En jurisdicción de Esquel, Provincia del Chubut, algunas personas de etnia mapuche ocuparon un predio de la Estancia Leleque, perteneciente a la familia Benetton, reivindicando la propiedad ancestral de esas tierras.
A pedido del Fiscal Rivarola, el Juez Zacchino promovió su incompetencia en el caso, basándose en que debía aplicarse la Ley Antiterrorismo. El Juez Federal rechazó la solicitud, con lo que la contienda negativa de competencia se está dirimiendo en la Corte Suprema.
Interín, la Fiscalía solcitó una diligencia de allanamiento para identificar a los ocupantes. En la noche del 19 de agosto, advirtiendo el movimiento de vehículos de la Guardia de Infantería, algunos vecinos, temiendo que se realizara una diligencia nocturna con consecuencias previsiblemente gravosas, solicitaron un Habeas Corpus preventivo. El Comisario Acosta hizo saber que el Juez Jorge Criado se negaba a recibir un Habeas Corpus sin firma de letrado. Los vecinos acudieron a la defensa pública, que suscribió el escrito ya preparado.
El Juez rechazó el hábeas corpus, señaló que existía gravedad institucional, y que los defensores, como funcionarios públicos, habían entorpecido la labor judicial. Por esta razón dispuso comunicar el hecho al Superior Tribunal de Justicia y a esta Defensoría General.
Anoticiado de esta decisión, avalé públicamente la labor de los Defensores y cuestioné la decisión del Juez, que califiqué de exabrupto. La Cámara en lo Penal confirmó el rechazo, pues la Fiscalía había desistido de la medida, pero no sin recordar al Juez la amplitud de trato que este tipo de remedio merece. Y revocó la decisión del magistrado en punto al cuestionamiento a la Defensa.
Acompaño la decisión de la Cámara y la resolución de esta Defensoría reconociendo la labor de los cuatro Defensores Públicos que intervinieron en el episodio.
En una audiencia posterior, en el mismo caso, la Defensa denunció que en el legajo de la investigación preliminar se encontraba documentación de actividades de inteligencia cumplidas sobre ciudadanos comunes, periodistas y activistas políticos. El Fiscal Rivarola admitió que posería esa documentación desde el día 28 de mayo, pero que no la habían utilizado. La cuestión ha movilizado a la ciudad de Esquel, que espera que se devele prontramente quién produjo esa información y por qué se hallaba en poder de la Fiscalía.
Cordialmente,
Alfredo Pérez Galimberti
Texto de la Resoución de la Defensoría General
Alfredo Pérez Galimberti
Defensor General Alterno
