En el marco de la “Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial”, un cruce de opiniones de jueces ocasionó una nueva polémica en torno al uso de crucifijos en espacios judiciales. A su vez, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Pensamiento Penal (APP) volvieron a solicitar a los tribunales orales y cortes provinciales, el retiro de las imágenes religiosas exhibidas en las salas donde se celebran audiencias públicas. Y dieron a conocer un informe con resultados preliminares.
La “Campaña Nacional en favor de la Neutralidad Religiosa del Poder Judicial” busca promover la laicidad estatal e imparcialidad judicial, “como el derecho de las personas a ser tratadas igualitariamente, sin discriminaciones fundadas en motivos religiosos”.
Con motivo del “Día de la Libertad Religiosa” que se celebró ayer, ADC y APP dieron a conocer los resultados preliminares de la campaña. De acuerdo al informe, la mayoría de los tribunales no respondió el pedido de retiro de símbolos religiosos. Las cortes de Salta y San Luis lo rechazaron. Y solo un tribunal porteño los retiró de su sala de audiencias.El informe marcó el final de la primera etapa de la campaña, que seguirá en los próximos meses. En una segunda etapa, las asociaciones procurarán obtener respuesta de los tribunales que aún no se han pronunciado y realizar el pedido en las provincias de Jujuy y Santa Cruz, donde todavía no se ha podido presentar.
Luis María Rizzi, juez del Tribunal Oral Criminal n° 30 de Capital Federal, expresó una dura disconformidad contra la campaña. “Mi respuesta a vuestra pretensión es la siguiente: no voy a descolgar ninguna cruz. Tampoco voy a disponer que otro lo haga. Porque creo en Dios y porque soy católico. Porque tengo reverencia por la Cruz de Cristo, el inocente crucificado por los hombres y el más inocente de los condenados, que representa además, la fe mayoritaria y la identidad de nuestro pueblo”, le dijo a los responsables de ADC y APP.
Rizzi dijo estar preocupado por lo que llamó “el abandono de Cristo” y “la desprotección de la familia” y enfatizó: “La presencia de la Cruz es símbolo de piedad, de consuelo, y de misericordia; es símbolo de que quienes se desempeñan frente a ella, tienen temor de Dios, y por ello mismo, inspiran más confianza en que actuarán de acuerdo a la justicia y a la verdad, con buena voluntad y con la máxima imparcialidad. Porque finalmente, la libertad religiosa que Uds. dicen pregonar y defender, es precisamente para que quienes quieran hacerlo, cuelguen, lleven o exhiban la Cruz, y no para que nos obliguen a quitarla, ocultarla o disimularla”.
Según la APP, la exhibición de imágenes religiosas en salas donde se celebran audiencias públicas y en espacios públicos del Poder Judicial, se contrapone con el principio de neutralidad religiosa del Estado argentino, “así como del derecho de los habitantes a ser tratados igualitariamente, sin ningún tipo de discriminación religiosa” (contemplado en los artículos 2 y 16 de la Constitución nacional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Las asociaciones judiciales creen que la obligación de tratamiento igualitario, que prohíbe cualquier tipo de toma de posición estatal a favor de un credo determinado, “es particularmente imperativa en el ejercicio de la magistratura, puesto que se encuentra sometido al mandato de ejercer sus funciones de manera imparcial”.
Rizzi desconoció tales principios y dijo que “la Cruz parece no tener más lugar en una nación desolada, ciega y sorda a las leyes eternas que no son de hoy ni de ayer, que huye de la Verdad y de la Belleza”. El juez pampeano Fabricio Losi hizo público su apoyo a las palabras de Rizzi, a quien sumó sus felicitaciones y su adhesión.
Pero el testimonio de Rizzi también tuvo oponentes. Gustavo Nicora, fiscal marplatense y activo dirigente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), le respondió personalmente. “Señor Rizzi, tengo por su fe religiosa un respeto que espero también tenga usted por mi ateísmo. Pero yo no uso las instalaciones públicas que el Estado ha dispuesto para que yo cumpla mi trabajo como lugar de propaganda para mis creencias. Creo que usted tiene todo el derecho de poner todas las imágenes y propaganda religiosas que quiera en su casa o en su estudio jurídico particular el día que lo tenga. Pero no malverse los bienes públicos para beneficio personal o de su grupo religioso. Eso es ilegal e irrespetuoso del prójimo”, dijo.
Y amplió: “No me venga con lo de la misericordia y toda esa cantilena. Creo (con la misma firmeza con la que seguramente usted creerá en la historia que narra en su carta) que ninguna otra institución en la historia de la humanidad ha mandado matar y torturar más gente que la religión cristiana. Y -repito- no ando por la vida haciendo propaganda con fondos públicos. Llévese por favor la cruz a su casa y póngala donde le quepa”.
Por otra parte, Sebastián Florindo, editor de la sección «Filosofía» de la revista Pensamiento Penal, expresó una disidencia con la interpretación de la cruz como símbolo religioso. “Usted dice que la Cruz no ofende a nadie –le contestó públicamente a Rizzi- sin embargo creo que está equivocado. Mucha gente cree que con la cruz se mató, se mató en la historia mundial, se mató en la historia argentina, realmente no puedo afirmar que ellos estén en lo cierto, pero sí que es su creencia, y ante tal creencia, seguramente se sentirán ofendidos”.
