“Apreciado ciudadano: su denuncia ha sido archivada porque no hay evidencias que lleven a identificar a un autor conocido del delito del que usted fue víctima”.
Notificaciones como esta, tan sinceras como polémicas, son las que la mayoría de colombianos que denuncian pequeños delitos empezarán a recibir desde el año entrante, a más tardar un mes después de dar aviso a las autoridades.
Esa facultad, la de no investigar casos de poca monta cuando no hay mayor indicio del culpable, es uno de los ejes del paquete de decretos que preparan el Gobierno y la Fiscalía, y que serán presentados al país en pocas semanas, como parte de la reforma que le dará otra cara al ente investigador. En líneas generales, el nuevo modelo apunta a desmantelar grandes estructuras criminales, más que a perseguir a pequeños delincuentes. (Lea también: ‘Es mejor acabar con la banda que coger al atracador’: Fiscal).
EL TIEMPO conoció la esencia de la política que se implementará, la cual incluye la creación de un comité que tendrá la función de decidir, en cuestión de semanas, si las denuncias por delitos como el robo de celulares entran al sistema y se les asigna un fiscal y un equipo de Policía Judicial o si son archivadas y enviadas a una base de datos. De allí podrían volver los casos, pero esta vez incluidos en grandes investigaciones contra las bandas delincuenciales.
Hoy, cuando un colombiano denuncia un hurto menor, pasan al menos seis meses –y a veces hasta dos años– para que un fiscal asuma el caso y le ordene a la Policía Judicial que cite a la víctima a ampliar su declaración. Para ese momento, mucha gente desiste. Tras varios años en los estantes judiciales, los procesos terminan archivados. En el 2011, la mitad de las investigaciones (casi medio millón) se cerró porque no se identificó a un posible autor del delito.
“El país debe saber que no podemos investigar al tiempo todas las denuncias y que es necesario priorizar”, señaló el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Entre los delitos que podrían no pasar el nuevo filtro estarían el hurto simple (como el raponazo), las falsedades y algunas lesiones personales.
La propuesta apunta a que, en todo caso, se creen equipos especializados capaces de detectar patrones en esos delitos sin rostro. Así, si por ejemplo hay diez denuncias de vandalismo en una misma zona, aún sin autores identificados, existirá una pauta criminal que será investigada, no hecho por hecho, sino en contexto.
De la misma manera, ningún fiscal podría mandar al congelador los casos en los que hay información suficiente para llevar un acusado ante un juez.
Priorizar, la consigna
Fuentes oficiales que están manejando el proceso aseguran que si bien la percepción inicial del ciudadano puede ser que su denuncia no vale, finalmente será más provechoso para la comunidad –incluida la víctima– que se desvertebre la banda que delinque en el sector, lo que es más factible si se construyen casos más sólidos.
En esencia, se trata de la versión más general del mismo modelo de priorización que ha generado polémica frente a los crímenes cometidos por paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado en medio del conflicto, y que también empezará a aplicarse en los próximos meses.
En promedio, cada año la Fiscalía se ocupa de un millón de noticias criminales (expedientes), que se suman a otro millón de casos represados de años anteriores. Como no hay investigadores para tanta denuncia, se buscará también promover soluciones amistosas en los procesos de injurias, peleas o líos por plata que hoy terminan en lo penal.
El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago señala que el modelo es viable, pero advierte que se debe garantizar que “esos casos que van a quedar congelados” se puedan reabrir ante la aparición de nuevas evidencias. En contravía, Luis Anaya, gerente general de Alto Colombia, firma dedicada a combatir el robo ‘hormiga’ contra el comercio, advierte que el mensaje enviado con este tipo de reformas puede ser contraproducente. No solo porque desincentiva las denuncias, sino porque los delincuentes perciben que se aumenta el margen para que nunca les caiga el guante de la justicia.
El debate, en todo caso, está planteado. El fiscal Montealegre asegura que está dispuesto a darse la pela de “sincerar” la actividad de la Fiscalía ante los colombianos, con el compromiso de que los esfuerzos ahorrados se encaminarán contra los grandes generadores del crimen que afectan al país.
Otros puntos claves de la reforma de la Fiscalía
1. Autofinanciación
La Fiscalía ha logrado en el último año incautar bienes por cerca de dos billones de pesos que pasaron al Tesoro Nacional. Se propone que parte de esos recursos vayan a financiar el nuevo modelo de investigación y la capacitación de sus funcionarios.
2. Más Policía Judicial
Además del CTI, la Fiscalía creará tres nuevos organismos especializados de Policía Judicial. Aparecerán la policía económica financiera, con apoyo de la Uiaf y la Dian; la de derechos humanos y la encargada de los casos contra el crimen organizado.
3. Evaluación
La Fiscalía evaluará anualmente a los fiscales para medir su efectividad. De ello dependerán los ascensos. Así mismo se cambiará el régimen del CTI para hacer procesos verbales que en corto tiempo lleven a la desvinculación de funcionarios corruptos.
4. Casos en grupo
De las nueve unidades nacionales que hoy tiene la Fiscalía solo quedarán cinco. Se crearán grupos especializados en macrocriminalidad, anticorrupción, derechos humanos y justicia transicional, para enfrentar un proceso de paz con las Farc.
REDACCIÓN JUSTICIA
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