San José, Costa Rica, 17 de febrero de 2012. El 9 de febrero de 2012 fue una jornada de pesar para la justicia y para la causa de los derechos humanos en el mundo entero. Baltasar Garzón Real fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Supremo a once años de inhabilitación en el ejercicio de la judicatura. El fallo –emitido en el proceso por la intervención de las conversaciones telefónicas entre los prisioneros y sus abogados en el caso Gürtel- contradice la posición de la Fiscalía, que lo calificó como «fraude de ley» y pidió que se desestimaran los cargos.
Baltasar, profesor principal de los Cursos Interdisciplinarios del IIDH en 2000 y 2011, es un jurista íntegro, reconocido porque siempre ha actuado con honestidad y sin tapujos, tanto en su país como en nuestro continente, frente a los graves delitos del pasado –las violaciones a los derechos humanos- y los fenómenos criminales del presente –la corrupción, el terrorismo y la delincuencia organizada. Por ello, se le admira y se le respeta.
En las clases que impartió en los cursos del IIDH, enseñó con palabras y con su trayectoria, que la defensa judicial no es otra cosa que la garantía de los derechos humanos de los imputados, lo que no hay que confundir con la trama alevosa concertada entre abogados representantes y reos para encubrir operaciones delictivas desde la cárcel. Enseñó también que para proteger los derechos humanos hoy, la justicia está llamada a desentrañar y perseguir delitos graves –como la corrupción y la criminalidad organizada-, que minan la seguridad ciudadana, atentan contra la moral de la sociedad y disminuyen los derechos de la gente. Baltasar nos ha demostrado con su ejemplar magistratura, que este es un deber congruente con la ética de la abogacía y la razón de ser de la justicia.
Garzón también nos ha enseñado que un juez debe ser respetuoso del derecho internacional de los derechos humanos, el que debe interpretarse justamente, con fundamento en el principio «pro persona humana» -pro homine-, considerando los derechos reclamados “en cumplimiento del mandato judicial de dar protección a las víctimas frente a unos hechos delictivos” que lesionaron sus derechos humanos.
Para la justicia resulta inadmisible que se enjuicie criminalmente a un Magistrado por los actos que decida en el ejercicio de sus funciones, como se ha hecho de manera tan superflua en los tres procesos incoados contra Baltasar Garzón. En cuanto a su procesamiento por los crímenes del franquismo en un Estado democrático, ¿cómo es posible que un juez haya tenido que responder penalmente por haber abierto un proceso por crímenes imprescriptibles, sobre la base de una interpretación legal apegada al derecho internacional y, por ende, a las obligaciones de derechos humanos del Estado español?
Por otra parte, la decisión del tribunal español rebaja la credibilidad del sistema de justicia en el asesoramiento y promoción que brinda a los órganos judiciales latinoamericanos respecto de las garantías e independencia de los jueces/as en sus actuaciones ante la impunidad, la criminalidad y la corrupción.
El 9 de febrero de 2012 en España condenaron a un buen juez y magistrado honesto. Desde que le conocimos, en agosto de 2000, nunca temió asumir riesgos, “aunque en ellos lleve implícito un resultado adverso para sí mismo”, como lo dijera en su conferencia magistral dictada el 10 de agosto de 2011 en el XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. En esa ocasión, al caracterizar al juez de derechos humanos dijo que “tiene que ser un juez apegado a la legalidad, un juez comprometido claramente con la sociedad, un juez independiente, científicamente preparado para que pueda resistir los ataques y los intentos de corromperlo no solamente económicamente, también psicológica y socialmente”.
IIDH está convencido de que una nueva generación de jueces/as, fiscales/as y abogados/as en España revertirá «más temprano que tarde», los efectos de esta decisión injusta en contra del profesor Baltasar Garzón Real, un juez independiente y honesto, símbolo de la ética judicial comprometida con la protección eficaz de los derechos de las víctimas en España y en nuestra América.
