La reforma procesal penal que el Gobierno impulsará para instalar un sistema acusatorio cosechaba ayer guiños en las diversas entidades de jueces. Al mismo tiempo se conocieron reacciones y algunos gestos implícitos por parte de los juzgados federales de primera instancia, donde el oficialismo prevé las mayores reticencias. El proyecto anunciado por Cristina de Kirchner logró consenso en sus líneas generales: las disputas aparecerán cuando se discuta la letra chica.
El anuncio en realidad no estaba previsto para la noche del martes. El adelantamiento sorpresivo, en medio de la promulgación del Código Civil y Comercial, hizo imposibles las presencias de las dos cabezas del Ministerio Público Fiscal: la procuradora Alejandra Gils Carbó y la titular de la Defensoría General Stella Maris Martínez no estuvieron en el anuncio más trascendente para las dependencias que conducen.
Ayer por la tarde la titular del grupo Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori ya se pronunciaba a favor de la reforma. Más cauto se ha mostrado Luis María Cabral, titular del gremio de jueces por la lista Bordó. Puede que tampoco sea necesario: hace dos años fue al Congreso con 200 firmas de jueces penales de todo el país que pedían por el sistema acusatorio, labor en la cual contó con el apoyo de la camarista de la Casación Penal federal Ángela Ledesma. Ese documento sería ahora una suerte de guía para conocer apoyos y resistencias.
Justamente el proyecto motivó cuestionamientos y algunas conversaciones entre los jueces federales del segundo y el tercer piso de Comodoro Py. Entre estos magistrados, especialmente los más antiguos, está instalada la preferencia por un sistema inquisitivo que los habilita a decidir sobre qué expedientes instruir y cuáles trasladar al fiscal. Filosóficamente, rechazan que un sistema acusatorio implique necesariamente un mayor respaldo a las garantias.
En uno de esos conciliábulos se escuchaba el caso de Alemania, país con sistema inquisitivo y elogiado por los tribunales de la Unión Europea por su elevada capacidad para custodiar los derechos de los litigantes. Ideas que no sólo tienen eco en Comodoro Py: hace dos años Enrique Bacigalupo, exjurista estrella en el Tribunal Supremo de España, explicó en una conferencia en la Universidad Austral que si los fiscales no investigan o son deficientes en sus pericias el juez se queda sin elementos y se violenta el derecho de las personas cuando deciden acudir a los tribunales. Esa tarde lo aplaudieron, desde las primeras filas, varios jueces federales.
Al tanto de estas cuestiones, el oficialismo tiene la idea de lograr una implementación, en caso de que el Congreso apruebe la reforma, gradual y que comience por las jurisdicciones más periféricas de la Justicia federal. En Chile, caso mencionado por la Presidente ayer, se organizó de ese modo y pasaron años hasta que el sistema acusatorio llegó a las instancias decisivas de Santiago.
Desde los partidos de la oposición habrá, se descuenta, señalamientos a la figura de Gils Carbó a pesar de que figuras como Patricia Bullrich o Margarita Stolbizer ya se hayan pronunciado a favor del cambio de sistema. La letra chica de la reforma tendría la posibilidad -la Constitución no lo prohíbe de apuntar hacia las leyes orgánicas del ministerio público de modo que la figura del procurador deje de ser vitalicia, tal como sucede en gran parte de las provincias, donde el mandato del jefe de los fiscales suele ser limitado.
Si bien entre algunos de los aspirantes a la presidencia se da como un trámite la salida de la procuradora en la próxima administración -en caso de un triunfo electoral, claro-, la Constitución señala que si ésta no renuncia su salida debe decidirla el Senado.
La naturaleza del mandato del jefe de los fiscales viene acompañada de otras observaciones más técnicas, como la necesidad de la implementación de una policía judicial (actualmente el medio para las investigaciones son las fuerzas de seguridad que dependen del Ejecutivo) o la instauración de un organismo como el Consejo de la Magistratura desde el cual establecer mayores controles a los fiscales tanto para su designación como para su remoción.
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