El estado de la justicia federal penal es ya insostenible. Los casos más importantes del país prescriben, son archivados, manipulados o causan escándalos que conmueven a la sociedad. Quienes hoy son favorecidos por ella, mañana caerán en las garras de una arbitrariedad que no tiene fin; quienes alguna vez fueron abogados privilegiados verán luego cómo los casos se esfuman manejados por alguna nueva red de influencia.
Sólo una visión extremadamente estrecha o un interés muy oscuro puede sostener que esta situación es favorable.
Desde hace veinticinco años se vienen realizando esfuerzos por reorganizarla en sus estructuras, sus procesos, métodos y competencias, con poco éxito. Por ejemplo, en los últimos años el Poder Ejecutivo preparó dos planes, por lo menos, para cambiarla. Por su lado, el Poder Legislativo mantiene proyectos en trámite sostenidos por dirigentes de varios partidos, como expresión de un consenso casi unánime. A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Casal” y otros, ha dicho que el actual sistema procesal no es el querido por la Constitución Nacional y que le corresponde a los legisladores modificarlo . Y la Presidenta de la República presentó dos veces como legisladora -y lo anuncio como Presidenta- proyectos que establecen el juicio por jurados, que presuponen el cambio del sistema procesal.
La casi totalidad de las provincias del país han modificado sus sistemas procesales, adecuándolos al bloque de constitucionalidad. Y la academia se repite ya en la crítica a un sistema cuyos vicios son estructurales y nació viejo .
Los cambios necesarios son simples: en primer lugar, dejar atrás el modelo inquisitorial del juez de instrucción y entregar la dirección de la investigación y la preparación de los casos a los fiscales:esto permitirá modernizar la investigación de los delitos federales, hoy ineficaz para los grandes problemas, reorganizando a la procuración federal y a las fuerzas federales de investigación también necesitadas de una urgente modernización.
Con el actual sistema es imposible llevar adelante una política coherente y constante en temas trascendentales como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas , criminalidad económica, corrupción, delitos ambientales y otros.
Tampoco se puede lograr eficacia en los delitos ordinarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde ni se traspasa ni se moderniza, impidiendo también el crecimiento ordenado de la justicia propia de la Ciudad.
En segundo lugar, se debe fortalecer y transparentar el ejercicio de la defensa , aumentando el provecho de una defensa pública que se ha modernizado, como también generando mejores condiciones para el ejercicio de la abogacía privada, hoy sometida al azar y la arbitrariedad.
Finalmente, r eorganizando el ejercicio de la judicatura, dejando que los jueces sean eso, jueces. No investigadores , no gerentes de juzgados, no una maquinaria a manejada por una firma. Jueces imparciales que trabajen en la Sala de Audiencias, lugar privilegiado de la jurisdicción transparente y que, a fuerza de fallos comprensibles y ajustados a la ley, generen una nueva relación de confianza con la ciudadanía.
¿Los cambios urgentes resolverán todos los problemas de ineficacia y arbitrariedad? ¡Claro que no!, pero ellos son el paso indispensable para comenzar un camino nuevo de ajustes y modernización de nuestras políticas criminal y de seguridad, que todavía navegan en la indeterminación y la retórica, así como la construcción de legitimidad para la justicia federal en su conjunto, tanto en el ámbito de la Capital Federal como en las Provincias, donde la justicia federal tiene un gran desprestigio.
Un argumento recurrente ha sido que no se puede avanzar porque los jueces resisten al cambio. Recientemente más de doscientos jueces federales presentaron una nota al Ministro de Justicia de la Nación pidiendo que promueva urgentemente el cambio de las reglas procesales y de la organización.
Si existe tanto consenso, ¿qué es lo que impide que avancemos con el cambio? En esto conviene ser claros: en la justicia federal operan grupos de presión, privados y”estatales”, redes de corrupción, grupos de inteligencia, fuerzas oscuras que realizan favores, “operaciones” y ayudan a manipular nombramientos y casos.
Esta trama de intereses que no dudará en perjudicar a quienes hoy dicen beneficiar , tiene atrapada a la justicia federal y nos impide al conjunto de los ciudadanos contar con una herramienta esencial para enfrentar los grandes problemas del país. La demora es hoy expresión de una desidia inadmisible o de una complicidad inaceptable.
fuente http://www.clarin.com/opinion/impostergable-reforma-justicia-penal-federal_0_760124076.html
