Desde hace un tiempo, y con buena aceptación de las partes, fiscales y defensores oficiales y privados, tratan de llegar a la conciliación, llegándose a un promedio de un 70% de acuerdos que son aceptados por las víctimas y los autores de los hechos considerados no graves que se cometen en Paraná.
La medida de avanzar en estas acciones fueron impulsadas recientemente tanto por la Procuración General de la Provincia como desde la Defensoría General, que dieron instrucciones a fiscales y defensores para que agotaran estas instancias, no solo para descomprimir el abarrotado trabajo de los juzgados, sino también para llegar a acuerdos “razonables” que han llegado incluso a reparaciones económicas de daños o situaciones penales denunciadas.
Causas y más causas
Se sabe que en la fecha en Paraná, por turno de 10 días en los juzgados de Instrucción ingresan un promedio de 300 a 400 causas. Se hizo saber a UNO que un 20% a un 25% corresponden a hechos graves, tales como homicidios, abusos sexuales o asaltos a mano armada donde las víctimas son lesionadas.
Esa línea de hechos, indefectiblemente se tramitan en los juzgados de Instrucción para llegar los acusados a dirimir las responsabilidades en los juicios orales y públicos.
El resto de las causas que se llevan adelante en los Tribunales corresponde a hechos menores, relacionados con penas que son excarcelables y de una cuantía inferior a las causas más graves. En estos casos, es donde los defensores oficiales, abogados particulares, querellantes y fiscales optaron en el último tiempo a llegar a etapas de conciliaciones que previo a la instauración del nuevo Código Procesal Penal, está dando importantes acuerdos, similares a los ya utilizados en la costa del Uruguay.
La conciliación
UNO dialogó ayer con varios fiscales del foro local y todos coincidieron en aprovechar al máximo esta posibilidad de “acuerdo y negociación”, pero sin que el denunciado deje de reconocer el hecho y lo trate de subsanar.
En esa línea, UNO también consultó al defensor oficial Luis Pedemonte, quien mantuvo la misma impresión con respecto a la utilización de esta herramienta de solución de conflictos.
El funcionario explicó “que la premisa es llegar a estos acuerdos causas menores, pequeñas, que no exista violencia, y luego del acercamiento de la víctima y el acusado, el juez rubrica la conciliación donde se reconoce el hecho, se llega hasta el resarcimiento económico y un gesto de reparación, por lo que el acusado llega al sobreseimiento”.
Agregó que es una alternativa distinta que “muestra una necesidad de solucionar un conflicto cumpliendo con la propia ley”.
El defensor admitió que una proporción importante de las causas que se concilian, están involucradas personas que padecen adicciones, las que son las responsables de los hechos que son denunciados.
“Se debe entender que el denunciado sabe que si no llega a esta reparación, puede llegar a terminar en la cárcel, por lo que es importante que tome conciencia de la situación y proponga cómo reparar el daño o la afectación a la víctima”, reseñó para alertar que “el número de casos que se llega a la composición del conflicto razonable crece en los últimos meses y lo más importante es que las personas denunciadas toman el compromiso y lo cumplen sin tener que ser advertidos”.
El nuevo Código Procesal
El nuevo Código Procesal Penal fue sancionado mediante la Ley Nº 9.754 en el año 2007, y luego de sucesivas prorrogas se dispuso su implementación progresiva conforme a un cronograma que tuvo inicio a fines de 2009 con la primer jurisdicción, que fue la Jurisdicción Concordia (Chajarí, Federal, Federación y ahora se ha incorporado San Salvador), prosiguió luego con la Jurisdicción Uruguay (Concepción del Uruguay, Villaguay, Rosario del Tala y Colón); avanzó en Gualeguaychú (Gualeguay, Victoria); para complementarse antes de fin de año en la Jurisdicción Paraná (Paraná, Diamante, La Paz y Feliciano)”.
Ante esto, se inició en los tribunales de Paraná una serie de reformas que han determinado mudanzas de los juzgados de Instrucción y las cámaras.
