La inundación del 2 de abril de 2013 desnudó la realidad del oscuro manejo de los cuerpos por parte de la Justicia, la Policía y la política. Una perversa tríada que centró sus fuerzas en ocultar una maquinaria que funciona hoy de la misma manera que durante la última dictadura militar.

“las irregularidades dan cuenta de regularidades; de rutinas institucionales que organizan la necropolítica o la administración de la muerte”

Comunicado del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica -31/03/2014

Fue a días de la inundación que el gobierno provincial de Daniel Scioli cerró el conteo de víctimas fatales en 51 fallecidos. Con tan poco tiempode distancia de la tragedia y con investigaciones aún en curso, llamó la atención de los vecinos la insistencia del poder ejecutivo en cerrar el listado oficial. En este marco,  el entonces Defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Julián Axat, presentó un pedido de Habeas Data que recayó en el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1, del juez Luis Federico Arias. El fin del recurso era que se investigue la cifra total de víctimas fatales por la inundación. Por su parte, a la justicia penal le correspondía investigar las causales de muerte, y las responsabilidades penales en caso de haberlas.

Una de las primeras diligencias tenía por objetivo una inspección en la morgue policial del departamento judicial de La Plata, que se iba a realizar a una semana de la inundación. Sin embargo, se le negó la entrada en primer lugar a los empleados del juzgado y, luego, al mismo Arias.  El jefe de la Delegación Científica de La Plata, Comisario Inspector Carlos Jaime, adujo al juez que tenía la orden de no dejarlo pasar. Ante las preguntas del magistrado acerca de la procedencia de dicha directiva, el Comisario señaló que provenía del Director General de Policía Científica, Comisario General Pablo Vázquez.  “Al impedirme el cumplimiento de la medida, cometió un delito de desobediencia, algo que no se puede porque la policía es auxiliar de la Justicia, no puede oponerse a ella, está obligado a cumplir”, recuerda Arias en su despacho. “A pesar de ser un delito grave fue absuelto con una rapidez inusitada, fue protegido por las autoridades políticas”, remarca.

De esta manera, en pocos días entraron en acción los tres sectores encargados de poner en funcionamiento la maquinaria de la morgue y dispuestos a ocultar lo que sucedía dentro de ella: policías rechazando cumplir una orden judicial, jueces penales convalidando el accionar e intentando apartar a Arias de la investigación y funcionarios políticos protegiendo a jueces y policías mientras otros solicitan el juicio político

La Corte Suprema de Justicia de la provincia acabó dándole la razón a Arias, y le permitió avanzar con la investigación para establecer la cantidad de víctimas fatales. El juicio político tampoco prosperó en la legislatura.

El allanamiento en la morgue

Todos los cuerpos que pasan por la morgue tienen una correlación con una causa penal. Llegan a ese lugar ya sea por una averiguación de causales de muerte,o por  una averiguación de identidad.  Sin embargo, recuerda Arias que en la morgue había cuerpos sin vinculación con ninguna causa penal, es decir que no se sabía por qué estaban en la morgue.

Finalmente con el apoyo de gendarmería, pudo Arias realizar la inspección en febrero de 2014 y constatar en 32 puntos el total de irregularidades descubiertas. Uno de ellos es el caso de dos personas enterradas con el mismo nombre. “Dimos a conocer el caso de Raúl Jaime Islas, aunque había más. En ese había dos tumbas con esa identidad” explica Arias.

Este accionar se puede llevar adelante solamente con  el aval de un fiscal, y en este caso fue responsabilidad del fiscal Marcelo Martini. Arias señala que “la policía le requirió al funcionario judicial que inscriba de nuevo una persona ya muerta en el Registro de las Personas y el fiscal lo autorizó, no digo que fue con mala intención, pero la tarea del fiscal es investigar”. También apunta, que si bien uno de los cuerpos es el de Raúl Jaime, no hay y no habrá forma de saber a quién pertenece el otro cuerpo, enterrado con nombre falso.

Otro caso indicado por Arias es el de una persona de apellido Madrid. Fue arrollado por un tren, y se inició una causa por averiguación de causales de muerte. A pesar de que la policía lo identificó, fue enterrado como NN.  La familia que lo buscó sin encontrar su paradero, recién se enteró que estaba fallecido cuando el juzgado de Arias la notificó.

El abandono de los cuerpos se pudo advertir en la inspección directamente. “Había heladeras que no funcionaban, había cuerpos descomponiéndose, había una bolsa que decía ‘restos humanos’, una situación degradante, macabra”, afirma Arias.

En la tramitación, en el papeleo, es donde también se observa el perverso accionar de los funcionarios públicos. “Las páginas donde se escriben los decesos, son fotocopias que cualquiera puede realizar, no tienen condiciones mínimas de seguridad”, describe el juez.

Las irregularidades encontradas llevaron a que el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica – CIAJ-, acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria – CPM, presentara en marzo de 2014 un pedido de habeas data. El objetivo era “conocer acerca de los registros para la identificación de los cuerpos existentes en la morgue policial del Departamento Judicial La Plata”, y también solicitar información sobre “la modalidad de proceder y registrar el ingreso de los cadáveres que allí se encuentren y en general acerca de su rotulación, documentación, disposición, entrega e inhumación o cremación».

Fue el pasado 20 de marzo que el juez Arias pronunció el fallo en esta causa exhortando a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a que “arbitre las medidas para crear un protocolo de actuación para la realización de los procedimientos periciales que se ordenan en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”. Sin embargo, considera que ante la gravedad de las irregularidades encontradas, hasta que la Procuración adopte el protocolo, condena al Poder Ejecutivo de la provincia, a que en el plazo de 60 días lo confeccione.

También ordenó la adopción de todas las medidas pertinentes a dotar a la morgue policial de una infraestructura edilicia adecuada. Por otro lado, exhortó a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a que “arbitre las medidas para crear un protocolo de actuación para la realización de los procedimientos periciales que se ordenan en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”.

A dos años de la inundación, y destapado el mecanismo de funcionamiento de la morgue, la respuesta del poder político es la misma. El ministro de Seguridad Granados tras el fallo de Arias negó que se vaya a hacer una reforma en el sistema de la morgue y afirmó que “si a mi me preguntan qué es prioridad, te digo que es la equipación de las fuerzas que están en la calle”. El juez Arias por su parte, ridiculizó la postura del ministro señalando que “el gasto es mínimo, es arreglar las heladeras, y reglamentar la prácticas no tiene costo alguno, simplemente se trata de tener la voluntad de evitar que todas estas prácticas se repitan».

Sofía Caravelos es abogada integrante del CIAJ y llevó adelante la denuncia e investigación para conocer el funcionamiento de la morgue. Comparte con Arias la respuesta a la inevitable pregunta de cómo se pudo llegar a que esto sucediera. Es central para ambos el rol que jugó la delegación de la función investigativa de la justicia en la policía. “Está totalmente naturalizado que la investigación no puede hacerla la Justicia”, indica la abogada. El magistrado agrega que esto pasa porque “la policía tiene el manejo operativo de la escena del crimen y tiene la logística y la práctica histórica de intervenir en estos hechos, algo que no se pudo modificar hasta el presente».

El juez  ejemplifica que “en el caso de la inundación, en la primera intervención judicial que es la causa penal donde se determinan 51 víctimas fatales, la investigación es toda de la policía, y el fiscal aparece sólo al final del expediente refrendando todo el accionar policial».

Arias afirma que “la policía científica, no debería existir, porque la función investigativa es tarea de los jueces y fiscales, no de la policía”. Agrega a que esto que “se debe dar el camino definitivo a la creación de la Policía Judicial”, en referencia a la fuerza creada por ley años atrás y nunca implementada. La misma consistiría en un cuerpo especial, encargado exclusivamente de tareas de investigación, y bajo la orden de la Justicia, en lugar del Poder Ejecutivo. De esta manera, la Policía Bonaerense quedaría totalmente excluida de las tareas de investigación.

Sin embargo, para que se comprenda en su totalidad lo que sucedió y sucede en la morgue, resulta fundamental comprender las relaciones construidas entre sectores de la justicia, la policía y la política. Sólo de esa manera, se puede llegar a comprender que el Comisario Mayor Pablo Vázquez que ordenó que se le impida la entrada a Arias a la morgue, haya sido sobreseído, y que nunca haya tenido una sanción administrativa.  O que un fiscal haya permitido que se inscriba la muerte de una persona dos veces, enterrándose un cuerpo con un nombre falso.

A esto agrega Sofía Caravelos, que “lo mismo que vio Arias en la morgue, no fue observado por el juez Atencio en la inspección que hizo con funcionarios del Ministerio de Seguridad, que tenían a la vista cuerpos, pedazos de cuerpos, que no les resultaron llamativas para nada”. Señala la abogada que “esa imagen da cuenta de que lo que se está defendiendo es un engranaje, donde se cumplen diversos roles, y el juez por eso no puede generar tensiones con la policía, esto tiene que funcionar de manera armónica.”

Por su parte, Arias sostiene que “las prácticas estas favorecen la ilegalidad. Acá la política, en vez de ponerse al servicio de la comunidad, se pone a proteger sus intereses, se vuelve corporativa, y es lo que sucedió acá, hubo la voluntad política de ocultar; solamente una mente perversa puede pensar esconder, ocultar la existencia de víctimas fatales de una inundación, pero ocurrió, y toda la burocracia estatal, que es la mano ejecutora de la policía, se alineó con esa voluntad”.

Ejemplifica Arias con una requisa realizada a las sedes del Registro de las Personas en Ensenada y Berisso en busca de documentación que pudiera dar cuenta de los manejos que realizan estas instituciones. Cuando llegaron a la sede de Berisso estaban avisados de lo que ocurriría y habían cerrado las puertas. “Todo el frente era vidriado y los podíamos ver espiándonos detrás de los escritorios, escondidos”, recuerda. Los funcionarios sólo abrieron cuando llegó una pareja con un turno para casarse . El relato del magistrado continúa indicando que una vez adentro “la jefa del registro llamaba a su jefe, y este le daba instrucciones de que no entreguen nada, de que incumplan la orden.”  Fue así que la única manera de secuestrar la documentación fue por la fuerza.  “Para evitar que nos lleváramos la documentación llamaron a la policía, y así fue que un patrullero nos siguió hasta que llegamos a La Plata”, relata Arias.

Los mecanismos de la morgue se retrotraen a la última dictadura cívico – militar. La Madre de Plaza de Mayo, Adelina Dematti de Alaye, realizó una profunda investigación que plasmó en el libro “La marca de la infamia. Asesinatos, complicidad e inhumaciones en el cementerio de La Plata«. En el mismo constató la participación de 21 médicos de la policía en la elaboración de certificados de defunción truchos, que permitieron que se enterrara como NN a decenas de personas secuestradas y asesinadas por las fuerzas de seguridad.

Explica Arias que “la Policía Científica es una maquinaria, una estructura de la cual se han servido todos los gobiernos; durante la dictadura, en la época del jefe de la policía Ramón Camps, para hacer desaparecer personas y hoy para hacer desaparecer muertos de la inundación, y esta estructura, con parte del poder judicial penal, con el sector político, todos están hermanados en una acción conjunta, que en ese momento era la tarea de ocultar y minimizar el impacto”.

Justamente, el círculo de la desaparición cierra en los cementerios. Explica Arias que el cementerio municipal de La Plata cuenta con un sistema de registro no informatizado, donde todos los datos se guardan en un precario sistema de ficheros llenados a mano. Esto da lugar a que sea muy difícil buscar registros pero a su vez que sean fácilmente alterados. El juez indica que cuando un cuerpo cumple 5 años enterrado, si no se renueva la concesión, los restos van al rosario común, donde todos los cuerpos acaban tirados, sin ningún tipo de identificación.

Ejemplifica Arias con el caso de Jorge Julio López: “supongamos que lo hubIeran matado y enterrado con una identidad falsa, por lo que nadie se entera que está ahí; pasan 5 años y sus restos van a la fosa común y se mezcla con los de tantos otros muertos, donde nunca más nadie se puede enterar que estuvo ahí. Así se cierra el circuito de ocultamiento.”

Fue a partir de las gestiones del juzgado de Arias que la municipalidad aprobó una ordenanza para que los cuerpos al momento de ser depositados en el Rosario Común, se encuentren en bolsas con el nombre del cuerpo. Sin embargo, considera que resta una legislación provincial para que todos los cementerios, públicos y privados, se comporten de esa manera.

“Es difícil la toma de conciencia por la población, la muerte sigue siendo un tema tabú, de modo que esto favorece las prácticas, sumado al argumento de privilegiar la vida antes que la muerte”, afirma Arias.