Primero fue un abogado penalista de Concepción. Luego, el bloque oficialista de la Legislatura. Esta vez, los cuestionamientos contra el plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para modificar la investigación penal preparatoria en Concepción provienen del interior del Poder Judicial.
El suspendido programa que pretende instaurar en el sur el titular del alto tribunal, Antonio Estofán ha sumado nuevas críticas, respecto a las normativas (acordadas de la CSJT, y no leyes sancionadas por el parlamento) que lo sustentan.
Esta semana, la defensora oficial penal de la II Nominación de Concepción, María Carolina Ballesteros, junto al defensor oficial en lo Civil, Laboral y Penal del Centro Judicial de Monteros, Ricardo Alderete, planteó una acción de amparo para solicitar la suspensión del proyecto, con el argumento de que las acordadas que dieron forma al esquema son inconstitucionales.
«El plan piloto elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, en el marco del acuerdo Nº 634/2012 (no se pudo acceder a tal acordada, razón por la cual se requerirá oficios en el acápite correspondiente a las pruebas), y con las reformas propuestas por la presidencia de la CSJT (conforme acordada Nº 107/2013) encara un proceso de reforma que se proyecta no sólo en la organización de oficinas y despachos judiciales, sino fundamentalmente sobre normas de procedimiento aplicables al proceso penal que se encuentran en clara controversia con (…) el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), la Constitución nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional», redactaron Ballesteros y Alderete.
El plan piloto para agilizar la investigación penal preparatoria fue gestado en 2012, y contó en un principio con el aval de todos los integrantes del alto tribunal: Estofán, Antonio Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse. En un año en el que se pone en juego la presidencia de la CSJT, la magistrada parece haber tomado distancia del proyecto: fue la única que no rubricó las demás resoluciones.
Aun sin consenso interno, la Corte avanzó, y emitió otra acordada en la que reglamenta la aplicación del programa. Si bien estaba previsto que comenzara el pasado 8 de abril, luego se postergó una semana. Finalmente, el alto tribunal decidió suspender el proyecto por tiempo indeterminado, debido a un planteo de inconstitucionalidad formulado por el abogado Nicolás Brito -vinculado a dirigentes peronistas- para solicitar que no se aplicaran aquellas disposiciones, ya que en su opinión debían emanar del parlamento.
En este marco, comenzó una disputa de poderes entre la Justicia y la Legislatura. Estofán, en la semana, advirtió que intentaría activar el plan piloto, con o sin la intervención del cuerpo colegiado. Los parlamentarios salieron al cruce: se reunieron con el gobernador, José Alperovich, y luego criticaron la postura del titular de la CSJT. El clima se aplacó en las últimas horas, pero en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento advierten que sólo tratarán un proyecto de ley si Estofán solicita una reunión con el titular subrogante de la Cámara, Regino Amado. En el bloque oficial, las heridas abiertas por los fallos adversos contra normas provinciales y otros actos del cuerpo colegiado parecen no haber cicatrizado todavía.
Más allá de esta disputa, dos funcionarios judiciales interpusieron un planteo que, de recibir el visto bueno de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, podría hacer tambalear el plan piloto de la Corte.
Alderete y Ballesteros -designada coordinadora de la Defensoría Penal Pública en el proyecto, según la acordada 111/2013- pidieron «que se haga cesar el estado de incertidumbre que institucionalmente provocan los hechos que se invocan» en el planteo. «Por esta acción, se pretende evitar que la normativa administrativa dictada por la CSJT, de inminente puesta en práctica, viole, lesione, restrinja, altere y provoque perjuicios irreparables para nuestros pupilos», añadieron los defensores oficiales. En el texto, de 62 páginas, apuntaron que la reglamentación cuestionada «excede» las facultades de la Corte. «Las dos vías que hoy se nos presentan son: plantear la inconstitucionalidad causa por causa; o presentar esta acción de amparo, lo cual no implica que deje de tomarse la primera. Esta vía resulta ser la más idónea para evitar un mayor perjuicio al justiciable, por la paralización de la administración de justicia que podría provocar las reiteraciones de requerimientos en tal sentido», añadieron Ballesteros y Alderete.
Y criticaron que la reforma, además, se haya regulado «sin la intervención necesaria del ministro Fiscal (de la Corte, Luis de Mitri). «No existe constancia alguna de que haya sido escuchado en cuestiones que hacen a la organización y al funcionamiento de la institución que dirige», agregaron. De Mitri, sin embargo, sí rubricó algunas acordadas.
Así, las críticas contra la normativa que sustenta el plan piloto del alto tribunal se acumulan en los Tribunales. Y, esta vez, los cuestionamientos surgieron de los propios operadores del proyecto.
