Jueces del fuero penal ordinario enviaron ayer un documento al Congreso con cuestionamientos y observaciones a la aplicación de la reforma Procesal Penal. Los proyectos para instaurar el modelo acusatorio (que le da a los fiscales el control en la instrucción de las causas) se discutirán en una Comisión Bicameral en la cual hasta ahora sólo están designados los representantes del kirchnerismo (ver nota aparte). A esa comisión llegarán en los próximos días misivas similares, con firmas de magistrados de distintas zonas del país.
En todos esos textos se cuestionan las atribuciones de la Procuración y el hecho de que el sistema acusatorio no llegue al fuero federal porteño, donde tramitan las causas que afectan a funcionarios y a allegados al Gobierno.
La embestida contra la puesta en movimiento de la reforma unifica, como ha sucedido en el pasado, tanto al gremio de empleados que controla Julio Piumato como al gremio de jueces que dirige el camarista del fuero civil y comercial Ricardo Recondo, referente de la lista Bordó. En estos sectores ya se da por descontado un supuesto entendimiento entre los jueces federales y el oficialismo: menor velocidad en casos explosivos como contrapartida de la excepción inicial en la implementación de la reforma procesal.
Ese esquema debe complementarse con las acusaciones del kirchnerismo al exespía Antonio «Jaime» Stiuso. El oficialismo descubrió en el verano que cargar contra la clandestinidad daba por resultado buena imagen en ciertos despachos. Por ejemplo, el juez Rodolfo Canicoba Corral es uno de los más entusiasmados con la salida de Stiuso y en su última velada dedicada al truco y las intrigas deslizó tener lista una orden de captura en la causa en la cual la SIDE denuncia la falta de documentos en la investigación de la causa AMIA. Una ambición que no tiene inconvenientes en obviar la doctrina que dice que el paso previo es la orden de averiguación de paradero, tal como el jueves último recordaba María Servini de Cubría.
La Cámara del Crimen es ahora el epicentro del rechazo al modelo acusatorio. El pasado viernes en una reunión organizada por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, el camarista Rodolfo Pociello Argerichexpresó una batería de objeciones al sistema acusatorio y sembró nuevamente las dudas sobre el destino de casi 700 empleados que ya no tendrían lugar, cuando los juzgados de primera instancia se conviertan en juzgados de garantías. El camarista mencionó que el proyecto de reforma habla de 48 direcciones generales en el ámbito del ministerio público fiscal, pero nada dice de los escalafones inferiores donde, desde su óptica, podría haber un ingreso masivo de representantes del kirchnerismo juvenil.
Pociello Argerich integra la lista Bordó y es cercano al juez Luis Cabral, que integra el Consejo de la Magistratura, donde juega un rol protagónico en el bloque opositor.
Las atribuciones de la oficina de Alejandra Gils Carbó vuelven a aparecer entre las críticas a la reforma. Se trata de una disputa que está instalada dentro del propio oficialismo si se considera que en su incursión al congreso el académico Alberto Binder aseguró que el punto débil de la reforma es la concentración de poder en la figura del procurador general.
El debate por la viabilidad de la reforma traspasa al kirchnerismo. Cuando el proyecto se discutía en el Congreso, el PRO mantuvo cuestionamientos leves, poco promocionados por el hecho de que el sistema acusatorio es el que rige en la Capital y el actual fiscal general (Martín Ocampo) es un funcionario identificado con el partido deMauricio Macri.
Esa ambivalencia vuelve a tomar forma con la implementación del sistema acusatorio porque los jueces nacionales ya han comenzado a señalar el desbalance de cargos que tiene lugar en la Justicia porteña, donde existe una gran cantidad de empleados con funciones mínimas u acotadas.
El accionar de Piumato -que organiza asambleas casi a diario con los empleados- es registrado desde el kirchnerismo como una afrenta que también es avalada por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien hoy protagonizará un acuerdo de ministros de alta densidad política por la insistencia del justice ayer, en un programa radial, sobre la aspiración del Gobierno de reformar la Corte.
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