Era una tarde tranquila. Un lunes de junio. El conductor circulaba por la ruta 157 en su camioneta 4×4 rumbo a San Miguel de Tucumán. Al pasar por la entrada a Bella Vista, su mirada hizo un mapeo de 360 grados. No venía nadie. ¿Para qué detenerse ante el semáforo en rojo?, habrá pensado. Ni siquiera intentó bajar un cambio. Aceleró con su vehículo, sin luces bajas encendidas. Y se perdió rápidamente en el camino.

La sorpresa llegó unos días después: dos fotomultas y casi $ 1.400 de sanción. No lo podía creer. Les sucede a muchos automovilistas cuando circulan en rutas. Suponen que nadie los controla. Y violan las normas una y otras vez. Hasta que ocurre lo imprevisible: una notificación por una infracción cometida en un sitio definido, a una hora establecida, un día bien específico.

Se enojan. Protestan. Se lamentan por lo que tienen que pagar. Y lo primero que hacen: buscar ayuda para recurrir la multa. Precisamente, este es el motivo por el que los tucumanos más solicitan la intervención del Defensor del Pueblo.

El dato sorprende a los propios funcionarios de la repartición. Claro, uno espera que la población acuda principalmente a esta institución para defenderse ante una estafa comercial, por daños al medio ambiente o por alguna situación que les afecta su vida diaria (derrame cloacal, falta de luz) y que no ha podido ser resuelta por un organismo oficial.

Tres por día 
Según las estadísticas de los últimos seis meses, en el ránking de los reclamos que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, las fotomultas ocupan el primer lugar.

En promedio, los abogados de la Defensoría asesoraron a tres infractores por día. Casi todos justificaron sus faltas: tenían una urgencia y no se dieron cuenta que estaban violando una norma. Algunos llegaron con más de una decena de multas. Creen que la sanción les tocó «por mala suerte». Reniegan contra las autoridades que los castigaron. Y se niegan a pagar.

«El tema del tránsito es muy preocupante. En Tucumán, muere una persona por día en accidentes y, en la mayoría de los casos, estos hechos se producen por imprudencias. En este contexto, lo que llama la atención es que, curiosamente, la gente no busca nuestra ayuda para mejorar la seguridad vial, sino que vienen porque cuestionan las multas que les han hecho por no cumplir con la ley», expresa el defensor del Pueblo, Hugo Cabral.Les guste o no, quienes trabajan en esta institución deben ayudar a los infractores cuando estos cuestionan el procedimiento a través del cual han sido sancionados. En la gran mayoría de estos casos, los transgresores tienen razón, señala el abogadoAlfredo Guillermo Linares, encargado del área municipios, comunas y seguridad vial.

«Los errores de procedimiento invalidan muchas fotomultas. La falla más frecuente es la falta de notificación en el lugar al infractor. La Ley de Tránsito dice que se lo debe detener en el momento o unos metros más adelante e informarle por qué se lo sanciona. Este detalle es fundamental para que el carácter de la sanción sea preventivo y no sólo recaudatorio», precisa el experto. Otro motivo por el que también caen algunas sanciones es porque en una ruta nacional no pueden controlar ni multar los gobiernos municipales, salvo que hayan firmado un convenio, añade.

En las actas irregulares que llegan a la Defensoría del Pueblo se ve claramente que entre el 85% y el 90% de los conductores sí cometió la infracción por la cual lo sancionaron. «Esto demuestra que para quien maneja está primero el derecho y después la obligación», apunta Linares. «Por eso, por más que los asesoramos, siempre tratamos de hacer un trabajo de prevención, de concientizarlos sobre el deber que tienen de cumplir con las normas de tránsito», resalta.

Fin recaudatorio 
Los especialistas analizan el problema de fondo: que los conductores creen poco en las normas y en quienes están para vigilar que se cumplan. «Es evidente que los controles tienen un fin recaudatorio más que preventivo. No sólo pasa en las rutas con los radares y las cámaras filmadoras. También pasa en la ciudad: cuando alguien maneja hablando por celular o pasa un semáforo en rojo, lo sancionan desde lejos y la multa les llega tiempo después. Así, casi nadie quiere reconocer ni pagar por la infracción cometida. Es necesario cambiar la imagen del agente de tránsito; su principal función debe ser la concientización y no la recaudación», distingue Linares.

Las quejas de los tucumanos por las multas que reciben son por hechos registrados en todas partes del país. Casi todas son infracciones cometidas en rutas de Santa Fe, Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires. Los motivos más frecuentes son por sobrepasar un vehículo en lugares donde hay doble línea amarilla, por exceso de velocidad, por circular con las luces bajas apagadas y por pasar el semáforo en rojo (todas faltas graves).

En Tucumán, la mayoría de las actas polémicas que llegan a la Defensoría son por infracciones detectadas en la ruta 157, a la altura de Bella Vista. Hasta hace un año allí había un radar con el cual se medía que los vehículos no circulen a más de 40 km/h (zona urbanizada). Después de varios problemas con conductores, las autoridades decidieron guardar este aparato y colocar cámaras en el semáforo ubicado en la intersección de la ruta nacional y la entrada al municipio.

Con esta tecnología, sancionan a los transgresores que no respetan la luz roja, que circulan sin luces bajas encendidas y que realizan arriesgados sobrepasos. Muchos de ellos se enfurecen cuando las fotos de las faltas llegan a sus manos. Recurren las multas. Y les dan la razón. Un círculo vicioso que nada ayuda a disminuir el peligro en los caminos.