Es imprescindible discutir cuál es la justicia que se corresponde con el Estado de Derecho, cuáles son las condiciones que aseguran un Poder Judicial independiente y cuáles son los límites que la Constitución Nacional impone a los magistrados en el ejercicio de sus funciones.

Esa discusión no está reservada a los miembros del Poder Judicial ni a los expertos porque lo que está en juego es la institucionalidad democrática, y es la sociedad en su conjunto la que está interpelada a participar.

Son signos preocupantes del momento la interposición de acciones y recursos en distintos fueros (en especial el civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal), y una expansión creciente de denuncias y de intervenciones del fuero penal como formas de dirimir diferencias y conflictos que no debieran, en principio, ser llevados ante la justicia. Otro tanto sucede con la permanente amenaza y/o concreción de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Una lectura atenta permite advertir que las situaciones referidas son expresiones inequívocas de un modelo de judicialidad que procura mantener intereses y privilegios de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación monopólicos y de sectores fuertemente corporativos del Poder Judicial.

Este modelo vulnera la división de poderes, distancia cada vez más a las mayorías populares del sistema de justicia y lo que es aún más grave, lo hace en nombre de una supuesta independencia que debe ser denunciada por lo que encubre.

La independencia de la justicia y el control de constitucionalidad en manos de los jueces, lejos de consagrar la omnipotencia del Poder Judicial, son garantías del orden democrático; los que integran ese poder del estado deben responder por su vigencia y ampliación ante todos los ciudadanos. Los lazos que vinculan a miembros de la justicia o a sus familiares con organizaciones y grupos poderosos e influyentes son apenas síntomas de un entramado perverso que ya no puede ser ocultado si queremos construir un servicio de justicia que nos incluya a todos.

JUSTICIA LEGÍTIMA, una vez más, como lo viene haciendo desde 2012, reclama un debate amplio y plural acerca de las decisiones y los modos de actuación del Poder Judicial.

Afianzar el Estado de Derecho requiere construir entre todos una agenda pública que incluya las cuestiones que atañen a la transparencia, a la estructura y a la democratización siempre postergada a la justicia.

Desde JUSTICIA LEGÍTIMA, proponemos:

Que con carácter urgente se implemente el modelo acusatorio y democrático consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno. La actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas, como sucediera en el desdichado ejemplo del Colegio Ecos, ni hacer eternos los procesos. Una justicia tardía no es justicia.

Que la vacante que deja el Dr. Eugenio Zaffaroni sea la oportunidad para generar un nuevo paradigma en la estructura, integración y procedimiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde JUSTICIA LEGÍTIMA reafirmamos que la mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales favorece la idea de legitimidad de las decisiones del Poder Judicial. La Constitución Nacional prevé un cuerpo colegiado como cabeza del Poder Judicial, para que sea expresión la diversidad de la sociedad a la que debe juzgar. Así, a lo largo de la historia la Corte cambió el número de sus miembros en varias oportunidades, que nunca hasta ahora fue de menos de cinco ni de más de nueve. La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones. Cuantas más ideas más democracia. En este caso más es mejor.

Que el Poder Judicial, como ya lo hicieran la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, cumpla de inmediato con el ingreso democrático, plural e irrestricto. Una vez más insistimos en que abrir las puertas de los tribunales al mayor número de aspirantes más allá del apellido, de la condición social o económica o de las creencias religiosas o políticas es una condición necesaria en el camino de una mejor sociedad.

Que se amplíen y profundicen iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos, como la que representa la Escuela del Servicio de Justicia creada por Resolución conjunta de los Ministerios Públicos de la Nación.

JUSTICIA LEGÍTIMA convoca a todos los ciudadanos, a las organizaciones sociales, gremiales, profesionales, a los organismos de derechos humanos y a las universidades de todo el país, a una jornada abierta en el mes de febrero de 2015 para seguir avanzando con estas ideas como punto de partida.