La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general, Stella Maris Martínez, dirigirán una Escuela de Servicio de Justicia, que inauguraron ayer. Se llama así porque será un ámbito de formación basado en “la revalorización de la administración de justicia como servicio público”. Ofrecerá estudios de posgrado y maestrías que se diferenciarán de los tradicionales, ya que la enseñanza apuntará “a la gestión y no al academicismo aséptico que se ve en algunos claustros universitarios”, explicó Gils Carbó. Allí podrán estudiar, en forma gratuita, no sólo defensores y fiscales, sino jueces, empleados y operadores judiciales y aspirantes a ingresar al sistema de Justicia.
“Los magistrados no deben ser burócratas a quienes la vida les pasa por el costado”, dijo Gils Carbó en un acto inaugural que se hizo en el Banco Nación, y explicó que el enfoque en enseñar para la “gestión” se debe a que “la magistratura se aprende en la trinchera”. “La Justicia es un servicio, no puede haber jueces a los que haya que dirigirse como ‘excelentísimo magistrado’. En el Ministerio Público Fiscal eso está prohibido, a los fiscales se les dice ‘señor fiscal’, y a mí se me dice ‘señora procuradora’”, comparó.
Martínez dijo que apuesta a que quienes estudien en esta escuela tengan “un perfil de alguien que sepa mucho, pero con altísimo grado de compromiso social, porque si no tiene compromiso social con los vulnerables, si no entiende lo que es acceso a la Justicia, será un buen burócrata, pero nunca llegará a ser un buen juez o un buen defensor o un buen fiscal”. Se ofrecerá, dijo la defensora, un “alto nivel técnico, pero no va a ser una carrera teórica, no vamos a formar docentes universitarios, vamos a formar jueces, fiscales y defensores, que no necesariamente es lo mismo”. “Hay juristas que carecen de espíritu crítico, porque son docentes, pero nunca le vieron la cara a un preso o nunca oyeron llorar a la madre de uno, y esos son los que forman a los futuros magistrados”, subrayó. La carrera, remarcó, será interdisciplinaria y con espíritu práctico. “Será revolucionaria”, celebró.
La escuela comenzará a funcionar en el segundo semestre y ofrecerá cursos variados y tendrá una Carrera de Especialización en Magistratura, que dictará junto con la Universidad de La Matanza y que dirigirá la jueza del superior tribunal de la ciudad de Buenos Aires Alicia Ruiz. El Consejo Ejecutivo lo integran Javier De Luca, fiscal de Casación, y Gabriel Ignacio Anitua. En el Consejo Académico están Julio Maier, Raúl Zaffaroni, Víctor Abramovich, Alejandro Alagia, Alberto Binder, Gustavo Bruzzone y Omar Palermo. También hay juristas internacionales: el italiano Luigi Ferrajoli y el portugués Antonio Cluny.
De Luca explicó que un cambio cultural en el ámbito judicial no se logra si no se generan ámbitos y modelos nuevos, diferentes, de enseñanza. “El problema es que, de lo contrario, se sigue reproduciendo el sistema, que enseña de manera formalista y estructurada”, sostuvo en diálogo con Página/12. “Lo que se busca, además, es enseñar cuestiones jurídicas y prácticas para la aplicación del derecho con un contenido ideológico, que sea democrático, progresista, que apunte a limar las desigualdades, a luchar contra la corrupción y que sea favorable a los derechos humanos.” “Los posgrados tradicionales se quedan en cuestiones teóricas a veces importadas, que no funcionan bien en nuestra geografía y que no profundizan en buscar la raíz de los temas. No es lo mismo analizar un piquete con los estándares del artículo 194 del Código (que castiga el corte de vías de comunicación) que los de la libertad de expresión. O ¿cómo explico el secuestro del avión de Evo Morales? Si lo explico con la criminología mediática de Za-ffaroni veo que el mensaje es que en cualquier lugar del mundo pueden bajar un avión”, señaló De Luca, fiscal de Casación.
“Queremos para esta escuela que forme el carácter de los magistrados y trabajadores para que tengan pasión por el derecho y plena conciencia de lo que sociedad espera y necesita de la Justicia”, se esperanzó la procuradora. Martínez también destacó que habrá capacitaciones para los asistentes sociales, médicos y psicólogos que trabajan en los ministerios públicos. La defensora lanzó en este punto una crítica hacia la Corte Suprema, “que no nos deja usar muchos servicios, y vamos a tener nuestros médicos, nuestros peritos, y espero que lo hagamos con el Ministerio Público Fiscal”.
En el acto de ayer participó también el rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez, y estuvieron presentes el ministro de Justicia, Julio Alak, y su número dos, Julián Alvarez. El juez Zaffaroni mandó una carta de adhesión a la creación de la escuela.
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