Horacio Guillermo Corti acaba de asumir como defensor general del Ministerio Público de la Ciudad y recién se está acomodando en su despacho, adonde todavía no trasladó su biblioteca. Fue elegido por el voto de la Legislatura, a propuesta del kirchnerismo y sus aliados, para reemplazar a Mario Kestelboim, y asumió el mismo día que Martín Ocampo, el ex legislador del PRO que ahora está al frente de la Fiscalía General porteña, en lugar de Germán Garavano. Corti no viene de la política, como Ocampo: hasta ahora era juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y estuvo al frente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Esto no quiere decir que sea un hombre a quien la política y los problemas sociales le sean ajenos. De hecho, como integrante de Justicia Legítima, participa activamente en el debate por la reforma del Poder Judicial.

La Defensoría tiene hoy dos grandes campos de acción: la Justicia Penal y Contravencional, que atiende los casos de delitos menores y violaciones a las normas de convivencia; y el fuero Contencioso Administrativo, que se ocupa de asistir a ciudadanos cuyos derechos se encuentran en riesgo o han sido vulnerados. Un caso paradigmático de ambas intervenciones es el de la toma de Villa Lugano, donde la Defensoría, en uno y otro fuero, trabajó para evitar un desalojo violento. También tuvo un papel decisivo en los conflictos por las tomas de colegios secundarios y el más reciente, por la falta de vacantes.

“No creo que la mejor forma de resolver los problemas sociales sea aplicando penas”, dice Corti, en una entrevista de Página/12, respecto de las recurrentes iniciativas macristas para endurecer las sanciones a contravenciones. Propone, en cambio, “generar mesas de diálogo”, que “permiten tener resultados más fructíferos”.

–Desde el Ejecutivo porteño están proponiemdo nuevamente reformas en el Código Contravencional para sancionar con más rigor a los cuidacoches y a los limpiavidrios. ¿Cuál es su opinión sobre esas propuestas?

–El Derecho Penal no resuelve los problemas sociales. No creo que aumentar las penas sea la primera forma de resolver esos problemas. Y el Derecho Contravencional debe estar pensado en términos de convivencia, con formas de resolver los conflictos cuyo único recurso no sea la pena. Soy escéptico de que un problema de este tipo pueda resolverse con castigo. No sé si tampoco se resuelve vigilando. Es necesario repensar las formas en que convivimos y nos relacionamos con los otros y descartar esas expectativas desmesuradas sobre los efectos de castigar al otro.

–¿Cuáles serían estrategias útiles para resolver estos conflictos?

–Uno de los ejes es la relación con la comunidad y la metodología de generar mesas de diálogo, que es un proceso que tal vez lleve más tiempo, pero que va a tener resultados más fructíferos que dictando una sentencia coercitiva o un castigo.

–Esto es difícil de lograr cuando desde las fiscalías se promueven criterios más punitivos.

–Una de las características de nuestro Poder Judicial es que es muy plural. Hay diferencias de ideologías entre los jueces, los defensores y los fiscales. Una riqueza para ver el derecho desde distintos puntos de vista. En ese marco, el rol de la Defensoría es persuadir desde nuestro punto de vista, que es el de garantizar los derechos sociales.

–El Poder Judicial porteño está teniendo cada vez más competencia en materia penal. ¿Cómo se prepara la Defensoría para asumir esa responsabilidad?

–Estamos en un proceso paulatino, progresivo. Porque en vez de transferir las propias instituciones judiciales penales de la Nación, se ha encarado un proceso progresivo de transferencia de competencias, conservando ambos sistemas. Ya vamos por el tercer convenio de traspaso, que ya fue aprobado por la Nación y ahora debe ser ratificado por la Legislatura. Ese es uno de los desafíos para esta gestión: realizar una defensa pública que sea acorde con el perfil de la Justicia de la Ciudad, que va creciendo en una forma muy dinámica, por ser una estructura que nació de cero.

–El conflicto por el derecho a la vivienda es uno de los que más requirieron de la asistencia de la Defensoría, hasta ahora. ¿Cree que esta situación va a continuar durante su gestión?

–El de la vivienda y el espacio urbano son un problema central en la ciudad, pero creo que son un problema estructural, no de este tiempo. Tiene una historia que comienza con la inmigración, disminuye drásticamente durante la dictadura, cuando se lo expulsó fuera de la ciudad, y se intensificó con el retorno de la democracia, pero sobre todo con la crisis de 2001. Eso coincidió con la conformación del Poder Judicial de la Ciudad. Quienes diseñaron esta estructura judicial no pensaron que el conflicto social se iba a expresar a través de los mecanismos judiciales. En ese sentido, la Defensoría Pública, durante los siete años de gestión del doctor Mario Kestelboim, puso énfasis en ese aspecto y creo que es una decisión muy acertada. Desde la Cámara también desarrollamos jurisprudencia sobre derechos sociales, como el fallo para garantizar el suministro de agua en la Villa 31 bis.

–Desde el Ejecutivo de la Ciudad y también desde la Nación se cuestiona a los jueces que, según dicen, pretenden gobernar a través de sentencias y recursos de amparo. ¿Qué piensa usted?

–Hay una división de poderes, pero también una historia constitucional que tiene que ver con las relaciones entre los poderes. Sería muy impreciso si le diera una respuesta única, porque esto tiene que ver con cada circunstancia. Cuando hay una política pública decidida por las mayorías, que pretende ser detenida por el Poder Judicial, es diferente de aquellas situaciones en las cuales no hay políticas públicas o esas políticas tienen características tales que hacen que las personas no puedan acceder a los derechos más básicos. En el primer caso me refiero por ejemplo a las políticas de desendeudamiento del gobierno nacional, de las cuales dependen otras políticas, como la del fomento del empleo o la inclusión social. No puede venir un juez a frenar esas políticas y menos si es un juez del exterior. Una situación distinta se da cuando no existe una política de vivienda y para asegurar ese derecho hay que dictar una sentencia, por ejemplo, para otorgar un subsidio.

–Desde su lugar en Justicia Legítima, ¿cuál cree que debe ser el rol de los jueces?

–Considero que es interesante que se abra un debate sobre el rol de la Justicia, cuál es el lugar no sólo de los jueces sino del Poder Judicial, con todos sus funcionarios, en la sociedad. Creo que es positivo que se incentive ese debate, que resulta disruptivo con la estructura tradicional del Poder Judicial, que tradicionalmente se muestra como una institución aséptica, como un espacio técnico, no contaminado con concepciones políticas, cuando en realidad cada uno de sus integrantes tiene una historia y una ideología y se expresa de acuerdo con ellas. Entonces este debate permite transparentar esa situación.

–¿Qué objetivos se propone para la Defensoría?

–Tenemos una pluralidad de objetivos. Por un lado, consolidar institucionalmente la Defensoría y que esté presente en toda la Ciudad. La Defensoría tiene que estar en la calle, para que los ciudadanos sepan que la Defensoría está y que pueden acceder a ella. Por otro, que la Defensoría sea un elemento central en el ejercicio de los derechos y la integración social. La preocupación por los derechos sociales es algo inherente a nuestra cultura política y la forma de manifestarla es a través de garantizar esos derechos sociales. Se trata de una concepción muy diferente de la concepción liberal y conservadora de la Justicia.

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