“Nosotros estamos dando una transformación global del sistema jurídico argentino, y lamentablemente se lo analiza en términos coyunturales: si es el momento, si no es el momento”, se lamenta el secretario de Justicia, Julián Alvarez, a propósito de la recepción al nuevo Código de Procedimiento Penal que el lunes por la noche anunció la presidenta Cristina Kirchner y que ayer ingresó al Senado para su tratamiento. “El esquema legislativo que estamos generando es estructural y para esta época, la del Bicentenario. La respuesta a esto son chicanas: cuando mandamos el fuero del consumidor dijeron que íbamos a entrar a los campos a expropiar la soja; cuando mandamos el Código Civil dijeron que íbamos a entrar a los bancos a secuestrar los dólares. Ahora con el Procesal Penal, dicen que buscamos garantizar la impunidad. Esas son chicanas, no críticas. Como decir que el código es muy de izquierda o es muy de derecha”, señaló Alvarez a Página/12 en su despacho, donde explicó los puntos centrales de la propuesta y rebatió las críticas opositoras.

“Nosotros ya cerramos el digesto, pasamos de 33 mil normas a tres mil, que son las normas vigentes en la Argentina. En una segunda fase de trabajo, actualizamos los códigos de fondo. Hace tres años comenzamos con el Código Civil y Comercial, y con el Código Penal. Tercera fase de trabajo: la estructura del Poder Judicial, las leyes conocidas como de democratización de la Justicia: el ingreso al Poder Judicial, su funcionamiento, las Cámaras de Casación, lo estructural. Cuarta fase, lo procedimental. Ahí vienen el Código Procesal Penal y para el derecho privado, el fuero de la Justicia del Consumidor, normas procedimentales, no de fondo”, continuó detallando Alvarez.

–¿La reforma apunta a otorgarles más poder a los fiscales?

–El Ministerio Público es un órgano extra poder independiente. En todo el mundo no existe un ministerio público débil porque lo que necesitan justamente es poder para investigar y motorizar los procesos. No se puede tener un sistema en el que los fiscales no pueden investigar. Sin embargo, en última instancia el poder de decisión recae en el juez, que va a tener mucho más poder de decisión. Ya no va a estar ocupado reuniendo pruebas, sino simplemente va a tomar decisiones sobre la validez de las pruebas que se le presenten. Los fiscales investigan, los defensores también investigan y se defienden, porque los defensores también pueden presentar prueba, y el juez, imparcial, decide quién tiene la razón. Además, se le da más poder a la víctima, porque incluso si el fiscal no quiere investigar, con el nuevo código, la víctima va a poder decidir seguir haciéndolo.

–Se acusa al Gobierno de sancionar este código para buscar que caigan algunas causas por corrupción.

–Es exactamente lo contrario: este código busca que haya condenas. Revertir la ecuación que hace que de cada cien procesados sólo treinta reciban condena. Este código busca acelerar los tiempos de todas las causas, incluyendo las de corrupción. Ya no van a durar diez años los expedientes, cajoneados, para que eventualmente un juez, según la conveniencia política, decida dejar proscribir o acelerar la causa. En un año, como todos los ciudadanos, procesado a juicio y condenado.

–¿Eso no quitará tiempo para reunir pruebas en delitos que son muchas veces complejos?

–En los casos complejos se duplica o hasta triplican los plazos para conseguir pruebas. Pero se ponen plazos perentorios, no para la causa, sino para el juez y el fiscal, que si no resuelven pueden ser sancionados.

–¿Plantear la expulsión de extranjeros que delinquen no contradice la política migratoria?

–El articulado dice lo siguiente: cuando un extranjero, en condición irregular, no cualquier extranjero, comete un delito en flagrancia, es decir que lo agarran con las manos en la masa, en el momento en que lo está cometiendo, ¿qué salida le vas a dar? La expulsión del país. Es algo que está presente en numerosas legislaciones del mundo. Esto no afecta nuestra política migratoria, los vínculos con la Patria Grande, la ampliación de derechos a los migrantes. Además, en esos casos, la expulsión es una de las soluciones posibles, de acuerdo con lo que decida el fiscal de la causa, con la opinión de la propia persona, teniendo en cuenta cuestiones como el arraigo familiar del individuo, entre otras situaciones. Esta norma está dirigida a quienes ingresan al país para robar, punto. Tampoco se va a aplicar a delitos insignificantes, nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable.

–Cuando se incorpora la figura de “conmoción social” como factor a la hora de decidir la prisión preventiva, ¿no se les da más poder a los mismos medios que se viene combatiendo hace años, que tienen injerencia en la opinión pública?

–Bajo el nuevo código habrá prisión preventiva de acuerdo con el fallo Díaz Bessone: si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Igual que hasta ahora. Pero entre los supuestos de peligro de fuga se incluye la conmoción social que haya causado este hecho. Esto se pensó para casos excepcionales donde se privilegia el bien de la sociedad. Por ejemplo, ante una sensación muy fuerte de impunidad. En ese sentido es importante que aparezca este parámetro, siempre que esté como condicionante la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa. Además, la prisión preventiva, en el nuevo proceso, se vuelve superflua, porque al acortarse los plazos ya no habrá individuos que pasen siete u ocho años presos a la espera de una condena, sino que todo se resolverá en un año o menos.

–¿En qué instancia se encuentra la reforma del Poder Judicial que inició hace ya más de un año y medio la Presidenta?

–Yo diría que la reforma arrancó cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros y dijo que la Argentina tenía que tener como premisa los derechos humanos. Esto impactó en la sociedad y también en la Justicia, instalando un nuevo consenso, de dignidad humana y ampliación de derechos. Luego vino la transformación de la Corte, y la transformación poco a poco de sujetos que fueron volviéndose factores de poder en un medio que nunca había sido traspasado por un cambio de tal magnitud. Eso fue muy fuerte y sigue en marcha. El Código Procesal Penal es parte de la democratización de la Justicia. El Código Civil y Comercial también es parte de la democratización de la Justicia. Las leyes de defensa del consumidor también son parte de ese proceso.

–¿Y las leyes que impulsó Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué instancia se encuentran?

–Las seis leyes de 2013 son parte de un proceso que tuvo una declaración de inconstitucionalidad en un punto concreto, que es la elección mediante el voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que es un punto netamente político: estamos discutiendo si los consejeros del órgano político del Poder Judicial son elegidos por el pueblo o por estamentos cerrados. Bueno, la Corte decidió que debía ser por estamentos cerrados. Yo sigo creyendo que un sistema democrático de gobierno se va volviendo más perfecto cuantas más decisiones pueda tomar directamente el pueblo. El resto de las normas que se redactaron hoy están vigentes: hoy hay acceso democrático al Poder Judicial, un nuevo sistema de declaración jurada de jueces, están creadas las Cámaras de Casación, que estamos poniendo en funcionamiento, hoy hay otra ley de Consejo de la Magistratura. Antes había 200 jurados que decidían quién era juez en los concursos. Hoy hay 1500. Eso es un proceso de democratización concretado. El avance es muy profundo, aunque desde afuera sea difícil de percibir. Democratizar un poder entero como el Judicial es muy complejo y no tiene que ver sólo con las normas, sino con la conciencia que se crea hacia adentro de ese poder.

–¿Cuál es el perfil de juez al que apunta este sistema?

–Yo creo que un juez tiene que tener tres características: tiene que ser democrático, tiene que ser independiente de las corporaciones tanto políticas como económicas, y tiene que hacer sus sentencias mirando al más débil. La sentencia es un hecho político. Enrique Petracchi decía que los jueces son políticos, les guste o no, y si no serán como el cangrejo, que es crustáceo y no lo sabe. Eso no implica que hagan política partidaria, pero uno no puede decir que un representante de un poder del Estado no es político. Esa es una de la cuestiones centrales. En la Argentina la academia intentó formar operadores jurídicos como si fueran máquinas que resuelven mediante silogismos, pero los jueces son seres sociales que realizan sentencias mediante conductas humanas vinculadas con sus valores. Hay que romper esa ficción.

–¿Qué pasó con la reforma del Código Penal? Fue anunciada en marzo, pero luego de las críticas que recibió parece haber quedado en el freezer.

–No tenemos freezer acá. Tenemos un lugar donde se van cocinando códigos y vamos sancionándolos, y eso está sucediendo. El Código Penal comenzó con un trabajo de todo el arco político, que fue entregado al Ejecutivo. El Ejecutivo lo envió a universidades, que tenían plazo para observarlo hasta el 31 de agosto y pidieron prórroga para poder estudiarlo a fondo. Cuando estén las observaciones de las universidades, el código que redactó todo el arco político junto a Raúl Zaffaroni, más las observaciones de las universidades van a ir al Congreso, donde será debatido y sancionado. Argentina merece un Código Penal, porque el último es de 1921 y lo que está vigente ahora es un montón de parches. Hay que tener seriedad para comprender que no estamos discutiendo una ley coyuntural, sino un código de fondo, que es necesario en los tiempo que corren.

–¿Qué otros proyectos hay en el futuro respecto de la democratización de la Justicia?

–Nosotros tenemos ahora un ley muy importante, que es la del Servicio Penitenciario Federal, para pasarlo a un esquema de conducción totalmente civil. Estamos terminando ese proyecto y lo enviaremos al Congreso en lo inmediato. Pero estamos trabajando mucho: la unificación del fuero penal económico con el fuero tributario, las leyes de la matrícula federal de abogados, que reconoce la existencia de una sociedad diversa que no gira solamente en torno de los tribunales en la ciudad de Buenos Aires, para que haya debate en todo el país.

–¿Cree que la Corte Suprema debe ser reformada nuevamente para mantener en siete la cantidad de miembros?

–Por la ley vigente, el Poder Ejecutivo cuando se hace una vacante tiene la prerrogativa de enviar un pliego, y el Congreso tiene la prerrogativa de decidir modificar la composición de la Corte. Es el Congreso el que decide la ampliación o no de la Corte, así como es el Ejecutivo el que decide el envío o no de pliegos. Digo esto para deslindar responsabilidades, no es rol del Ejecutivo decidir la cantidad de miembros de la Corte. Ahora, si uno analiza los debates de los legisladores, sobre todo de la oposición, en relación con esto, uno ve a todo el arco político pidiendo que la Corte tenga siete miembros. Toda la oposición ya dijo que el número para la Corte era de siete miembros y nosotros conocemos una Corte funcionando así. Pero no me corresponde a mí opinar, sino cumplir con la ley. Pero bienvenidos sean los debates sobre cómo va a funcionar nuestra democracia. De todas formas, en mi opinión es más importante el número de causas que el número de jueces. Esta Corte atiende miles de causas por año, mientras que la de los Estados Unidos apenas 150 o 200. Ahí está el punto.

–¿Por qué desestimó el debate sobre la despenalización de las drogas que propuso Juan Carlos Molina, el titular del Sedronar?

–Creo que tanto la despenalización de las drogas como el aborto, entre otros, son debates que podemos realizar en una segunda etapa. Primero tenemos que modificar el Código Penal, una vez que lo sancionemos, discutamos despenalización o aborto. Después de aprobar el Código Civil y Comercial podemos discutir comienzo de la concepción. Son temas que todavía la sociedad no tiene saldados. En cualquier mesa de discusión tenés gente a favor y gente en contra, por lo que requiere más profundidad en el debate.

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