La Cámara de Diputados arrancará la semana próxima el debate sobre las leyes complementarias para la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que ya tiene media sanción del Senado y que el oficialismo aspira a convertir en ley en la sesión prevista para el 10 de junio. El plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara baja sería convocado para el jueves que viene para tratar los seis proyectos complementarios que surgieron tras las audiencias que organizó la comisión bicameral para la puesta en marcha del nuevo CPP en la Justicia Nacional y Federal, la iniciativa que cambia el actual sistema inquisitivo por el acusatorio, donde los fiscales –y ya no lo jueces– llevarán adelante la investigación judicial, e incluye la oralidad del proceso para acelerar los tiempos judiciales. Para el secretario de Justicia de la Nación, Julián Alvarez, el paquete de proyectos complementarios para la implementación del nuevo CPP apunta “hacia una Justicia más ágil y con mayor capacidad de respuesta para resolver los conflictos de la gente”, donde la oralidad del proceso penal acelerará el desarrollo judicial y donde se contemplará una mayor participación de las víctimas.
Alvarez celebró la media sanción del Senado y sostuvo que el paso de un sistema inquisitivo al acusatorio “es un cambio de paradigma que viene a saldar una deuda pendiente”. “Hoy tenemos un sistema vetusto, donde el juez es juez y parte, porque investiga y decide al mismo tiempo.”
Ahora será el tiempo de la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia de la Cámara baja, que preside la diputada oficialista Graciela Giannettasio y que oficiará de cabecera en el debate, recibió ayer los proyectos a los que el Senado dio media sanción el miércoles. De allí se girarán a las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto, junto a la convocatoria del plenario que Giannettasio prevé para la semana próxima y que el oficialismo quiere fijar para el jueves.
El plenario abordará el paquete de proyectos que incluye las modificaciones de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, la Ley de Implementación del Código Procesal Penal y una nueva Ley de Organización de la Justicia Federal, así como cambios en algunos artículos del Código Penal.
Los proyectos se debatieron y se pulieron con modificaciones –propuestas tanto desde el oficialismo como de la oposición– durante las cuatro semanas de audiencias públicas organizadas por la bicameral, por donde pasaron representantes de los distintos estamentos judiciales involucrados en la modificación del Código Procesal, incluidas las organizaciones sindicales de los trabajadores judiciales. Varias propuestas terminaron por incorporarse en pleno debate en el recinto del Senado. Como la creación de una Procuraduría Especial para la investigación de la apropiación de niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar, en la órbita del Ministerio Público Fiscal; la eliminación de la categoría de “relator” de las fiscalías nacionales de primera instancia; y la determinación de reglas más transparentes para la designación de funcionarios en el escalafón judicial.
El oficialismo descuenta, en principio, que el debate en Diputados no requerirá de invitados y se limitará a las exposiciones políticas de cada bloque, donde se reproducirían las disidencias que ya se dieron en la Cámara alta. Allí, la principal objeción opositora pasa por las atribuciones que, a su criterio, asume la Procuración General –hoy encabezada por Alejandra Gils Carbó– con la reforma del Ministerio Público.
Otras quejas opositoras quedaron en el camino. Especialmente después de que el oficialismo aceptara la postergación del nuevo CPP, en principio prevista para septiembre de este año y en forma parcial en la Justicia Penal Ordinaria de la Capital, y que ahora será para todo ese fuero a partir de marzo de 2016. La otra se saldó con la continuidad –fogoneada por el propio oficialismo en voz baja– de la actual bicameral como organismo parlamentario de seguimiento y monitoreo del CPP, en lugar de la conformación de otra comisión –integrada por representantes de distintos estamentos judiciales– que delegaba facultades legislativas en la propia corporación judicial.
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