El Estado provincial fue condenado a pagar una indemnización de más de tres millones de pesos a un hombre que, mientras estaba detenido en la cárcel de Rosario, sufrió serias heridas al ser atacado a por un grupo de reclusos, golpes que le causaron una severa incapacidad física.
El violento incidente ocurrió, por el cual se expidió la Justicia, el 24 de mayo de 2007. Según un adelanto del programa «La mañana rosarina» de La Tres, la víctima fue herida con una chuza en el tórax, que le produjo una seria lesión el área cardíaca ventricular.
Desde entonces, el hombre debe ser asistido en forma permanente por sus familiares. En su resolución, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 afirmó que el detenido «se encontraba bajo custodia del EStado provincial, que por impresión debe asumir la obligación de asegurar la integridad psicofísica de quien está privado de la libertad, y proteger su salud y su vida».
Los jueces Horacio Allende Rubino, Mónica Klebcar y Néstor García consideraron que el Estado provincial «no supo o no pudo proveer a la seguridad del preso». Al iniciar la demanda, el joven consideró que padece una pérdida de chance futura por no poder acceder a una tarea laboral ni y de tener una actividad social o deportiva.
Los magistrados manifestaron que «si el Estado no puede garantizar la vida de los presos de nada sirven las políticas preventivas del delito, ni menos aún las que persiguen la reincersión social de los detenidos».
El juez Horacio Allende Rubino brindó una reseña del caso en el que le tocó intervenir. «Esta persona estaba alojada en el pabellón de los evangélicos. Un día fue trasladado al pabellón ordinario. Ese mismo día fue atacado por otro interno, donde con un cuchillo le produce heridas en el hígado y en el corazón. La víctima cayó al piso, sufrió un paro cardíaco. Llamaron al Sies. Lograron reanimarlo, pero quedó con gravísimas lesiones por la falta de oxígeno que tuvo mientras quedó técnicamente muerto, con el corazón detenido. Quedó con una incapacidad del ciento por ciento y no puede valerse por sí mismo, necesita de alguien que lo atienda», contó en declaraciones al programa «La barra de Casal» de La Red.
El magistrado indicó que la condena es contra la provincia porque si alguien está privado de la libertad, «el Estado tiene la obligación de protegerlo. El Estado debe velar para que cumpla su condena de resocialización, protegiendo su vida. El monto de la condena que se le impuso a la provincia tiene que ver con que esta persona necesita de alguien lo asista durante su vida. Nos pareció conveniente atribuirle el monto de un salario mínimo vital y móvil por todo el resto de su vida que sería el sueldo que le pagaría alguien que esté atiendiéndolo. Tomamos el promedio de vida para la Argentina que determina la Organización Mundial de la Salud que es de 76 años».
