El recuerdo de la protesta policial y de los saqueos de diciembre, y del crimen de Ismael Lucena en manos de agentes de la fuerza sirvieron como escenografía para justificar el por qué del debate. La organización Abogados y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) busca reavivar la discusión sobre la necesidad de una reforma policial como un paso más hacia un modelo de “seguridad democrática”. Aunque el programa debería surgir de un trabajo multisectorial, proponen que la institución dependa de autoridades civiles y que la capacitación y la estructura sean revisadas, entre otros aspectos.
Especialistas, organizaciones y miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) avalaron el emprendimiento. Advirtieron, sin embargo, que la concreción de los cambios dependerán de la voluntad política de los gobiernos de turno. Marcaron como los principales escollos el forjar un consenso social y político amplio, el temor a la reacción de los miembros de la fuerza y la posible “connivencia” con la clase política.
Desde el Gobierno, en cambio, consideraron que una reforma policial no mejorará la seguridad y descartaron cualquier complicidad con la fuerza. Consignaron que la institución cambió desde diciembre y que se implementaron medidas para que no se repitan aquellas dramáticas imágenes.
“¿Por qué convocamos con esta consigna de “reforma policial ya”? Porque somos conscientes de que el diseño e implementación de las políticas públicas de seguridad son competencia del Ministerio de Seguridad, pero sistemáticamente comprobamos que sin una reforma integral de la Policía es muy difícil un cambio democrático en la seguridad”, explicó Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de Andhes.
Consideró que el levantamiento de 2013 puso en evidencia “cómo funciona la seguridad”. “Desnudó lo que los estudiosos llaman el ‘doble pacto’: el político-policial y el policial-criminal. En donde el sector político delega la gestión de la política de seguridad a la Policía y garantiza una autonomía de la gestión de la institución sin control externo. La segunda pata consiente que gestione el delito de manera ilegal y se autofinancie ilegalmente. La Policía pacta con el sector criminal la gestión de un nivel de conflictividad que un gobierno puede tolerar”, reflexionó.
El presidente de la CSJT, Antonio Gandur, calificó como “urgente” la necesidad de iniciar el cambio en la fuerza y agregó que se trata de una empresa compleja y de la que deberían participar amplios sectores de la sociedad. “Los terribles hechos de violencia de diciembre nos permitieron ver por un instante el rostro deforme de una parte del poder oculto de nuestra sociedad, que a veces vislumbramos parcialmente desde las páginas policiales de los diarios o en los expedientes penales. Esta imagen no puede ser olvidada. Por eso tenemos la obligación de avanzar de una vez por toda en la democratización de la fuerza”, instó el juez de la Corte.
Roberto Delgado, secretario de redacción de LA GACETA, puso la lupa sobre la relación entre la sociedad y la Policía. Para el periodista, las protestas de vecinos, las noticias de robos y asaltos, los homicidios y las defensas vinculadas a “justicia por mano propia” “dan cuenta de esa disociación entre la policía y la comunidad, que no ha logrado revertirse a pesar del plan del Gobierno”. Entre los puntos de quiebre marcó los polémicos “adicionales”- mencionó que más de 4.000 agentes cumplirían esos servicios extra- y la forma de trabajo policial sustentada en la discrecional Ley de Contravenciones.
El Defensor del Pueblo, Hugo Cabral, opinó que la reforma es un asunto pendiente desde el retorno de la democracia, en 1983. “Las instituciones policiales tienen todavía una cultura que va a llevar tiempo cambiar. Una buena forma de empezar es derogar el Código de Contravenciones. Se puso en el debate el año pasado y lamentablemente se congeló”, lamentó. Advirtió que lo ocurrido en diciembre de 2013 podría volver a suceder. “Expresó la necesidad del cambio”, concluyó el ombudsman.
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