Es difícil para el poder político no caer en la tentación de inmiscuirse en el sistema judicial. La tan mentada división de poderes sólo se declama, siempre se penetra en territorio ajeno tratando de hacer alegato de oído a la señora de la balanza.
Un grave error porque cuando la política se mete en la justicia siempre el rebote es a la inversa y la justicia termina por inmiscuirse en la política y entonces los únicos perjudicados son los justiciables.
Hay desconfianza en la sociedad. Las críticas y la falta de credibilidad hacia los políticos se han trasladados a la Justicia, la prensa, los empresarios, eclesiásticos, policía y otros, siempre en la sospecha de que los intereses sectoriales y corporativos están por encima de los ciudadanos. No hacen bien las manifestaciones sobre fallos judiciales.
Primero fue el intendente Martín Soria, luego el vicegobernador Carlos Peralta, a quienes siguieron legisladores como Ana Piccinini y Pedro Pesatti. Lo llamativo en esta maratón por presionar al Poder Judicial es que también se hiciera eco el gobernador Alberto Weretilneck. Lo asesoraron mal y el sistema democrático requiere -por el bien de todos- que se respete el límite entre un poder y otro.
Ya lo hizo Miguel Saiz, que cuando le procesaban a sus funcionarios criticaba fuertemente a jueces y fiscales, en un exceso patoteril de defensa corporativa.
¿Qué le molestó al poder en Río Negro? Sencillo, que las denuncias formuladas al calor de la lucha políticas se hayan “caído” temporalmente por fallas procesales, aquellas a las que Weretilneck calificó despectivamente como “tecnicismos”.
El oficialismo ha caído en el error de criticar a camaristas, sin detenerse en analizar la importancia que adquiere respetar lo que se ha dado en llamar “el debito proceso”, garantía para todos los ciudadanos de que se cumple con lo que impone la ley.
¿Qué sucede en el gobierno? Enojos y exabruptos que sólo se explican en la necesidad de que aquellas denuncias políticas de perfil electoral e impactos mediáticos, se verifiquen judicialmente para no perder la credibilidad obtenida en las elecciones del 2011, que ya está seriamente dañada.
El debido proceso es un conjunto de garantías procesales que tienen por objeto asistir a los individuos durante el desarrollo del proceso y protegerlos de abusos de autoridad y garantizarle la defensa de sus derechos.
Precisamente la Constitución y los códigos procesales fijan normas que contemplan el juicio previo, el principio del juez natural, de irretroactividad de las leyes, la inviolabilidad de la defensa en juicio y el principio de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra. La observancia de estos principios se llama debido proceso. Nada tienen que ver entonces las condenas sociales, periodísticas y las sanciones electorales con el proceso judicial. Sólo la Justicia investiga, procesa, juzga y condena.
De esta manera para resguardar las garantías de los ciudadanos, si algunas de estas premisas no se cumplen el procedimiento está viciado ¿De quién es la responsabilidad? De los fiscales y jueces, que deben evitar que la política de cabotaje les endulce los oídos, como ya hemos comprobado varias veces.
La Justicia debe responder sin el patrocinio del poder de turno. Las correcciones deben estar dentro del propio sistema judicial para que tanto los fiscales como los jueces trabajen en libertad, sin presión y con idoneidad y eficiencia. La independencia debe ser tanto de factores externos como internos.
La independencia judicial es un elemento sine qua non para que los sistemas judiciales desarrollen adecuadamente su función. De la independencia judicial depende la credibilidad del sistema de justicia, y por ende, la legitimidad de las decisiones de los jueces. Es un resguardo para todos los ciudadanos.
Es el pilar sobre el que se apoya la justicia para garantizar los derechos de los más débiles, y particularmente, afirmar los derechos humanos. Sin independencia judicial, los sistemas de justicia no pueden garantizar la seguridad jurídica.
La independencia judicial no debe ser entendida como un derecho del juez, sino como una garantía para las personas y una obligación de la judicatura.
Es necesario que el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Legislativo entienda que lo mejor que puede suceder es que la Justicia trabaje libre de presiones, porque la política denuncia y condena desde el discurso y en los brazos del periodismo, pero los jueces naturales son otros.
La Justicia rionegrina tiene la oportunidad de sacarse el sayo de ser permeable a la presión política y de comentarios y editoriales periodísticas.
Hemos asistido a la permanente prédica de denunciadores compulsivos, especialistas en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Promesas de llenar cárceles y amenazas rimbombantes. Nada de esto tiene que ver con la Justicia y con fortalecer el sistema democrático y afianzar las instituciones.
fuente: http://adnrionegro.com.ar/2012/07/la-independencia-judicial-%E2%97%8F-adn/
