Un grupo de legisladores con el apoyo del padre de una las víctimas de la inseguridad en esta Provincia, han denunciado por mal desempeño a los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Mendoza.
El fundamento de la acusación es que no están de acuerdo con los criterios que se usaron al resolver algunas apelaciones esta Cámara, permitiendo la libertad de personas condenadas y cuya libertad había sido denegada por los jueces de ejecución de la Pena.
Visto así el hecho, aparece una legítima preocupación de diversos ciudadanos elegidos por el voto popular ante decisiones judiciales, mas allá que si por esas decisiones los jueces de la Cámara de Apelaciones pueden ser objeto del jury de enjuiciamiento.
Otro efecto a destacar es que la denuncia por si misma y por sus actores, atrae el interés de la prensa y especialmente la que busca siempre transformar la noticia en una letanía.
Desde mi punto de vista, la denuncia tiene varias aristas a destacar. En primer lugar apunta como mensaje para futuras resoluciones de ese Tribunal o de otros como mecanismo de autocensura de quienes deben tomar decisiones no siempre fáciles o populares.
En segundo lugar la denuncia plantea una vez más una crítica severa a los jueces que se atreven a invocar el derecho internacional de los derechos humanos los que son estigmatizados como «garantistas».
En tercer lugar los denunciantes están convencidos que su criterio es el único aplicable y por lo tanto legal, Quien cruza ese límite debe quedar excluido de la administración de justicia.
Cuentan para ello con la mala prensa que pueden tener tanto las personas condenadas como quienes hablan o mencionan la palabra derechos humanos. Sostienen que sólo los delincuentes-cualquiera sea el estatus que tengan en un proceso-son los únicos beneficiarios de esos derechos, en definitiva unos privilegiados.
Como vemos la denuncia actúa como castigo sobre quien ha decidido dando sus razones a lo que se suma otra ganancia; si la denuncia es desestimada es porque nada se puede hacer contra la corporación y que las manos están atadas. Nuevos textos para eternos actuares.
Ni el dolor ni la elección popular pueden impedir que podamos dar una discusión seria sobre la ejecución de la pena y los derechos de las personas condenadas. Toda una sociedad se lo merece, porque lo que no se discute permanece poco tiempo invisible a la crítica y al cambio,
Las cárceles de Mendoza tienen una realidad que pocos quieren ver y abordar pero que conocemos. Hacinamiento, torturas, sobrepoblación, baja calidad en materia de educación y salud. Se debe sumar a ello la calidad de trabajo en que se introduce al personal penitenciario que convive en los mismos lugares de mediocridad que han sido descriptos. En ese medio la persona condenada, cualquiera sea el delito debe hacer el camino hacia su libertad no alejada de otras complicaciones como es la burocracia penitenciaria y de los juzgados de ejecución penal que también tienen toda una problemática especial.
En ese contexto de encierro algunos condenados han sido escuchados por un órgano de apelación como es la Cámara y se les ha dado la razón.
Pero el mensaje que la denuncia quiere transmitir es otro. Aduce que la Cámara es un grifo roto en materia de libertades y que el que apela la decisión del juez de ejecución deja su cuarto miserable y se va para la calle.
No existe en la denuncia por tanto ninguna otra alternativa que la destitución para quienes piensan fundadamente distinto en esta materia que es la ejecución de la pena.
El riesgo de este pensamiento cero es precisamente que gane el miedo, la autocensura, la exposición pública de quien es denunciado, en definitiva el grito contra la razón.
Como somos circulares en materia de historia, ya hemos asistido a otros momentos pendulares donde vamos hacia la restricción de derechos y dónde sólo aparece como válido y razonable el interlocutor que hable que todo el tema de la seguridad se resuelve con mayor dureza de penas, más encierro y por supuesto más armas. A la historia y memoria de esas propuestas me remito.
La Cámara de Apelaciones de Mendoza tiene dos mecanismos de control; el judicial por la Fiscalía de Cámara y la Suprema Corte de Justicia y en materia de los comportamientos personales, la Sala Administrativa de la misma Corte. Bajo la mirada de los denunciantes todos esos componentes también debieran responder. Como vemos el mensaje es para todos.
La denuncia debiera provocar un debate acerca de la problemática que se plantea. Abordar todos los mecanismos penitenciarios de la ejecución de la pena, establecer si el régimen establecido permite o no la inserción de valores sociales en los condenados, si la ejecución progresiva de la pena realmente prepara a la persona y su familia para la libertad y cuáles han sido las condiciones de detención y el acceso a los derechos que no ha perdido o que le fueron suspendidos. Ese sería un efecto útil de estas presentaciones y donde todas las posiciones debieran ser escuchadas y analizadas.
Al fin y al cabo la cárcel nos guste o no es de todos y para todos tanto como el espacio Le Parc y el Parque, por dar algunos ejemplos.
Hay en Mendoza una discusión siempre pendiente en lo que hace a los sistemas de seguridad. No discutimos modelos policiales, judiciales, penitenciarios y construcciones carcelarias y mucho menos qué se hace con los internos procesados y condenados como qué respuesta damos a las víctimas de los delitos desde los dolosos como aquellas que también mueren en las calles por los «accidentes de tránsito».
Negarse a repensar lo que tenemos para saber qué queremos es la peor herencia que se puede dejar al presente y al futuro.
Ceder por otro lado ante las denuncias que amenazan la aplicación de los derechos constitucionales es un camino en favor de las exclusiones y en perjuicio de todos nosotros.
No se puede renunciar a pensar diferente porque precisamente esa es la esencia de la democracia.
fuente http://www.mdzol.com/opinion/458440-la-denuncia-como-mensaje/
