No nos alcanza el marco teórico de las ciencias sociales para darle una explicación completa y acabada a los fenómenos sucedidos en Córdoba: auto-acuartelamiento policial, saqueos violentos, vecinos sheriffs que golpeaban “por las dudas” a los sospechosos, extorsiones policiales azuzadas por el caos, inacción e inutilidad política para resolver el conflicto a tiempo, sensación de abandono de la ciudadanía, rebrote racista, gendarmería llegada tarde y una réplica del conflicto cordobés en el resto del país.
Sin embargo, todo este cóctel explosivo no es sino el emergente de problemas mucho más complejos.
Plantearemos algunos interrogantes para intentar entender la que se ve y lo que no de la crisis, cuestiones que consideramos urgentes para ser discutidas colectivamente.
¿Por qué en Córdoba?
No es casual que la crisis policial que desbordó lo social se haya producido en esta provincia, que posee características propias en la gestión de la seguridad que la hacían – y la hacen – caldo de cultivo del caos.
En 2004, durante el segundo mandato de De la Sota, Córdoba fue el único distrito que firmó un convenio de asesoramiento con el Manhattan Institute for Policy Research, quien aseguró que los limpiavidrios y las prostitutas eran “terroristas urbanos”. Dicho instituto fue el responsable de la aplicación de las políticas de Tolerancia Cero en Nueva York durante los 90’ cuando gestionaba el alcalde Rudolph Giuliani.
A partir de este momento aumentaron de forma sorprendente la cantidad de detenidos por el Código de Faltas en un 715% en seis años, y se engrosó la cantidad de policías, aumentándose un 50% desde 2006 a 2012.
Otro aspecto propio de la Docta es que estalló el escándalo de la narco-policía en la que se encuentran 10 policías detenidos (entre ellos el jefe de la división drogas peligrosas) acusados de casos de narcotráfico, secuestros, robos comandos y procedimientos en los que “plantaban” droga para hacer falsos positivos. Sin embargo, la gestión de la seguridad optó en Córdoba por negar el problema, descabezando a la policía y al Ministerio de Seguridad, pero dejando en su reemplazo, funcionarios con la misma concepción represiva de la seguridad.
¿Habrá reformas policiales?
Desde el retorno de la Democracia, sucesivos gobiernos constitucionales han cedido la gestión de la seguridad en manos de la policía a cambio de niveles tolerables de delito. La autonomía policial permitió la participación de la fuerza en economías delictivas complejas como el narcotráfico, el reclutamiento de jóvenes para el delito y la aplicación férrea de la violencia institucional contra sectores marginados para asegurarse lo producido de los mercados ilegales o como forma de investigar de delitos.
¿Qué modificaciones propondrá el gobierno provincial en el manejo político de la seguridad para evitar otra sublevación policial? Sin reformas de la estructura policial, ¿qué nos asegura que cuando el aumento obtenido quede ya desactualizado, no se utilizará los mismos medios extorsivos – y exitosos a sus pretensiones – para un nuevo reclamo salarial?
¿Resolución?
La policialización de la Provincia erigió a la seguridad en el eje para pensar lo político, pero entendió por ello mano dura y represión. Este acotamiento del problema de la seguridad generó que no puedan comprenderse problemas complejos. Cuando falló la represión –constituida en dispositivo de gubernamentalidad – se desmoronó el lábil mecanismo que garantizaba la convivencia pacífica. ¿Cómo se resuelven conflictos complejos como el narco-escándalo o el acuartelamiento policial si dichos problemas no son para el gobierno parte de la seguridad?
¿Por qué la propiedad privada?
En los últimos años, Córdoba ha transformado su topografía urbana producto del fenómeno de la seguridad, construyéndose un verdadero apartheid social: country y ciudades barrios son la expresión de la oposición de los extremos de la pirámide social y el nacimiento de un pacto social roto precisamente por la seguridad.
Reclusión voluntaria de los “afortunados” por miedo a la inseguridad y reclusión obligada de los “desafortunados” por miedo también a la inseguridad. Esta construcción clasista trae consecuencias a la hora de hablar de un tejido social. ¿Cuáles son las derivaciones de la desigualdad socio-espacial? ¿Cuál es el resultado de una sociedad que distribuye por igual las necesidades de consumo pero no distribuye por igual los medios para acceder a él? ¿Por qué frente a la ausencia de coerción fue el robo y el linchamiento (uno para obtener la propiedad como sea y el otro para conservarla a cualquier costo) los delitos cometidos y no otros?
¿Espontáneos u organizados?
Las causas de fenómenos sociales complejos nunca pueden ser lineales y monocausales. Pensar que los saqueos fueron todos espontáneos es de una gran ingenuidad y desprecio por el factor de presión que jugaron a la hora de la negociación; pero pensar que todos estuvieron organizados para perturbar la democracia es minimizar la responsabilidad política en su producción al atribuirle toda la culpa a grupos desestabilizadores –quienes por cierto, a 30 años de la democracia siguen allí –.
Los análisis sobre la situación vivida en Córdoba buscan compararla con los saqueos de 1989 durante la hiperinflación y de 2001 durante una de las crisis socio-política más grande la historia. Sin embargo, creo que los saqueos fueron un condimento del acuartelamiento policial y no al revés. Los saqueos se producen aprovechando la falta de policías, y no viceversa. Entiendo entonces que debería compararse este episodio con el acuartelamiento policial que ya vivimos en Córdoba en 2005. ¿Qué diferencias hubo en el desenlace? La principal distinción es que ahora el gobierno sí cedió ante el reclamo de los policías y no hubo ninguna sanción para los acuartelados. ¿Qué diferencias hubo en la negociación? Los saqueos. En otras palabras, ¿por qué dos acuartelamientos de la misma policía tuvieron un resultado distinto? ¿Con qué herramienta de presión contó ahora la policía? Allí se inscriben precisamente los saqueos como un dispositivo de presión política para la negociación.
Cuando se piensa en la organización de los saqueos siempre se remite a un grupo desestabilizador de la democracia que aprovecha las coyunturas políticas para participar políticamente. Sin embargo, la rápida vuelta de la policía a las calles tras conseguir en su mayor parte lo reclamado, habla a las claras que, por más que se haya puesto en vilo las instituciones, el reclamo no era destituyente sino salarial.
Sin embargo, frente a esa organización pre-política, hay que analizar cuáles son las condiciones de la policía y de la sociedad. Una policía verticalizada, estructuralmente corrupta, que participa activamente en las economías delictivas y autogobernada por pactos con los gobiernos por un lado; una sociedad fragmentada, en la que no existen mecanismos sociales e institucionales de interacción policlasista, con una gran brecha socio-espacial y en las que policía juega el rol de apartar las clases sociales impidiendo que los sectores excluidos participen de los espacios construidos para las clases media y alta, por el otro, son las condiciones propicias, con altas responsabilidades de los gobiernos, para que, ante la ausencia del único dispositivo gubernamental de resolución de conflicto, esto es la policía, la sociedad estallara por los aires. Si el gobierno entendió que Estado es más policía, su deserción causó la sensación de no-Estado. ¿Qué rol juegan las demás instituciones en el fortalecimiento de los lazos sociales? ¿Cómo construir ciudadanía por fuera de la policía? ¿Cómo construir más Estado sin tanta policía?
¿Derechos laborales?
Aumentar la cantidad de policías sin un reflejo en sus derechos laborales fue la gota que rebalsó el vaso de un conflicto que podía estallar en cualquier momento. Y estalló de la peor forma. Guardias interminables de 24horas, recargos sin pago de horas extras, sanciones de arres to absurdas son, entre otras, parte de la cotidianeidad del policía de calle que forma parte de una institución que ejerce la autoridad mediante el autoritarismo hacia afuera y hacia adentro. Sin embargo, violarle sistemáticamente derechos laborales a una fuerza de seguridad que se ha transformado en un ejército armado es peligroso.
¿Qué modificaciones dentro de la policía se producirán para desactivar los reclamos salariales extorsivos? ¿Qué mecanismos de diálogo se entablarán para permitir discusiones laborales entre las bases policiales y el gobierno?
¿Crisol de razas o fundición de racismo?
Argentina fue un país que se construyó sobre el relato de la descendencia europea, quedando inmortalizada en el mito que dice que “los argentinos descendemos de los barcos”. Así, el discurso oficial siempre sostuvo que ante la inexistencia de negros, no existiría el racismo. Dicha Argentina imaginada borró también la huella precolombina en la composición poblacional.
Los recientes acontecimientos demostraron que más que un crisol de razas, Argentina se compone a partir de un crisol de racismos. El “negro” rebrotó en las redes sociales como el culpable de todos los males. Pareciera que en momentos de no acuartelamiento, es la policía quien ejecuta el racismo de la sociedad. Ante la ausencia de las fuerzas de seguridad, la sociedad expresa su racismo sin mediación.
¿Qué universo de sentidos representa el estigma «negro» en Argentina? ¿Quiénes son los “negros” convertidos en mano de obra policial? ¿Por qué el poder punitivo del Estado se re-direcciona a ellos? ¿Cómo se construyeron en enemigos de la seguridad? ¿Qué tipo de consecuencias acarrea la construcción de un sistema de estratificación socio-racial? ¿Cuáles son las secuelas que deja en la subjetividad de las personas estigmatizadas como “negros”?
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A 30 años de la democracia los argentinos debemos darnos la oportunidad de poder discutir colectivamente estos y otros interrogantes para profundizar aún más la democracia. La represión y la mano dura han sido más bien causas que soluciones a los problemas. No es con el recorte de derechos que se sale de la crisis, sino por el contrario, extendiendo derechos a todos los ciudadanos.
Walter Benjamín expresa magistralmente las contradicciones en las que se encuentra ínsita una democracia cuyo único mecanismo de mediación es la represión: “Para cuidar lo permitido se combate lo prohibido haciendo uso de los mismos mecanismos que se prohíben”. Nos queda como interrogante qué salidas a la violencia que no sea violentando a los violentos propondremos como alternativa.
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