El llamado de la Corte Suprema para que los jueces diseñen –organizados en tres comisiones– una reforma que acelere los juicios penales, desató una fiebre de protagonismo en algunos sectores del Poder Judicial. Una mayoría de los jueces de la Cámara de Casación decidió que ellos mismos integrarán la comisión en cuestión y quedarán afuera sus colegas federales de instrucción y camaristas porteños y del país. La Cámara del Crimen, con otro criterio, organizó subcomisiones para que participen las sesenta personas (entre secretarios y jueces inferiores) que se anotaron por estar interesadas. Los tribunales orales tendrán cinco representantes elegidos en una suerte de pacto tácito de la Corte con la Asociación de Magistrados.

El problema de los plazos exorbitantes que puede insumir el trámite de un caso penal (hasta más de 14 años) y el desborde de los tribunales orales (en especial los federales) son de muy larga data. En una etapa en la que intenta consolidar su poder y su liderazgo, la Corte Suprema decidió meterse en el asunto por primera vez. La semana pasada firmó una acordada que ordena crear tres comisiones de cinco integrantes cada una para que se ocupen de hacer en noventa días un diagnóstico y propuestas que permitan terminar con los juicios eternos, una práctica alimentada por los propios jueces y abogados expertos en poner obstáculos y chicanas.

Un informe de Casación que señala más de 3000 causas atascadas en los tribunales orales federales reavivó el tema. Pero, además, Justicia Legítima venía reclamando una reforma procesal que eliminara los procedimientos escritos e instalara audiencias orales y convirtiera el sistema en acusatorio (los fiscales investigan, los jueces resuelven). La semana pasada se presentarán en el Congreso.

Según la acordada suprema, Casación debe armar una comisión que se ocupe del “funcionamiento de las cámaras federales y juzgados federales de primera instancia”; la Cámara del Crimen, debe armar otra que trabaje sobre “la Justicia nacional, de ambas instancias, de menores y ejecución penal”; y estipulaba una comisión de tribunales orales sin decir quién la designa. Todos los jueces firmaron la iniciativa menos Carmen Argibay, quien comentó informalmente que los jueces están para ocuparse de dictar sentencias. Tampoco firmó Enrique Petracchi.

En el corazón de la Corte, Ricardo Lorenzetti le delegó al secretario general Alfredo Kraut la tarea de organizar a los jueces y dar directivas. En las reuniones que mantuvo, les indicó que deben apuntar a reformas internas, reglamentarias y bien prácticas; de la reforma del Código Procesal Penal, dijo, que se ocupen los legisladores. Todos los que desfilaban por su despacho iban con el speech de que a nadie le interesa figurar ni posar para la foto, sino trabajar. Sin embargo, en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ) se los ve en una galería fotográfica posando con su mejor sonrisa. Kraut les pidió informes quincenales, para poder ir publicando en esa página y mostrarse “proactivos”.

Su primera reunión fue el martes con jueces de Casación. Trató de dejarles en claro que las comisiones deben estar integradas sólo por jueces, ya que alguien había deslizado que hubiera sido bueno abrir la invitación a juristas y académicos. Ayer los casadores, por mayoría, autodesignaron a cinco de ellos, en función de una propuesta del subrogante Luis Cabral –presidente de la Asociación de Magistrados– y Juan Gemignani. Casi terminan a las patadas, porque todos querían estar. Al final, quedaron el presidente de la Cámara, Gustavo Hornos, Ana María Figueroa, Liliana Catucci, Angela Ledesma y Gemignani. Ledesma, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky cuestionaron que la Casación se arrogue la representación de los juzgados y cámaras de todo el país, pero quedaron en minoría. Le preguntaron a Hornos si no había consultado a camaristas del resto de país (ya que preside la Junta de Cámaras) y les devolvió un tajante “no”. En un congreso el viernes último, Slokar había dicho: “Si los problemas son los jueces, los jueces no pueden ser la solución”.

En la Cámara del Crimen, el procedimiento fue casi opuesto. La presidenta del tribunal, María Laura Garrigós de Rébori, también titular de Justicia Legítima, mandó mails a todos los agentes judiciales de Capital Federal y preguntó quiénes querían participar: recibió 60 respuestas positivas. Ayer cuando se reunió con Kraut le dijo que quería buscar el modo de que todos intervinieran. Pero antes le advirtió con ironía: “Mirá que me debés el auto que les diste a todas las demás cámaras”. Se refería a que este año todas las cámaras de apelaciones, excepto la suya, la Penal Económica y la de Seguridad Social, habían recibido autos Renault Fluence cero kilómetro para uso de sus miembros. Casualmente ella y Marcos Gravibker, de Penal Económico, habían manifestado discrepancias con una carta enviada por esos días a la Casa Rosada para que la Corte mantuviera el dominio del manejo del presupuesto. Garrigós también le comentó a Kraut que ayudaría mucho a agilizar los juicios que se constituya la Cámara de Casación Penal ordinaria, cuyos miembros ya recibieron acuerdo del Senado hace dos meses, pero el Gobierno no publica los nombramientos supuestamente por falta de un edificio. Es posible que las subcomisiones las coordinen Garrigós, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Lucini, Marcelo Scotto y Ricardo Pinto.

Garrigós y Pociello comieron masitas de la confitería La Pasta Frola con Kraut. Cuando llegaron los jueces de tribunales orales ya casi no quedaba ninguna. Este grupo fue diplomáticamente elegido por la propia Corte y la Asociación de Magistrados entre 231 jueces de 77 tribunales de todo el país: Karina Perilli, Diego Barroetaveña, Ivana Bloch, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Jorge Tassara y Daniel Petrone. Oscar Hergott se presentó, ofendido, porque quería participar y no lo habían invitado. Al final del encuentro, algunos dijeron que intentarán armar subcomisiones con colegas de otras provincias.

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