El asesinato del sargento ayudante José Aigo sumió a la Policía de Neuquén en un nerviosismo notable. Durante la tarde del 7 de marzo –apenas a 12 horas del episodio–, un suboficial que participaba de un control vehicular en la ruta nacional 234, cerca del puente de La Rinconada, a escasos kilómetros de Junín de los Andes, le disparó a un automovilista. Ocurre que éste había cometido el pecado de frenar en forma tardía.
Lo cierto es que aquella ciudad y San Martín de los Andes son ahora el escenario de una trepidante cacería. Cientos de uniformados, con el apoyo de avionetas y helicópteros, efectúan rastrillajes hasta en los rincones más recónditos de esa geografía patagónica para dar con los dos fugitivos sospechados del homicidio. A la búsqueda se sumaron peones de estancias, baqueanos y pobladores rurales. Pero las hipótesis de los investigadores son aún inciertas.
Al principio, aseguraron que los victimarios eran cazadores furtivos. Luego fueron sindicados como narcos. También se especuló con su pertenencia a una banda abocada al traslado ilegal de personas hacia ambos lados de la cordillera. Sin embargo, en las últimas horas alguien echó a rodar una versión que entusiasma de sobremanera al espíritu público: la pista guerrillera. Según sus sostenedores, en el trágico final del policía resaltaría el largo brazo de un ignoto grupo terrorista chileno. En el medio, la única cara visible del asunto –Juan Marcos Fernández, primogénito del intendente de San Martín de los Andes– dispara más incertidumbres que certezas.

Los idus de marzo. Durante la madrugada del miércoles, la chicharra del celular sacudió su sueño. Aún adormilado, llevó el aparato hacia su oreja. En ese instante, la frase que oyó desde el otro lado de la línea hizo que los párpados se le abrieran de golpe. Así fue como Juan Carlos Fernández, quien desde el 10 de diciembre de 2011 gobierna San Martín de los Andes, supo que el mayor de sus cuatro hijos estaba en un calabozo debido al homicidio del sargento Aigo.
El intendente llegó a la comisaría 23ª antes de que clareara. Allí lo recibió un hombre de civil con cara de pocos amigos. Era nada menos que el jefe de la Policía de Neuquén, comisario general Raúl Laserna. Éste se había puesto al frente de la pesquisa en cuestión. Su forzado huésped, el joven Juan Marcos, seguía en el calabozo. Recién a la mañana fue trasladado a la Alcaidía de Junín de los Andes y, luego, al despacho del juez Joaquín Cosentino. A esa altura, el sangriento suceso que lo tuvo de protagonista ya poseía una difusión a escala nacional.
A juzgar por el testimonio del policía que sobrevivió al ataque, el oficial inspector Pedro Guerrero, lo ocurrido a las 2.15 de ese día en la ruta provincial 23, a la altura del paraje Pilo Lil, fue como una escena de Sam Pekinpah. Un patrullaje de rutina. Dos tiros gatillados desde una camioneta Mitsubishi. Y la aterrorizada sorpresa de Aigo, quien se desploma moribundo. Guerrero, con su reglamentaria ya en el puño, lograría consumar cuatro acciones a la vez: esquiva tiros, responde el ataque a pura bala, atiende a su colega y amarroca a Fernández.
Juan Marcos permanecía inmóvil, casi petrificado, mientras sus compañeros de travesía huían a campo traviesa hasta perderse en una zona boscosa. No tardaron en volver sobre sus pasos para recuperar la camioneta. Lo intentaron dos veces. Ello produjo más derroche de pólvora. Al final, se perdieron para siempre. Fernández ahora temblaba. Sobre el pavimento había una 50 cápsulas servidas.
Guerrero cree que uno de los atacantes está herido.
El intendente Fernández, un maestro rural con una añeja militancia en las filas peronistas, sólo pudo intercambiar unas palabras con su vástago, antes de que éste, esposado por la espalda, fuera ingresado al despacho del magistrado. Dicen que, en tales circunstancias, el muchacho alcanzó a farfullar: “Estoy espantado. No sé qué pasó”.
No se lo veía en San Martín de los Andes desde el día en que su padre asumió la jefatura comunal, tras arrebatarle esa plaza al Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las elecciones de octubre con una alianza de partidos progresistas. Fruto del matrimonio ya disuelto de Fernández con una médica sanitarista, Juan Marcos supo participar en la programación de la Radio Pocahuyo, una FM local especializada en temas sociales. Casado y padre de dos niños. El año pasado se afincó con su familia en una chacra que había comprado en el poblado Mallín Ahogado, a 25 kilómetros de El Bolsón. Allí acababa de construir su casa y se mantenía haciendo fletes con su camioneta Mitsubishi. Según su entorno, en el marco de esa actividad habría estado en compañía de los dos sujetos que ahora son buscados en la provincia.
En ello, al parecer, se basó su declaración ante Cosentino. Lo cierto es que por ahora sus dichos son un secreto mantenido bajo siete llaves. Trascendió que –en calidad de demorado– Juan Marcos describió a los dos prófugos; habría señalado que son ciudadanos chilenos, aunque sin aportar datos firmes sobre sus identidades y ocupaciones. Tras varias horas en ese despacho, su condición giró hacia la de testigo. “Para el juez no tuvo protagonismo en el hecho y no quedó imputado en nada”, explicó el abogado, Mariano Laprida, luego de que su pupilo recobrara la libertad.
En tanto, los elementos secuestrados en la camioneta –entre ellos, una mochila con documentos– posibilitó establecer la filiación de al menos uno de los homicidas: el chileno Alexis Alfredo Cortez Torre. De él se sabe que ingresó al país por Ezeiza el 2 de marzo desde Caracas, Venezuela, antes de viajar a Neuquén, en donde había adquirido un pasaje en micro para ir a Bariloche. Un informe prontuarial enviado por la policía trasandina registra una detención suya durante la represión a una marcha de protesta en Santiago de Chile en 2005. Ese simple dato dio pié a una hipótesis que vincula el hecho con presuntas actividades en Argentina de un no menos presunto grupo guerrillero de origen chileno: los “lautaristas”.
Así, por caso, llama el diario de Río Negro a esa desconocida cofradía sediciosa. Y –en su edición del 9 de marzo– señala que “son varios los grupos terroristas chilenos con base en el sur del país”. Al respecto menciona al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Fpmr), el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y los ya mencionados “lautaristas”.
Es de dominio público que el Fpmr dejó de operar en Chile a poco de concluir la dictadura de Pinochet, mientras que el MIR actuó hasta 1976, cuando su estructura fue desarticulada por las fuerzas represivas. El “lautarismo”, a su vez, fue una fracción disidente del Movimiento del partido Acción Popular Unitaria (Mapu), que integró la coalición liderada Salvador Allende. En 1980, ya en la clandestinidad, un sector planteó la resistencia armada contra el régimen militar. Este grupo se disolvió unos años después.
El 18 de octubre de 2007 un grupo compuesto por tres ex lautaristas, un ex mirista y un delincuente común desató un infierno de balas en el centro de Santiago tras asaltar una sucursal del banco Security, en calle Miraflores. El hecho incluyó un carabinero acribillado. Al tiempo, los pistoleros fueron atrapados en un pub de San Martín de los Andes, tras protagonizar una batahola etílica. Ello posiblemente haya alimentado la creencia del “rebrote subversivo”.
Es notable que los investigadores abonen semejante teoría a pies juntillas. De hecho, uno de ellos, consultado al respecto por Miradas al Sur, señaló: “Ésa es una de nuestras hipótesis de trabajo. No descartamos ninguna”. También dijo que aún se aguardaban informes adicionales solicitados por el gobierno chileno.
En tanto, los dos prófugos siguen como tragados por la tierra.

Fuente: http://sur.infonews.com/notas/la-hora-de-la-guerrilla-fantasma