El magistrado cordobés Gabriel Pérez Barberá dialogó con Comercio y Justicia. Aquí, algunas reflexiones sobre los cambios que se avizoran en la justicia argentina.

Por Silvina Bazterrechea / sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El viernes último, cuando la presidenta Cristina Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso, dio paso a una polémica que -sin dudas- dará mucha tela para cortar cuando empiece a discutirse –ya con la letra chica – los proyectos de ley para democratizar la justicia.

Los cambios en la forma en que serán elegidos los miembros del Consejo de la Magistratura –por medio del voto popular– y la restricción de las medidas cautelares contra el Estado son sólo dos de las medidas anunciadas por la Presidenta que serán debatidas en el Congreso las próximas semanas cuando – efectivamente – se transformen en un proyecto de ley.

Mientras tanto, y hasta que ello ocurra, el Poder Judicial se dividió y las opiniones están enfrentadas entre quienes apoyan los proyectos de reforma y quienes se oponen férreamente.

Ahora bien, sin dudas la propuesta que más debate suscitó es la que prevé que los jueces y abogados que integran el Consejo de la Magistratura ya no sean elegidos por sus pares sino por el voto popular. Durante el fin de semana, Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados -máxima agrupación de jueces del país-, adelantó su resistencia: dijo que esta reforma “no es compatible con la Constitución”.

Desde la vereda opuesta, los jueces y funcionarios judiciales que la semana pasada participaron del foro “Justicia Legítima” salieron a respaldar las propuestas de democratización, algunas de las cuales son reflejo de lo que se debatió en las dos jornadas que duró el encuentro. Comercio y Justicia dialogó con Gabriel Pérez Barberá, juez de la Cámara de Acusación de Córdoba y uno de los magistrados cordobeses que participó de Justicia Legítima. Aquí algunas de las reflexiones que hacía de los anuncios de la Presidenta.

-¿Qué opinión le merece las propuestas de reforma a la Justicia efectuadas por la Presidenta?

-Me parecieron muy buenas, todas. La idea de que los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación sean elegidos por el pueblo es decididamente magnífica y constitucionalmente viable. Lo mismo pienso de la propuesta de restringir las cautelares del modo propuesto, eso es muy necesario. Alivianar el trabajo de la Corte con tribunales intermedios de casación para todos los fueros es también algo muy positivo y, por supuesto, también la publicidad de las declaraciones juradas de todos. Ahora habrá que trabajar en el trazo fino de esas propuestas, pero como ideas directrices me parecen correctas. Lo que lamento es que no haya sido anunciada la reforma del Código Procesal Penal de la Nación. Ahí está el origen de muchos de los problemas más graves que tiene hoy la Justicia Federal.

-¿Cree que la Corte se pronunciará sobre el tema del impuesto a las Ganancias, teniendo en cuenta que la Presidenta lo dejó en sus manos?

-Ojalá lo haga. Es inadmisible que la Corte, con una mera acordada, impida que se aplique la ley que obliga a que todo el Poder Judicial también pague ese impuesto, que es lo que corresponde. Habrá que ver la forma de implementarlo, porque también es verdad que una disminución brusca del sueldo afectaría muchísimo la economía individual de magistrados y funcionarios judiciales y eso tampoco es admisible. Pero una implementación gradual creo que sería factible y justa. La postura que prevalece en nuestro fuero no es de confrontación con esta Corte, que ha hecho mucho por mejorar el Poder Judicial, sino de colaborar con ella para el logro efectivo de las reformas que faltan. Quizá la Corte no avanzó más en esas mejoras por temor a que los jueces se opusieran. Gracias a Justicia Legítima puede estar segura ahora de que miles de magistrados la apoyarán si lo hace.

-¿Y, para usted, la Corte realmente ha leído de esa manera esta reunión en la Biblioteca Nacional?

-No lo sé, pero pienso que la Corte debería percibir todo esto como un cambio muy fuerte y muy legítimo que se ha dado en el seno mismo de los poderes judiciales y de los ministerios públicos. Claro que ninguno de nosotros ignora que determinados sectores, incluso de la propia Justicia, nos tildan de oficialistas, pero eso es ceguera burda o mala fe. Esos sectores creen que si nos acercan al Poder Ejecutivo nacional nos quitan credibilidad. Quizá logren que algún ciudadano de a pie crea eso. Pero todo aquel que -teniendo una responsabilidad institucional-     también lo crea, hará una lectura muy equivocada de lo que realmente está pasando en el Poder Judicial, y si actúa siguiendo esa creencia errónea generará consecuencias que después lamentará. Tras el discurso de la Presidenta, es obvio que ha quedado claro que parte de la agenda de Justicia Legítima es compartida por el Poder Ejecutivo nacional. ¿Pero cuál es el problema? En 1984 la iniciativa para reformar el Poder Judicial de la Nación provino del ex presidente Alfonsín y, en Córdoba, del ex gobernador Angeloz, y eso a nadie le pareció mal ni estuvo mal, y a los jueces que colaboraron en ese proceso no se los acusó de dependientes del Poder Ejecutivo. Es muy sugestivo que esa acusación política sí se haga ahora. Es natural que en una democracia, para reformas tan importantes en la Justicia, los tres poderes del Estado trabajen conjuntamente. Y de hecho se sabe que si en uno solo de esos tres poderes no hay consenso, la reforma es muy difícil, casi diría imposible.

-¿La idea de formar una nueva organización que nuclee a jueces y funcionarios judiciales implica un quiebre del Poder Judicial?

-De ninguna manera. No hay ningún ánimo rupturista ni de confrontación en términos personales con nadie. En todo caso, lo que se quiere confrontar son determinadas ideas, determinadas prácticas. Todos nosotros somos parte de la Justicia y de lo que más se ha hablado en este encuentro en Buenos Aires es de autocrítica. Es equivocado confundir debate con confrontación personal o consenso con silencio. El consenso que sirve en una sociedad genuinamente democrática es el que se genera después de un debate honesto entre ideas contrapuestas. Por ello, todo el que esté interesado en sumarse puede concurrir a nuestro próximo encuentro, que será el 31 de mayo en la ciudad de La Plata. Es un foro abierto, hasta han concurrido personas, como el fiscal Gustavo Vidal Lascano, que representan exactamente lo contrario a lo que Justicia Legítima propone, y nadie les impidió estar.

Yo estoy muy satisfecho con las conclusiones que dejó el foro. Los principales defectos de la Justicia se ven sobre todo en el fuero Federal, que está muy atrasado en lo que hace, por ejemplo, al ingreso por concurso de todos los empleados o a la incorporación de jurados populares, cuestiones éstas que en la Justicia provincial de Córdoba han sido incorporadas hace años y funcionan muy bien. Pero también en nuestra Justicia provincial operan los lobbies económicos de un modo sutil, y eso es claramente una amenaza para la independencia del Poder Judicial local. Por eso la importancia que este foro de Justicia Legítima tiene también para jurisdicciones que, como la de Córdoba, están legislativamente más avanzadas, pero que igualmente sufren o en algunos casos permiten el accionar de esos poderes fácticos. Afortunadamente, en Córdoba el Tribunal Superior tiene un compromiso muy fuerte en contra de esos poderes, y eso es de gran ayuda para todos los magistrados que compartimos ese ideario.

-No han sido mucho los magistrados cordobeses que participaron de este foro. ¿Se siente solo frente a sus pares? ¿Cree que su postura difiere de la que tienen otros magistrados de la provincia?

-Por supuesto, en un ámbito tan amplio como el Poder Judicial hay diferentes opiniones entre los magistrados. No tiene que preocupar el disenso. Lo que tiene que preocupar dentro del Poder Judicial es lo que le preocupa a la sociedad, que es el mal magistrado, que no es el que piensa distinto sino el que, por corrupción o por empatía con ciertos sectores, es permeable a lo que debería ser impermeable. Por otra parte, yo nunca he estado solo en Córdoba. Ahora mismo no estoy solo, independientemente de Justicia Legítima. Estoy muy agradecido a mis buenos colegas cordobeses en ese sentido.

Lo interesante de Justicia Legítima es que amplía el espacio de protección al buen magistrado, dándole un alcance nacional. Ahora habrá una nueva asociación que estará especialmente atenta a esa clase de presiones. Algunas de las otras asociaciones, en cambio, amparan a esos intereses económicos, por fuerte empatía con ellos. Ahora todas saldrán a decir que también están en contra de los poderes económicos, pero la verdad es que eso no estuvo nunca en el centro de sus agendas, y eso es precisamente lo que provocó la reacción de Justicia Legítima.

fuente http://www.comercioyjusticia.com.ar/2013/03/04/la-corte-deberia-percibir-esto-como-un-cambio-legitimo/