Menos de 24 horas después de que la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de la provincia de Tucumán acusara a Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, dos de los tres jueces responsables del polémico fallo absolutorio de los trece acusados en el juicio por la desaparición de María de los Angeles Verón, la Corte Suprema de Justicia tucumana decidió frenar el proceso.
Esto ocurre luego de que uno de los magistrados cuestionados , Romero Lascano, presentara ante el máximo tribunal de la provincia un recurso para que se revea el procedimiento de confirmación del Jurado de Enjuiciamiento que, a criterios de los abogados defensores, era materia discutible.
Durante la mañana de ayer, y como una muestra de apoyo de la corporación de abogados, el Colegio de Abogados de Tucumán realizó un abrazo simbólico en apoyo a los dos jueces que hasta ese momento iban a ser enjuiciados.
Todo cambió a última hora de la tarde, cuando la Corte Suprema, a través de una acordada, hizo conocer su postura.
«Todo ha sido correctamente realizado conforme a derecho y la conclusión del trabajo de la comisión fue la concreción de una acusación muy contundente, a pesar de los intentos de los abogados defensores de los jueces, que interpusieron muchos planteos sin resultados. Pero ahora me entero de que fueron a la justicia y llevaron una nueva denuncia, donde, ahora sí, encontraron un resultado positivo», se sorprendió el legislador Sisto Terán, del Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Juicio Político, una vez conocida la medida de la Corte tucumana.
En efecto, la presentación del recurso fue hecha por Romero Lascano, mientras que su par, Piedrabuena, se adhirió a la presentación judicial que el primero había concretado a comienzos de febrero.
Este miércoles, la comisión de Juicio Político había resuelto acusar a estos dos magistrados ante el Jurado. En el camino, el tercer vocal de la Sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina, quedó afuera del proceso de destitución por la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que acogió su acción de amparo. «Lo que han hecho es presentarse frente a la justicia para impugnar la confirmación del jurado. Entiendo que es una medida corporativa de parte de los integrantes de la Corte Suprema. Ellos dijeron que, hasta tanto revisemos la cuestión de fondo del planteo de los jueces acusados, se suspende el juicio político. Es la misma maniobra que denunciara la presidenta de la Nación hace algún tiempo. Los jueces llevan adelante medidas cautelares para no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Como no había forma de frenar el proceso de enjuiciamiento de la Legislatura, acudieron a la corporación judicial». declaró a este diario Terán.
Los jueces que por ahora logran evitar el Jury de Enjuiciamiento tuvuieron un escandaloso desempeño durante el juicio por el secuestro de Marita Verón por una red de trata, absolviendo a los 13 imputados. «
La fundación de trimarco capacita
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, declaró de interés institucional la jornada Capacitación para periodistas: El delito de la trata de personas, que se dictará el 24 de abril en el marco del programa Memoria en Movimiento, Comunicación y Derechos Humanos.
El evento es organizado por la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación y la Fundación María de los Ángeles, creada por la madre de Marita Verón, Susana Trimarco.
Gils Carbó, ante el pedido del titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, Marcelo Colombo, consideró menester darle apoyo institucional a la capacitación, dada su relevancia, «en consonancia con la política de persecución penal en materia de trata de personas que este Ministerio Público Fiscal viene trabajando», expresó.
Cabe recordar que, a partir de la desaparición de su hija, en abril de 2002, hace ya once años, a manos de una red de trata, y durante su posterior búsqueda, la labor de Trimarco permitió ayudar y liberar a más de un centenar de mujeres.
En 2007, la madre de la joven tucumana secuestrada creó la Fundación María de los Ángeles, donde un equipo de profesionales recibe denuncias y asiste a las víctimas de ese delito.
