxiliarlos. “La guardia no les abrió las puertas”, dice Escobar. “Los presos tuvieron que tumbar las puertas, y, cuando lo lograron, más de la mitad ya se habían calcinado”.
La Comisión denunció a Honduras en marzo de 2011 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le exigió a su Gobierno que creara y cumpliera un protocolo de seguridad para poder hacer frente a estas situaciones. La historia se repitió antes de que llegase el día de la primera audiencia pública por el caso, fijada para el próximo 28 de febrero.
Ayer, los supervivientes del incendio de Comayagua relataban cómo las puertas, de nuevo, se quedaron cerradas mientras el fuego cercaba a los internos. “Nadie abrió los portones, nos cansamos de gritar; tuvimos que saltar”, dijo un preso.
Escobar asegura que en Honduras, los reos, por norma general, se conectan en masa a la red eléctrica para hacer funcionar sus televisores o sus radios o cualquier otro aparato. “Puede haber 180 presos conectados con permiso de los funcionarios o clandestinamente, cada uno con su electrodoméstico, en un pabellón preparado para 80”, detalla el vicepresidente de la Comisión, que también es el principal encargado de vigilar las cuestiones penitenciarias en este órgano de la OEA.
La tragedia de Comayagua, sumada a la de 2004 en San Pedro Sula y a las advertencias de la Comisión a Honduras, sitúa al Gobierno de este país, liderado por Porfirio Lobo, en una situación muy delicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que ha ocurrido es responsabilidad de Estado”, denuncia Escobar, que precisa que las indicaciones de su órgano a los países miembros de la OEA, son órdenes “vinculantes” y no meras recomendaciones.
Lo ocurrido el martes no es un accidente, sino una tragedia motivada por una “clara omisión del Estado”, una “tragedia anunciada”, una consecuencia de un problema estructural. (Tomado de El País)
Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Esto-es-responsabilidad-de-Estado
