Javier Aragón/ De la Redacción de UNO
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Hay dos partes en una condena: que la llegada a la conclusión de la pena sea contundente y que la misma no viole el debido proceso del acusado. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza el planteo formulado por un condenado por violación, en el que alerta que se le vulneró su derecho de defensa en el juicio que se lo sentenció a 13 años de cárcel tras habérselo encontrado culpable del abuso sexual con acceso carnal de una menor que era su sobrina y que producto de ello quedó embarazada.
UNO conoció que hace un tiempo Carlos Jorge Chávez, de 55 años, quien se encuentra alojado en la cárcel de Paraná, acudió al organismo internacional luego de que tanto en las instancias máxima de la Justicia en Entre Ríos como en la Nación rechazaran el planteo de revisión de la condena.
Cuestión formal o de fondo
¿Qué es lo que reclama Chávez? Que fue afectado el debido proceso en el juicio que se hizo a puertas cerradas en la Sala II de la Cámara del Crimen. En el debate oral los testimonios y las pruebas comprometieron al procesado de ser el autor de los abusos sexuales de su sobrina de 15 años, y producto de los actos sexuales en contra de su voluntad, quedó embarazada. Sin embargo, el acusado grita a todos los vientos que en medio del debate se lo obligó a salir de la audiencia y de esa manera no pudo escuchar el testimonio de la víctima, que declaró dando detalles de interés a las partes.
El abogado defensor consintió el traslado del procesado a otro sector de Tribunales hasta tanto declarase la menor víctima.
De esta acción es que se toma Chávez para ir en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia, y en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En las dos instancias se lo rechazó por entenderse que hay jurisprudencia que avala que un testigo o una víctima pueden pedir que se retire al acusado, frente a la posibilidad de sentirse amedrentada a brindar su testimonio.
UNO ha participado de varios juicios en Paraná, donde a pedido de las partes y la aceptación del tribunal, el acusado es sacado de la sala para que se pueda escuchar sin inconvenientes el testimonio. Con posterioridad, el tribunal le informa al acusado lo que se ventiló en la declaración, siempre con la presencia en el acto del defensor técnico.
Derecho vulnerado
Chávez realizó los planteos con distintos abogados, hasta que finalmente el exdefensor oficial de la Justicia de Paraná, hoy jubilado pero trabajando en causas privadas, Alberto Silva Velazco, lo asesoró para llegar hasta la CIDH.
El exfuncionario judicial contó a UNO que si bien el fallo puede ser justo, el mismo puede ser declarado arbitrario si se establece que fueron vulnerados tanto el debido proceso como el derecho de defensa del acusado.
“El planteo se lo formuló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en definitiva deberá resolver el tema, para lo cual si se llega a la misma conclusión que nosotros vemos hará la presentación ante la Corte Interamericana de Justicia que resolverá qué condena se dispone a la Justicia Argentina que violó los principios básicos en cualquier juicio”, informó el abogado Silva Velazco.
Con respecto a la causa, indicó que la CIDH recibió la denuncia, y tras analizarla le pidió a la Justicia argentina, a través de la Cancillería, que contestara las observaciones verificadas por los expertos internacionales. “El problema es que se le dio un plazo de dos meses para contestar las observaciones y el tiempo pasó sin que se enviara ninguna respuesta al organismo. ¿Qué pasó? Es lo que queremos saber, porque, hipotéticamente si la Argentina no informa sobre este hecho, como mínimo sería sanción y multa millonaria en dólares, para luego tener que esperar una condena directa de la propia Corte Interamericana”, reseño el letrado.
Silva Velazco indicó: “Por informaciones recibidas, entendemos que el reclamo de las observaciones enviadas a la Cancillería Argentina llegaron al Superior Tribunal de Justicia, pero por motivos que desconocemos no fue contestado como debería haber sido ante el pedido de la CIDH”.
El exdefensor oficial informó que ante esto hizo un nuevo planteo formal y por escrito para que se explique qué pasó y lo oficializó al organismo de Justicia entrerriano a través de la presidenta, Leonor Pañeda.
Buscando la respuesta oficial del STJ
En la nota ingresada al STJ Chávez a través de su abogado defensor pide:
– Se le informe si ese alto cuerpo, ha recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, vía Cancillería, requerimiento de que se envíe a dicha Comisión constancia de todo lo actuado en la causa.
– Esta solicitud obedece al hecho puntual de que la CIDH, tiene en estudio un planteo formulado por el Sr. Carlos Jorge Chavez, Expte P-984-07 Argentina, e intimó al Gobierno de Argentina, fijando el plazo de dos meses para que presente sus observaciones.
– Destaco para conocimiento, que el Sr. Chavez en el momento del plenario, y cuando ingresó a declarar la víctima, fue por orden del Tribunal de Juicio, retirado del recinto y no pudo llevar adelante el control efectivo de dicha prueba. Tal circunstancia es la que tiene en estudio la CIDH por presunta violación al debido proceso y defensa en juicio, la que de prosperar, podría originar responsabilidad seria para el Estado nacional.
– Según informe de Cancillería vía telefónica a mi representado, se requirió al Superior la remisión de la información que más arriba señalé, pero informaron que al día de hoy no se recibió absolutamente nada. Destaco que el gobierno nacional solicitó prórroga del plazo de dos meses y la CIDH no hizo lugar. El mismo se encuentra vencido desde el año pasado.
