Susana Guareschi de González, Juan Villar y Ofelia Mosconi de Villar reclaman desde hace más de 14 años justicia por los crímenes de sus hijas. Los cuerpos de María Emilia y Paula Micaela González, y de María Verónica Villar, fueron hallados sin vida el 11 de noviembre de 1997 en la ciudad rionegrina de Cipolletti, dos días después de haber desaparecido.
Los padres de las jóvenes sintieron que sus Derechos Humanos fueron violados desde el principio de la investigación judicial y por eso trataron de buscar la solución fuera del país.
El 6 de septiembre de 2001 recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentaron allí la denuncia.
Como este, hoy son 1118 los casos argentinos que tramitan en ese organismo internacional esperando una respuesta favorable; y 16 los que están en la Corte Interamericana, una instancia superior.
“Saber la verdad.” Es lo único que quiere Ofelia Mosconi de Villar, madre de una de las víctimas del triple crimen de Cipolletti. Ni dinero, ni disculpas, sólo saber que pasó con su hija. “El Estado argentino quiere un arreglo amistoso y eso significa arreglar con dinero. Pero nosotros no queremos eso, porque acá en Río Negro hay más de 20 crímenes sin resolver y no pueden seguir ocurriendo”, explica Ofelia a Tiempo Argentino, y agrrega que es el Estado el que tiene la obligación de explicarles que pasó con su hija, quién la mató y por qué.
Por el asesinato de las jóvenes fue condenado Claudio Kielmasz quien recibió la pena máxima y es el único detenido, aunque para la justicia habrían participado varias personas más. “Realmente es terrible la impunidad que hay sostenida por el poder político, judicial, policial y económico, por eso es que no se busca a los otros responsables”, sentencia Ofelia, quien intenta creer que desde afuera llegará la respuesta. La CIDH es una institución de protección y promoción de los Derechos Humanos; y un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
ANÁLISIS PRELIMINAR. Desde la Comisión informaron a este diario que hoy, de las 1118 causas que están presentadas, 866 están en la etapa de estudio preliminar –son las últimas que entraron y se las está evaluando para decidir si se le da trámite o no. Unas 199 ya fueron admitidas y se están estudiando los casos; 36 están en la etapa de fondo período en el que el informe es confidencial y sólo se le envía al Estado y a los denunciantes– y 17 en seguimiento de solución amistosa.
No sólo crímenes sin resolver llegan al organismo, también causas civiles y comerciales son denunciadas. Como el caso de Mercedes Eladia Farelo que fue despedida, porque estaba embarazada, luego de haber trabajado nueve años para la Embajada de Australia.
JÓVENES CON PERPETUA. Claudia Cesaroni abogada y autora de “La vida como castigo”, habla de los casos de jóvenes adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina y explica que si bien en algunos casos la Comisión ha funcionado como una herramienta importante para obtener decisiones a favor de los derechos de las personas, detecta dos problemas: “Llegar a la CIDH depende de quién sea el abogado patrocinante, o la organización que acompaña a la víctima. La sede de la Comisión está en Washington, para asistir a una audiencia hay que viajar. Para la gente más humilde, llegar allí es un objetivo muy difícil. Y el otro problema, es que los casos se seleccionan según múltiples criterios, y entonces, hay algunos, como el de los jóvenes condenados a perpetua, que fue denunciado en 2002, y recién en junio de 2011 pasó a la Corte Interamericana; mientras, ellos siguen presos”.
EXPLICACIONES. Desde la CIDH argumentan que la cantidad de peticiones que llegan de cada país por año, o la cantidad de informes de admisibilidad que se aprueban, o cuántas solicitudes cautelares se otorgan, no son indicativos de la situación de Derechos Humanos del país denunciado: “Se puede decir que casi no recibimos nada de Jamaica, Saint Lucia, Saint Kitts y Nevis, y demás países del Caribe Anglófono. Pero no es porque no existan violaciones a los Derechos Humanos, sino porque no conocen el sistema”, concluyeron los voceros del organismo internacional con sede en Washington, en los Estados Unidos.<
Los datos
1 Los padres de María Emilia y Paula González, y de María Verónica Villar, asesinadas en Cipolletti, en 1997, se presentaron en 2001 ante la Comisión.
2 Por el triple crimen fue condenado a prisión perpetua Claudio Kielmasz aunque para la justicia habrían participado más personas.
3 El organismo internacional está integrado por jueces que promueven y defienden los Derechos Humanos. Es una institución autónoma de la OEA.
4 No sólo intervienen en casos penales como los homicidios, sino que también investigan hechos de discriminación y xenofobia.
El caso de Iván Torres
El año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la desaparición de Iván Torres; y le ordenó “aceptar públicamente su culpabilidad” y “construir un monumento en memoria de la víctima para mostrar que el caso no quedó impune”. En su condena, el organismo exigió que tome todas las medidas para sancionar a los culpables, fijó una compensación de 500 mil dólares para la familia de la víctima y ordenó que se realicen campañas de información sobre los Derechos Humanos para evitar futuras violaciones. Iván Torres desapareció el 2 de octubre de 2004, cuando lo vieron por última vez en una comisaría de Comodoro Rivadavia.
Fuente: http://tiempo.infonews.com/2012/04/01/policiales-71907-la-cidh-investiga-1118-crimenes-que-se-produjeron-en-la-argentina.php
