Córdoba > Un comisario que está acusado de ordenar detenciones en Córdoba para elevar las estadísticas favorables de los procedimientos, existieran o no contravenciones, será sometido a juicio para determinar si incurrió en «abuso de autoridad y coacción».
La solicitud fue realizada por el fiscal Pablo Molina, quien pidió la elevación a juicio para el comisario Pablo Márquez, acusado de ordenar detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas del destacamento que presidía.
Márquez está imputado por «abuso de autoridad reiterada» en seis hechos y un episodio de coacción agravada contra una subordinada, mientras que además se solicitó que se le impute el delito de «privación ilegítima de la libertad».

Acusación inicial
Una mujer de 32 años con grado oficial subinspector fue quien acusó en noviembre de 2012 al oficial por obligarla a ella y a los otros subordinados a perpetrar detenciones ilegales, es decir ordenarles la aprehensión de ciudadanos con o sin motivos.
El comisario pretendía que se realicen estas detenciones con el objetivo de «hacer número» y mostrar una ficticia eficacia policial», según se lee en la declaración de la policía; en ese momento, Márquez era titular de la División del Comando de Acción Preventiva (CAP).
Días después se conoció que había dos denuncias anteriores de otros subordinados contra el comisario y, según los denunciantes, los testimonios recogidos en la causa y el escrito del fiscal, cuando los agentes no llevaban detenidos, eran obligados a trabajar horas de más.
En tanto, declararon que aquellos que detenían a más personas eran reconocidos como «empleados del mes» con una foto pegada en la Comisaría.
El entonces jefe de Policía y hoy ministro de Seguridad, Alejo Paredes, negó en noviembre de 2011 que existieran órdenes desde la Jefatura para que el personal de calle haga detenciones arbitrarias.

Quejas por uso abusivo
En marzo de 2012 se conoció que tras las denuncias, bajaron de 400 a 150 los detenidos al mes en la división que comandaba Márquez.
El abogado de los policías, Carlos Nayi, indicó anteayer que además de ser quienes denunciaron a Márquez, los efectivos se constituyeron en querellantes de la causa y que solicitará que se lo acuse al comisario por «privación ilegítima de la libertad».
El caso Márquez se da en el marco de las quejas de organizaciones sociales y políticas sobre el uso abusivo que la Policía hace del Código de Faltas y en especial se critica que son jóvenes de sectores vulnerables los más afectados ya que muchas aprehensiones se fundarían en el origen social, económico y geográfico de los detenidos.
Todavía se desconoce si el juicio contra el comisario se concretará este año o durante el 2014.

fuente http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/4/21/ira-a-juicio-por-detenciones-sospechosas_184858