El informe anual 2012 de la CPM plantea la necesidad de terminar con el sistema de la crueldad. Las prácticas violatorias de los Derechos Humanos, la violencia policial, el híperclasismo y racismo de la políticas judiciales y de seguridad, la impunidad que convierte la tortura en práctica extendida, no son elementos disociados o “manzanas podridas”, sino parte de un sistema que el Estado y la sociedad están obligados a desmantelar.
La historia de nuestro país estuvo marcada por estas prácticas. El genocidio y el neoliberalismo las elevaron al máximo. La constitución de un Otro peligroso que era el opositor a la dictadura al que le suprimían los derechos es hoy reemplazado por los sectores excluidos, en particular jóvenes pobres o desocupados. Las políticas de seguridad pública basadas en la mano dura expresan que la policía bonaerense y la política criminal están centralmente para controlar ese segmento social.
El proceso de lucha democrática rompió las impunidades y abrió el camino de la justicia frente a los crímenes de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, en políticas de seguridad, penitenciaria y judiciales de la provincia de Buenos Aires se mantiene un núcleo duro de ideas que dieron sustento a aquella institucionalidad.
El sistema de la crueldad es la cara no visible de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Más igualdad y más democracia servirían para la construcción de un nuevo paradigma de seguridad comunitaria, de justicia sin impunidad, de vigencia plena de los derechos humanos.
Sin esta tarea democrática, la tortura seguirá siendo sistemática, la violencia sobre nuestros jóvenes se seguirá descargando y la ineficacia frente al delito complejo y organizado persistirá. El conflicto entre el viejo paradigma punitivo (aún hegemónico) y el democrático se extiende en la sociedad, partidos e instituciones, transversalmente.
Como avances podemos hablar del proyecto de creación de la Policía Judicial elaborado por CPM y Convergencia para la democratización de la Justicia; la media sanción del mecanismo provincial de prevención de la tortura; el desmantelamiento del Penal 29 como unidad de traslado, donde se concentraban las torturas; la mesa de seguimiento de medidas cautelares sobre el complejo carcelario de San Martín –donde se trabaja sobre los problemas estructurales del sistema penitenciario provincial– con la participación de los gobiernos nacional y provincial, la Legislatura, la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y CPM.
Sin embargo, la matriz del modelo que cuestionamos existe en el autogobierno policial, las prácticas represivas, el hacinamiento, la magnitud de la violencia, el gatillo fácil y el dominio territorial por la Bonaerense y su regulación del delito.
Nuestro informe denuncia las torturas y desigualdades, y propone la construcción de un nuevo paradigma. Parte de un presupuesto: “basta de tortura”, y apunta a las causas estructurales de los males que padecemos. Hacemos visible lo que muchos no quieren que se vea, porque una sociedad democrática, para serlo, debe dar cuenta de los cambios que están pendientes.

fuente http://sur.infonews.com/notas/la-democracia-debe-derrotar-al-sistema-de-la-crueldad