Bariloche (ADN).- Arabela Carreras es legisladora por el Frente para la Victoria. Militó en el partido vecinalista SUR de Bariloche, fue concejal en esta ciudad y meses atrás fue designada como miembro titular del Consejo de la Magistratura, donde llegó con una visión crítica del Poder Judicial y las corporaciones que lo dotan, por eso promueve un modelo de cambio.

¿Con qué se encontró al asumir en el Consejo de la Magistratura?

Nos hemos encontrado con un escenario de innumerables cargos sin cubrir, alguno de los cuáles tienen 7 u 8 años de vacantes. La explicación que se daba era insatisfactoria, en un punto se hablaba de deficiencias presupuestarias pero el Poder Judicial tiene los recursos suficientes como para tener gran parte de estas vacantes cubiertas, los problemas tienen que ver con una mala orientación del gasto del Poder Judicial en los últimos años, se observa en viáticos, en los famosos MIG, MED, etc.

¿Las vacantes en juzgados y cámaras es una de las principales falencias del Consejo de la Magistratura?

Desde que asumimos como Gobierno estamos cubriendo cargos donde la situación es casi desesperante. La no designación de cargos hace que la Justicia demore su llegada, la vieja demanda de la lentitud de la Justicia se vincula con esta actitud del Consejo de la Magistratura, si se burocratiza, es lento, se traba, afecta al servicio de Justicia.

El Consejo debe actuar cubriendo los cargos y también juzgando el accionar de los jueces y esto es determinante porque ha habido procesos que recaen sobre los jueces que duran años, esto condiciona el accionar del juez, no es saludable para la Justicia y da la sensación de que hay una gran impunidad.

¿Qué perfil de jueces buscan al analizar designaciones?

Esto se vincula con la defensa corporativa que cada sector miembro del Consejo de la Magistratura, en general los magistrados que lo integran tienden a elegir a un juez o funcionario que ya viene del Poder Judicial y del fuero. Los que somos representantes políticos oscilamos de acuerdo a la ideología y al mandato del partido. En lo personal tiendo a elegir candidatos que nos parece que renuevan el Poder Judicial, hay que discutir los viejos criterios en  los que se basaba la elección de un juez aunque no siempre logramos el objetivo porque este sistema es conservador.

¿Qué promovería para cambiar esta situación de la Justicia que cuestiona?

Hay que avanzar un cambio más profundo, que la ciudadanía empiece a participar en la elección de los jueces y su juzgamiento. Esto es fuerte cuando uno lo dice desde la oposición pero es revolucionario cuando uno lo dice desde el Gobierno.

¿Ciudadanía organizada?

Es decir las organizaciones de derechos humanos, las que están vinculadas a la actividad carcelaria, las universidades. Habría que rediscutir con las organizaciones cómo sería la participación, esto no puede surgir de un mandato político solamente. También puede haber algún grado de participación de individuos pero para tener una silla en un ámbito de decisión creo que hay que ser representativo, los individuos pueden opinar por ejemplo abriendo registro de impugnaciones respecto de los jueces.

¿Esto surge con lo impulsado dos años atrás por organizaciones de Bariloche que pedían participar por la conformación del STJ?

Para mi comenzó en ese debate aunque fracasamos en esa oportunidad, no pudimos ni siquiera opinar. De todos modos en ese momento tenía una visión diferente sólo pensaba en el Superior Tribunal y hoy creo que no sólo es eso sino todos los jueces que estamos nombrando y los cientos de jueces sobre los cuáles la ciudadanía debe ejercer su mirada para controlar su desempeño.

Es la postura del Gobierno que va hacia ese cambio…

El que habla por el Gobierno es el gobernador, yo hablo como representante en el Consejo de la Magistratura y doy mi opinión personal, seguramente dentro del FpV tendremos nuestro debate de este tema. Si no hacemos un cambio revolucionario y enserio no vamos a poder cambiar la estructura de la Justicia y si no lo hacemos desde el Gobierno es muy difícil.

¿Cómo se llega a este cambio?

Hay que modificar la Constitución que establece la composición del Consejo de la Magistratura, esto puede ser por enmienda y estamos discutiendo la posibilidad de avanzar en esto.

¿Se está lejos del modelo de Justicia que pretende?

Está lejos pero no es particular por un juez, veo muchos jueces en la trinchera abarrotados de trabajo peleando por una sociedad mejor y eso me alienta. El Poder Judicial, su estructura tiene una vida propia, ajena a las necesidades de la gente a veces y a las necesidades y capacidades de cada uno de sus miembros. Hay que trabajar en mejorar la calidad tecnológica del trabajo, desburocratizándolo, reducir los papeles usar otras tecnologías y entiendo que el STJ con su nueva composición está orientado a eso.

¿Qué otra cuestión modificaría?

Hay que trabajar sobre la reforma del Código Procesal Penal. Lo grueso es la discusión del juicio por jurado y ahí volvemos a la participación ciudadana, y otro aspecto para implementar mucho más rápido es el cambio de la función del juez de Instrucción en la investigación. Hoy tenemos un juez que investiga, arma la causa y dictamina, tenemos los roles mezclados con el fiscal que está en una actitud más pasiva.

¿Cómo encuentra el Consejo de la Magistratura hoy?

El sistema no es transparente desde mi perspectiva, los intereses corporativos cruzan las decisiones en el Consejo de la Magistratura, la corporación de abogados tiene una actitud potente, es el sector que hoy está determinando más las decisiones del Consejo porque participa no sólo del ámbito del Consejo sino del ámbito de corrección de exámenes, que es lo que está siendo cuestionado en un caso ahora en Bariloche en la Cámara Civil.

¿Los abogados ven con recelo que haya integrantes en el Consejo que no es de su ámbito?

Eso se lo cuestionaron a (Ricardo) Arroyo y también a mí, yo soy licenciada en Letras, evidentemente no entro en los criterios que el Consejo de la Magistratura espera, pero estos cuestionamientos son excusas porque nosotros apuntamos a impedir que las corporaciones sigan reproduciendo la Justicia que tenemos y eso golpea fuertemente al sistema y las corporaciones. Precisamente por no formar parte de esa corporación vengo a aportar una visión más cercana a un ciudadano de a pie más allá que ahora sea legisladora.

Un hecho que siempre cuestiona el Poder Judicial es el recorte de gastos

Este año hay un importante incremento de participación del Poder Judicial respecto de la torta general, este Gobierno sí está poniendo un fuerte impulso sobre el presupuesto del Poder Judicial que debe ser acompañado con recursos porque para cubrir vacantes se necesita más dinero. Además estamos poniendo la mirada donde están las situaciones más críticas, creando la Cámara Laboral en Bariloche, la Cámara Civil en El Bolsón, estamos en análisis para desdoblar la Cámara Civil en Roca y otra Criminal en Viedma, esos están en discusión y probablemente avancemos en una reforma en Choele Choel porque hay muchísimas causas y no resulta una plaza atractiva. Mejorar la Justicia va a contribuir como un elemento más de la seguridad ciudadana.

¿Sintió como un revés fuerte para el Gobierno no lograr incrementar el STJ?

No lo sentimos como un revés, más bien sentí que fue una pulseada política y mediática que tuvo como impulso inicial una evaluación errónea respecto de a quien estaba golpeando. Al Gobierno no le afecta, sigue gobernando más allá de que tenga tres o cinco jueces el Superior, aquí el gobierno no está tratando de generar dos vacantes más, se equivocaron porque golpearon a la Circunscripción de Cipolletti y eso para ellos es un error político.

Hay dos cuestiones en las cuáles los jueces son criticados por privilegios como el 82% móvil y el no pago de impuesto a las ganancias.

En realidad las cuestiones de privilegio son desagradables y cuestionables. El tema de los impuestos creo que deberían pagar al igual que los que estamos en cargos políticos para evitar esa desigualdad, pero no debe pagar la clase trabajadora, sería bueno que la economía permitiera que los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias pero tenemos un sistema frágil aún.

Respecto al 82% es un criterio que no retribuye equitativamente la riqueza. No sería factible ni deseable, deseo que la mínima crezca, no que la máxima crezca pero quitarle ese beneficio a quienes ya lo tienen es una discusión que entra en el campo de los derechos que no deberían ser regresivos.

fuente http://adnrionegro.com.ar/2012/12/la-ciudadania-debe-participar-en-la-eleccion-de-jueces-y-su-juzgamiento/