Salió tal como quería José Gerez: el cuerpo de mediadores dependerá de la fiscalía que encabeza. Lo que viene.
“Los jueces y los fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. La imposición de la pena es el último recurso“.
El artículo 17 del Código Procesal Penal que entrará en vigencia el 14 de enero de 2014 contiene uno de los principios rectores del nuevo proceso.
Según se viene informando, el 60% de los casos que ingresan al sistema penal se pueden resolver por la vía de la mediación.
La ley de mediación, elaborada por el fiscal general José Gerez, acaba de ser aprobada no sin debate por el tema central: ¿de quién tienen que depender los mediadores?
Gerez logró imponer su criterio: dependerán de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, o sea de él (mientras ocupe ese cargo) y no del Poder Ejecutivo o de la Oficina Judicial como pretendían algunos diputados de la oposición (aquí sintetizamos el debate).
Fue un triunfo político de Gerez, quien silenciosamente viene acumulando una cuota de poderdentro del Poder Judicial.
Sus fiscales ya pueden decidir si acusan o no a alguien, y pedir respecto de las causas que manejan:
el archivo;
la prescripción o la insubsistencia de la acción penal;
el sobreseimiento;
la suspensión del juico a prueba;
y si debe ser juzgada en juicio por jurados.
Ahora, también, si debe ir a mediación o no.
A propósito: las y los fiscales de la provincia recibieron una instrucción: deben clasificar todas las causas que manejan y definir qué hacen con ellas, en base a la lista de posibilidades arriba enumerada.
Tienen plazo hasta el 31 de octubre para hacerlo, y así depurar el sistema para arrancar de cero el 14 de enero.
El fiscal general defiende su idea: “el responsable de fijar la política de persecución penal en la provincia es el Ministerio Público Fiscal”, dijo.
Tener un cuerpo de mediadores significa disponer de más personal y presupuesto.
Gerez apoya el proyecto del diputado paraoficialista Daniel Baum para que los agentes fiscales ganen lo mismo que los jueces de Instrucción (futuros jueces de Garantías), pero va por más: sueña con lograr, más temprano que tarde, autarquía funcional y financiera.
