Un claro avance se logró con la sanción en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, y el dictado de su decreto reglamentario.
El Estado argentino había ratificado y aprobado la Convención de Belem do Pará en 1996, pero no había adecuado su normativa interna a los principios y estándares contenidos en dicho tratado. La violencia contra las mujeres se seguía abordando desde la óptica de la familia –en base a la Ley 24.417 de violencia familiar– y no como una cuestión de Derechos Humanos.
Que la violencia de género hacia las mujeres sea considerada una cuestión de Derechos Humanos y no un asunto privado o familiar, significa que el Estado no sólo es responsable cuando a través de sus agentes ejerce violencia contra las mujeres, sino también por omisión, cuando tolera o consiente la violencia que se ejerce sobre las mujeres, tanto en ámbitos públicos como privados.
La Ley 26.485 aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva amplia que trasciende las fronteras de la violencia intrafamiliar para avanzar en la definitiva superación del modelo patriarcal, contemplando las formas más extremas de violencia pero también las más sutiles; desde la violencia física a la psicológica, la sexual, la simbólica, y la mediática, en cualquier ámbito en que la misma se lleve a cabo.
Pero más allá de los avances mencionados, los datos sobre violencia de género en nuestro país son cada vez más alarmantes.
Si bien no se puede contar con un registro cierto de todos los casos, debido a que muchos de ellos no se denuncian, constituyendo la denominada “cifra negra del delito”, los más graves, los femicidios, no se pueden ocultar y son relevados por distintas ongs que trabajan la temática, a partir de las noticias publicadas en los medios de comunicación.
Según un estudio realizado por la ONG “La Casa del Encuentro” durante el año 2011 se cometieron 282 femicidios en todo el país. Buenos Aires es la provincia en la que más mujeres murieron, ya que allí se registraron 92 del total de las muertes. En segundo lugar se encuentra nuestra provincia de Santa Fe con 27 víctimas. Cifras aun superiores a las mencionadas arroja una investigación de la ONG “Indeso Mujer”.
El número de 282 femicidios ocurridos en 2011 indica un incremento respecto a 2010, año en el que se registraron 260 casos, cifra que ya había superado la del período 2009, en el que se registraron la cantidad de 231 víctimas fatales.
En la gran mayoría de los casos se trata de los denominados “femicidios íntimos” en los que el autor resultó ser el marido, ex marido, novio o ex novio de la víctima. En muchos de los casos, se demostró que las víctimas habían realizado denuncias previas por hechos de violencia contra el femicida.
Otro dato preocupante es que se evidencia un incremento en la cantidad de asesinatos de mujeres por incineración. Todos recordamos la muerte de la joven Wanda Taddei, esposa del ex baterista de Callejeros, que falleció como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en su cuerpo. Se cree que el asesinato de Wanda, que gozó de gran cobertura mediática y hoy se encuentra en pleno trámite de juicio oral, habría tristemente “inspirado” a otros maridos y novios violentos.
A pesar de que muchos medios de comunicación sigan tildando a estos asesinatos de homicidios “pasionales”, como si pudieran tener algo que ver con el amor, debemos usar la expresión femicidios.
El término femicidio es político y denuncia la violencia sexista en su expresión más extrema: es el homicidio cometido por un hombre contra una mujer por el hecho de ser mujer, por considerarla de su propiedad.
Cualquier asesinato de una mujer no es un femicidio. Los femicidios nada tienen que ver con la inseguridad ciudadana, se trata de otra inseguridad, la que sucede puertas adentro.
Los números hablan por sí mismos y dan cuenta de la existencia de un problema social que requiere de nuevas políticas de Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista.
Es por eso que desde el Congreso Nacional nos proponemos modificar el Código Penal, incorporando estos hechos como un nuevo agravante de la figura del homicidio simple y sancionándolo con la pena máxima “cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Lejos de pretender que el derecho penal sea la solución a todos los males de nuestra sociedad, creemos que esta reforma contribuirá a visibilizar el problema, a instalarlo fuertemente en la sociedad, y a llamar a las cosas por su nombre

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2012/04/01/sociedad-71910-la-incorporacion-del-femicidio-al-codigo-penal-en-la-agenda-del-congreso.php