NUEVA YORK, 6 feb (IPS) – Los casos de 136 personas, que fueron objeto de ilegales entregas extraordinarias o detenciones clandestinas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quedan expuestos en un informe de Open Society Justice Initiative.
El estudio, presentado el martes 5, arroja luz sobre un capítulo de la «guerra contra el terrorismo» que hasta ahora está envuelto en un manto de secreto.
Bajo el título «Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition»(Globalizando la tortura: Las detenciones secretas y entregas extraordinarias de la CIA), el reporte confirma que esa agencia mantuvo a presuntos terroristas en prisiones clandestinas, conocidas como «sitios negros».
La CIA también llevó a cabo «entregas extraordinarias» («renditions», en inglés), definidas por el estudio como la transferencia ilegal de un detenido a la custodia de un gobierno extranjero para su detención o interrogación.
Según el informe de la organización humanitaria con sede en Nueva York, los detenidos por la CIA fueron torturados y abusado en sitios de detención de todo el mundo. A algunos los detuvieron por error, y contra otros nunca se presentaron cargos por ningún delito.
«Eso es lo que ocurre con estos casos; a cual más perturbador que el otro», dijo a IPS la autora del estudio, Amrit Singh, quien también se encarga de los asuntos legales en el programa de Seguridad Nacional y Antiterrorismo de la Open Society Justice Initiative.
El caso de Fatima Bouchar, por ejemplo, es uno de los 136 que el informe documenta. En 2004, la CIA y autoridades tailandesas la agredieron física y psicológicamente en un aeropuerto en Bangkok. La encadenaron a una pared y la privaron de alimentos durante cinco días, antes de entregársela a Libia. En ese entonces, Bouchar tenía cuatro meses y medio de embarazo.
«Parte del motivo por el que se redactó este informe es que es realmente importante contar qué les ocurrió a estas víctimas», dijo Singh.
El reporte sostiene que, además de ser ilegal, la tortura arroja información incorrecta. Cita el caso de Ibn al-Sheikh al-Libi, quien en 2002 fue objeto de una entrega extraordinaria de Estados Unidos a Egipto. Cuando lo amenazaron con torturarlo, Al-Libi inventó información sobre Iraq, la red extremista Al-Qaeda y el uso de armas biológicas y químicas.
En 2003, el entonces secretario de Estado (canciller) Colin Powell citó esta información inventada en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al defender la guerra en Iraq.
El informe fue escrito en el contexto de las políticas antiterroristas de Estados Unidos, posteriores a los atenados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
El epígrafe con el que se inicia fue tomado de una entrevista de televisión que en 2001 concedió el entonces vicepresidente Dick Cheney al canal NBC News.
«En el mundo de la inteligencia, tenemos que pasar tiempo en las sombras», dijo Cheney. «Mucho de lo que se necesita hacer aquí tendrá que hacerse rápidamente, sin ninguna discusión».
El reporte también lista a 54 «gobiernos extranjeros» cómplices, que colaboraron con la CIA de varias maneras: albergando prisiones de esa agencia en sus territorios, o capturando, transportando y torturando a detenidos, o brindando inteligencia, por ejemplo.
«Esto realmente habla del poder que ostenta Estados Unidos en el mundo. En este caso, tiene poder esencialmente para reclutar socios a fin de cometer violaciones a los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo», dijo Singh.
Frenos y contrapesos… y matanzas extrajudiciales
En 2002, las autoridades estadounidenses detuvieron a Maher Arar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. La CIA lo transportó en avión a Ammán, donde guardias jordanos lo agredieron.
Luego fue víctima de una entrega extraordinaria a Siria, encerrado durante 10 meses en una celda similar a una tumba, golpeado con cables y amenazado con aplicarle choques eléctricos.
La abogada de Arar, Maria LaHood, del Centro de Derechos Constitucionales, dijo a IPS que demandaron a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que lo enviaron allí para que lo torturaran. Pero sus esfuerzos no dieron los resultados que esperaban.
«Básicamente, los acusados (del gobierno de Estados Unidos) retrucaron con los mismos argumentos de siempre, diciendo que aunque lo que dijera (Arar) fuera verdad –que Estados Unidos lo envió a Siria para que lo torturaran-, los funcionarios no pueden ser responsabilizados» por eso, señaló LaHood.
Según ella, cuando funcionarios del gobierno de Estados Unidos asocian sus acciones con la «seguridad nacional», es prácticamente imposible juzgarlos. «El Poder Judicial no puede tocarlos», resumió.
Arar «no pudo llevar su caso a ninguna parte en Estados Unidos. No ha recibido una disculpa. Todavía está en la lista de vigilancia», dijo LaHood.
La abogada mencionó a IPS los desafíos similares que se presentan a la hora de juzgar las matanzas extrajudiciales. Y citó como ejemplo el caso «Al-Aulaqi versus Panetta», en el cual las familias de tres ciudadanos estadounidenses, que fueron muertos en ataques con aviones no tripulados de su propio país, presentaron una demanda contra el Poder Ejecutivo.
«Los acusados –(el exdirector de la CIA y actual secretario de Defensa, León) Panetta, (el también exdirector de esa agencia, David) Petraeus y un par más- han desestimado el caso, argumentando que el Poder Judicial no puede arbitrarlo», planteó LaHood.
Según ella, el peso del Poder Ejecutivo de Estados Unidos ha aumentado mucho, en desmedro del del Poder Judicial.
Philip G. Alston, profesor de derecho en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y ex relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dijo a IPS que «el Poder Judicial da efectivamente carta blana al Poder Ejecutivo».
El Judicial «ha abdicado particularmente de su responsabilidad de mantener el imperio de la ley en cualquier asunto que involucre a la CIA», continuó.
«El resultado es que esta queda libre para tomar sus propias decisiones, apenas sujeta a la vigilancia formal del Congreso» legislativo, añadió.
Singh dijo a IPS que «no hay duda de que actualmente hay serias amenazas terroristas en el mundo, y que se las debe abordar de un modo adecuado y legal, pero el hecho de que estas amenazas existan no constituye un motivo para desaviarse del derecho interno e internacional establecido».
Los tribunales de Estados Unidos han negado reiteradamente las demandas de compensaciones a víctimas de torturas, señaló. Y «no han actuado como una limitación al abuso de las potestades ejecutivas, que es como deberían» manejarse, opinó.
Mientras, el Centro de Derechos Constitucionales divulgó un comunicado en respuesta a un controvertido «libro blanco» del Departamento de Justicia de Estados Unidos, titulado «Lawfulness of a Lethal Operation Directed Against a U.S. Citizen who is a Senior Operational Leader of Al Qa’ida or An Associate Force» (Legalidad de una operación letal dirigida contra un ciudadano estadounidense que sea líder operativo de alto rango de Al Qaeda o de una fuerza asociada).
«Los paralelos con los memorandos de tortura del gobierno de (George W.) Bush (2001-2009) son escalofriantes», dijo Vincent Warren, director ejecutivo del Centro de Derechos Constitucionales, a propósito del «libro blanco».
«Aquellas fueron justificaciones legales sin control, elaboradas para justificar la tortura. Estas son justificaciones sin control elaboradas para justificar las matanzas extrajudiciales», sostuvo.(FIN/2013)
fuente http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=102322
