Internos de la Unidad Penitenciaria N°11 elaboraron una nota denunciando lo agresivo e invasivo del accionar policial cuando llega el momento de las visitas. Según narran, la violencia psicológica que se ejerce tanto hacia ellos como hacia sus familias es destructiva de lazos.
Nueva metodología de vejamen
Si bien es cierto que la resolución del habeas corpus presentado por los señores defensores de cámara constituye un gran avance en procura del respeto hacia nuestros familiares y/o visitantes relacionado con las requisas vejatorias que venía realizando el personal de la unidad, la solución que ha encontrado la institución es no permitir las visitas en los lugares de alojamiento de los internos, como venía ocurriendo desde hace muchos años aduciendo que por razones de seguridad implementarán, ahora, la ley de ejecución, o sea que se reconoce abiertamente que jamás se hizo y pretenden seguir con el hostigamiento hacia la visita, claro que cambiando la metodología. Pues el lugar destinado a tal efecto debería ser, según la autoridad, en un salón de pequeñas dimensiones, sin las mínimas comodidades, con un solo baño para visitantes e internos, por donde transitan mujeres, niños, personas mayores, etcétera. Es dable acotar que nunca jamás existió problema de ninguna índole cuando la visita entró a los lugares donde habitamos los internos (alojamiento), teniendo una verdadera intimidad, entiéndase por intimidad no el solo acto sexual propiamente dicho. Este proceder por parte de la policía, necesariamente termina en discordia, pues entendemos que la comodidad de los visitantes debe garantizarse. Aplicándose este sistema de visitas, nuevamente los detenidos quedarán relegados pura y exclusivamente al ámbito carcelario ya que no están las condiciones para que esta nueva normativa opere y cumpla la exigencia constitucional, entendiendo que la familia es el pilar fundamental en donde debe necesariamente hacer hincapié el tratamiento penitenciario, además de ser estos (familiares) los únicos contenedores emotivos y económicos, existiendo una ausencia total del Estado.
Claramente se está buscando la reacción negativa de la población carcelaria, últimamente se buscó con insistencia el diálogo y usando la vía legal constitucional para ello. Lo que ha constituido una gran evolución por parte de los internos recluidos que sufren estos atropellos, pero de esto, aún, no surge el efecto deseado y pretendido, diariamente inculcándose el motín, huelgas de hambre, autolesiones, etcétera, como formas de reclamos que hacen en esencia desvirtuar dicho pedido.
La seguridad aducida por personal policial es que se pueden entrar a la unidad cuchillos, drogas, etcétera. Las experiencias dicen que jamás un interno o empleados fueron agredidos con armas traídos de la calle y con relación a las drogas es como si se pensara que el consumo de ellas es potestad exclusiva de detenidos o visitas, obviamente razonamiento bastante limitado, teniendo en consideración que este flagelo está arraigado en toda la sociedad sin respetar ninguna clase social, penando siempre al consumidor y rara vez al proveedor o participantes que miran para otro lado, claro que por un interés monetario. Según el personal policial se va a aplicar la ley de ejecución penal, vigente desde 1996, es por ello que dividen los sectores de visitas y lugar de alojamiento de los internos, dando también la visita de reunión conyugal en un espacio no adecuado, dos horas cada quince días, o sea imponiéndole hasta cuándo tiene que tener intimidad el interno con su pareja, día y hora. Esto es humillante para cualquier mujer, pues tiene que entrar a ese lugar, con el colchón tirado en el piso, siendo sometida a miradas burlonas y capciosas por parte del personal que en nada ayuda a fortalecer esta relación; muy por el contrario, cualquier persona en su sano juicio no lo toleraría ni menos ordenaría este nuevo tipo de vejamen, ya no físico sino más grave aún, psicológico. Además que la ley de ejecución penal N°24660 ordena un sinfín de normas, como la existencia de un gabinete técnico criminológico, un tratamiento individualizado, avance en la progresividad del régimen penitenciario, talleres, trabajo remunerado, asistencia social, ayuda a internos y si fuera posible ayuda para sus familias, ayuda del patronato de liberados ya que cuentan con un presupuesto anual para tal fin, etcétera, y nada de esto ocurre, pero sí atacando la vulnerabilidad del interno, rompiendo sus lazos más íntimos, desgastándolos, invirtiendo el imperativo constitucional, emanado de la ley de ejecución penal, donde reza que los lazos familiares deben ser facilitados y estimulados.
