La fuga de 13 reclusos del penal de máxima seguridad de Ezeiza entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto, supuestamente a través de un boquete, derivó en la renuncia del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel. Entonces, un interrogante se volvió inevitable: ¿los agentes del SPF apostados en el lugar tuvieron algún tipo de participación en la huida de los reos?
Los investigadores del caso consideran que la fuga no se pudo haber realizado sin la connivencia de los penitenciarios. El fiscal de la causa, Adrián García Lois, le solicitó al juez federal Carlos Ferreiro Pella «investigar la participación del personal» penitenciario. El procurador de Lomas de Zamora consideró que «la fuga no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de los guardias», por lo que «señaló la responsabilidad penal por evasión culposa de varios funcionarios del Servicio». Por su parte, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, indicó que hubo «complicidades» fuera y dentro de la unidad carcelaria.
A pocas horas de conocerse el suceso, Hortel le dijo a este diario: «Es una factura que me pasan desde el Servicio por el proceso de transformación que implementamos.» Acaso no sea mera casualidad que la fuga cinematográfica de los 13 delincuentes haya coincidido en el calendario con el cumpleaños del entonces funcionario. No falta quien cree que hasta el día del escape fue seleccionado con una precisión quirúrgica.
¿Pero por qué la corporación penitenciaria querría derrocar a Hortel?
«El núcleo duro de la fuerza no quiere perder los negocios, las prebendas», afirmó el renunciado director del SPF el 20 de agosto. ¿A qué se refería?
Una de las medidas que pretendió resentir lo que se conoce como «la caja» del núcleo duro del SPF fue publicada en el Boletín Público Normativo Nº460 del Servicio Penitenciario Federal, el 6 de junio de 2012. Se trató del «Protocolo de procedimiento de control de ingreso y egreso a establecimientos penitenciarios federales» cuyo fin era erradicar, fundamentalmente, el negocio de las drogas que se filtraba en las cárceles.
El consumo de estupefacientes al interior del espacio carcelario no es menor. De acuerdo a un informe que circula por despachos oficiales y al que tuvo acceso Tiempo Argentino, la cocaína y la marihuana son las drogas que más se consumen intramuros, mientras que en un segundo lugar se ubican las pastillas legales e ilegales. Es que estas sustancias, así como los celulares, por ejemplo, conforman lo que se considera el mercado negro penitenciario. «Todo tiene su precio», explicó una fuente calificada.
En esta sintonía, el 17 de junio de 2011, se aprobó la «Guía de Procedimientos para el uso de Sistemas de Detección de Trazas en Establecimientos Penitenciarios». «El objetivo fundamental de este sistema es detectar el ingreso de elementos no permitidos en Establecimientos Penitenciarios (estupefacientes, armas, explosivos, celulares, etc.)», se lee en la resolución D.N Nº817. En más de una ocasión, los detectores que debían advertir sobre alguna irregularidad estuvieron desconectados. Su operatividad, claro, dependía de los agentes penitenciarios.
Según una fuente calificada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los negocios que nutrían lo que se denomina como «la caja» del núcleo duro del SPF, se encontraban los sobreprecios en la compra de vehículos, de comida y de camas. «También existen negocios más miserables como cobrarles a los presos mejores ubicaciones carcelarias y lugares íntimos a la hora de recibir visitas. Todo puede ser un quiosco o un supermercado. Al cortar estos circuitos financieros, se generan fuertes resistencias», aseguró.
Pero existieron más medidas que afectaron, fundamentalmente, al sector más conservador de la fuerza.
Con el objetivo de disminuir los índices de violencia institucional, el 12 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Público Penitenciario Nº3023 una resolución que generó un cimbronazo en el núcleo duro de la fuerza: se trató de la «Abstención de ejercicio de defensa profesional (art.37 inc. ñ) de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal Nº20.416», por la que se estableció que los abogados del SPF no intervinieran en la defensa de los guardias acusados por torturas.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del SPF establece como un derecho del agente penitenciario el «ser defendido y patrocinado con cargo de la Institución cuando la acción fuese entablada con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones». En la mentada resolución se expresó que esto «deviene absolutamente contrario» a la Constitución y tratados internacionales cuando «aquellas acciones fuesen entabladas por supuestas torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes».
Por tal motivo, en la resolución D.N. Nº2515, Hortel ordenó a la Dirección de Auditoría General del Servicio Penitenciario Federal que «se abstengan de ejercer la defensa profesional (…) en todos los casos en los que se investigue judicialmente a personal penitenciario en el marco de hechos que puedan considerarse abarcados por los Tratados o Instrumentos Internacionales que previenen y sancionan la tortura, y todo otro trato inhumano, cruel o degradante (…)».
Incluso, en el artículo 2º de esta normativa se instruyó a los profesionales del SPF que estuviesen defendiendo a agentes denunciados por alguno de estos hechos a que «procedan, de inmediato, a presentar su renuncia al cargo (…) haciendo saber a sus defendidos que podrán optar por la defensa jurídica y gratuita garantizada por el Ministerio Público». Es decir que, a partir de entonces, los agentes denunciados por torturas perdieron el beneficio del bufete de abogados corporativo y debieron buscarse un defensor oficial. Si el penitenciario en cuestión no estuviera conforme con la defensa pública (y gratuita, a la que tiene acceso cualquier ciudadano), podría pagarse un defensor privado.
Otro suceso sintetiza por qué Hortel en muchas ocasiones simbolizaba una espina en los borceguíes de los agentes penitenciarios. Como consecuencia de «una alteración del orden en el Módulo Residencial Nº V del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires» y una violenta reacción de los agentes encargados de la requisa, el 16 de febrero de 2013, el entonces funcionario nacional denunció a los penitenciarios ante la justicia «por la presunta comisión de delitos de acción pública». El caso recayó en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº16, secretaría Nº111.
Todo comenzó a partir de un memorando que produjo la Dirección del Módulo Residencial V en la que determinó que a partir de aquel 16 de febrero, y «de forma repentina», cambiaría la modalidad de «la visita masculina». De acuerdo a la denuncia presentada por Hortel en Tribunales, «por dichos de los propios internos allí alojados, habría existido un supuesto hostigamiento y amenazas a diferentes personas privadas de la libertad proferidas por quienes
desempeñaban la Dirección del Módulo». Y luego una represión de la Sección Requisa de aquel complejo penitenciario que dejó un saldo de más de 20 heridos.
Para evitar males mayores, intervino la Unidad Fiscal Norte de la Justicia Contravencional del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se presentaron diversas acciones de habeas corpus. Cuatro días más tarde, «la dirección nacional (del SPF) se apersonó en el lugar constatando que los internos alojados presentaban lesiones visibles». Como prueba documental en la presentación judicial se anexaron las fotografías de los presos heridos –la mayoría con cortes en el cuero cabelludo–, los informes médicos y la nómina del personal de la Sección Requisa, entre otros elementos.
En su presentación, el entonces director penitenciario apuntó al subprefecto Aldo José Ayala; al jefe de la División Seguridad Interna del Modulo Residencial V, Martín Ceferino Solar; y al segundo jefe de la División Seguridad Interna del módulo, Luis Erberto Maciel, quienes fueron denunciados por los reclusos.
En el penal de Marcos Paz, la reactivación de una causa por violación que estaba paralizada en los archivos del servicio, y fuera realizada por una agente de aquel complejo penitenciario, alteró el humor del sector más conservador de la fuerza. Se trató de la causa Nº2746 que tramitó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora y que investigó la participación de otros penitenciarios. El 25 de septiembre del año pasado se cambió al instructor de este expediente porque hubo una «demora injustificada en el trámite de la Información Sumaria», tal como se desprende de un sumario interno. Finalmente, el caso llegó a buen puerto y, según indicaron fuentes oficiales, fueron procesados hasta los jefes de la unidad carcelaria donde se produjo el delito.
Una de las medidas que mayor resistencia generó hacia el interior de la corporación penitenciaria fue la política de trasladar a los genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad de dependencias militares a pabellones comunes, dependientes del SPF. El caso paradigmático, acaso, sea el del dictador Jorge Rafael Videla, quien fuera llevado de la «cárcel» de Campo de Mayo al penal de Marcos Paz, en junio de 2012, donde finalmente falleció. El tratamiento especial del que gozó el represor evidenció que la subordinación del SPF al Ejército durante la última dictadura –estuvo bajo su órbita– había dejado su huella: muchos de los penitenciarios le seguían haciendo la venia al represor caído en desgracia. «
«Nosotros teníamos un informe de inteligencia del Servicio Penitenciario que advertía sobre una posible fuga», afirmó ayer el ex director nacional del SPF, Víctor Hortel, a Tiempo Argentino. «Esa información se la hicimos saber al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en mayo para que tomen las medidas de seguridad que correspondieran», añadió el ex funcionario nacional sobre la fuga de los 13 presos.
«Una de las tareas de esa dependencia del Servicio es evaluar la peligrosidad de las personas privadas de la libertad», explicó Hortel a este diario. En el informe que había llegado a manos de la dirección del SPF figuraban los dos brasileños que, estiman los investigadores, planificaron la fuga: Thiago Ximenez y Renato Dutra Pereira. «En el complejo debieron haber tomado adecuadas medidas de seguridad pero no se hicieron eco del informe», dijo el referente de la organización Vatayón Militante.
«No fueron presos que simplemente se escaparon, acá hubo una complicidad del Servicio muy grande», resaltó el ex director. Y explicó que durante su gestión tenía una pelea muy fuerte con la institución: «O se autogobernaba o respondía al poder político. Nosotros impusimos que respondieran al poder político.»
«Así logramos cambiar las políticas en el contexto de encierro. Antes había garrote, nosotros generamos inclusión», expresó. Y se quejó: «Históricamente al Servicio se lo criticó porque sacaba presos a robar. Nosotros los sacábamos a eventos culturales y nos criticaron de todos lados.» «Lo hicimos muchísimas veces y nunca nadie se fugó ni se registraron hechos de violencia», finalizó.
