El movimiento por una Justicia Legítima, surgido del documento de fines del año pasado que cuestionó las opiniones y la representatividad de las tradicionales agrupaciones de jueces, acaba de consolidarse con las jornadas realizadas el 26 y el 27 de febrero últimos en la Biblioteca Nacional. Y con los proyectos anunciados por la Presidenta de la Nación.

Era un paso esperado, pues el tema de la Justicia hace mucho que se viene debatiendo, aunque sin la exposición pública del último tiempo. Y se ha dado un paso en la buena dirección. Por lo pronto es importante destacar que del movimiento participan no sólo jueces, fiscales y demás funcionarios del Poder Judicial, sino también abogados y otros sectores de la sociedad. Esto es central, porque la discusión que se está dando no es de orden técnico o sectorial, sino eminentemente política. Se trata de modificar la concepción de la Justicia, haciéndola más democrática y enfocada al bien común.

Este objetivo es imperioso ante la cerrazón de la llamada “corporación judicial”, que piensa la Justicia como un reducto propio, casi aristocrático, identificando la independencia judicial con la falta de control de su actuación y de opiniones sobre sus resoluciones. Donde hay pactos de amigos y amiguismo con el poder económico. Y donde se esgrimen argumentos vacíos de contenido para mantener prebendas injustificadas como el no pago del Impuesto a las Ganancias.

La Justicia no puede seguir siendo entendida como algo ajeno y distante de la sociedad, a la que debe servir. Está, por definición, para dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo de cada uno no puede ser objeto de un frío análisis legal, que no tenga en cuenta la desigualdad de las partes a la hora de juzgar ni los contextos ni la definición de Aristóteles sobre la equidad, a la que considera una “dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal”. Por eso se hace indispensable discutir cambios en los mecanismos tradicionales de administrar justicia, así como también en los criterios para definir el perfil del juez.

Habrá que discutir también los mecanismos de acceso a la Justicia para todos, especialmente para los sectores más vulnerables. El primer paso será la divulgación masiva de los derechos más comunes y cotidianos, y el segundo la descentralización física de los juzgados, para que la distancia no sea un impedimento para los reclamos. En esa línea, será muy útil la creación de la Justicia vecinal, manda constitucional aún incumplida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y fortalecer los mecanismos participativos de solución de conflictos, como la mediación. Por otra parte, el principio constitucional de igualdad ante la ley implica, ciertamente, facilitar la igualdad en los procedimientos, y en ese sentido será necesario garantizar de manera ágil el acceso sin pago alguno a las actuaciones judiciales de los sectores de escasos recursos económicos, y establecer para ellos asesorías jurídicas gratuitas en los lugares que les son cercanos.

El proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura anunciado por la Presidenta al inicio del año legislativo es positivo porque apunta a la democratización. Que la sociedad en su conjunto se involucre en la elección de quienes tendrán que elegir y destituir a los jueces es coherente con la idea de que el Poder Judicial no es cosa de pocos sino de todos. También apuntan a la democratización los anuncios tendientes a transparentar la actividad judicial. Comenzando por la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de quienes la ejercen, algo que hoy no está vigente, contraviniendo lo mandado por la Convención Interamericana contra la corrupción, firmada y ratificada por nuestro país.

La Justicia Legítima no se logrará de un día para otro. Será menester cambiar una verdadera cultura judicial. Y como todo cambio cultural, será luchado y difícil. Habrá que discutir mucho las muchas iniciativas presentadas y ser creativos en la búsqueda de soluciones. Pero los debates y esfuerzos organizativos han comenzado. La gran esperanza está en marcha.

* Abogado, ex vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), del Colegio Público de Abogados de la Capital; vicepresidente del Frente Grande de la Capital Federal.

Defensa pública inclusiva y eficiente

Por María Florencia Hegglin *

Dotar de un significado auténtico a la novedosa y bienvenida proclama de una democratización del sistema de justicia nos obliga, como operadores del sistema, a intentar definir lo más ajustadamente posible de qué hablamos cuando hablamos de una Justicia democrática. Es muy posible que no todos estemos queriendo decir lo mismo, o pensando el asunto desde un mismo lugar, principalmente porque la denominada administración de justicia no está conformada sólo por jueces, sino también por fiscales y defensores públicos que formamos parte de ese mismo engranaje. Más allá de ello, creo que algunos ejes centrales han llegado para instalarse, o al menos para dar pelea, con un inusitado vigor, en este abierto debate.

Los binomios democracia-inclusión y democracia-igualdad, que consagran el valor de la administración de los asuntos públicos para el bien común y, como tal, para todos, son ejes temáticos que emergieron con enorme fuerza, para interpelarnos. ¿Es la administración de justicia lo suficientemente inclusiva en la aplicación de la ley? ¿Qué niveles de inclusión social garantizan las agencias judiciales? ¿De qué modo se garantiza una política inclusiva e igualitaria en la defensa pública? Respecto de este último interrogante, hay cursos de acción que mostrar y cuestiones para señalar desde la perspectiva del Ministerio Público de la Defensa.

La defensa pública propone, desde hace tiempo ya, un programa de acceso a los cargos públicos de planta a través de un llamado a concurso y convocatoria abierta a cualquier interesado. Este modo de ingreso fomenta la inserción en nuestros cuadros técnicos de una pluralidad de voces e intereses que, en la medida en que se consolide como política sustentable en el tiempo, consagrará la aparición de perspectivas y enfoques más ricos, más autocríticos, todos los cuales, en definitiva, redundarán en un servicio público más eficiente y más cercano a la realidad de a pie. De ese modo no se ahogan voces diferentes, con realidades diferentes y –esto es lo importante– que seguramente propondrán soluciones diferentes para los cotidianos conflictos de justicia.

Además, la inclusión debe pasar por garantizar un empoderamiento legal real de las personas vulnerables en nuestra sociedad. Eso lleva a reparar en cuestiones estructurales y otras que no lo son tanto. Dentro de las primeras, entiendo que el sistema que mejor garantiza una defensa legal más eficiente para esas personas es el sistema establecido por la Constitución nacional para la defensa pública nacional, en el que las personas sin recursos cuentan con la asistencia técnica de una estructura autónoma y con independencia funcional del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. No sucede lo mismo en otras organizaciones provinciales, donde la Defensa Pública y el Ministerio Público acusador confluyen bajo una misma cabeza administradora que debe decidir la asignación de un único presupuesto entre dos fines, antitéticos y con distintas necesidades: persecución y sanción del delito, por un lado, y garantizar una defensa técnica legal eficiente y comprometida con los derechos humanos de un sujeto social vulnerable, por el otro. Frente a una demanda punitivista siempre en ascenso, fomentada por medios de comunicación siempre dispuestos, no hace falta ser pitonisa para conocer qué costado de la estructura bifronte sufrirá el recorte, ante las constantes emergencias que plantea la administración de organismos en los que predomina el principio de escasez estructural. Una defensa pública independiente y funcionalmente autónoma del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial es indispensable para garantizar un empoderamiento legal real y eficiente de los más débiles.

Otra acción de corte más práctico, pero igualmente saludable para fomentar la inclusión de los derechos de todos y todas en el ámbito de la defensa pública judicial es seguir fomentando, a través de capacitación y de concursos para magistrados y funcionarios, la excelencia en los servicios jurídicos gratuitos que para ellos prestamos, de modo que, cuanto menos, en los servicios legales que se les entrega puedan registrar el esmero que el Estado ha puesto para asegurarles una igualdad de armas jurídicas en relación con otros coimputados o querellantes pudientes. Excelencia, rigor profesional, compromiso con la tarea diaria y “horas silla” para ellos significa incluirlos.

En esa misma línea, se debe mantener, consolidar y ampliar la asistencia jurídica gratuita que la defensa pública nacional presta también a personas que no se encuentran en conflicto con la ley penal, pero que reclaman, en su condición de vulnerables, un acceso a la Justicia para el reconocimiento de sus derechos.

* Defensora oficial del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-215036-2013-03-04.html